Por un acuerdo de 2018, el Estado nacional puso fin al aporte que hacía a la Iglesia

Se trata de una asignación económica a los obispos, que concluyó el 31 de diciembre último, al completarse la renuncia progresiva a los fondos que había fijado el Episcopado.

El monto del aporte no era significativo -un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales e incluso era menor la ayuda a unos pocos seminaristas y párrocos de frontera- y significada el 7 % del presupuesto de la Iglesia. Pero suscitaba polémica porque implicaba una contribución permanente al sostenimiento de una religión determinada de un Estado no confesional y porque había sido dispuesto por una ley de la última dictadura.

Con el artículo 2 de la Constitución que establece que el gobierno federal sostiene al culto católico como marco, la ley 21.950, de 1979, estableció que los arzobispos y obispos ganaran de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Un año antes, la ley 21.540 estableció que los arzobispos y obispos que cesarán en sus funciones por razones de edad o invalidez percibirían una asignación equivalente al 70 %. Pero los montos hace años que no se actualizaban. Finalmente, un decreto de 1980 también dispuso una ayuda a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.