Ley Ómnibus: el Gobierno hace más concesiones para asegurarse la aprobación en el Congreso
El Gobierno busca otorgarle esta semana la media sanción al proyecto de ley ómnibus por lo que accedió a realizar más concesiones a la oposición aliada, que condicionó su apoyo a cambios concretos.
Sin margen para seguir postergando del trámite legislativo, y ante la necesidad de mostrar avances concretos a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), el domingo a la noche el Poder Ejecutivo aceptó, entre otras cosas, reducir de 11 a siete las facultades delegadas al Presidente, así como quitar la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro. El mosaico de legisladores que serán determinantes para definir el futuro de la iniciativa se mostró conforme y se espera que, a lo largo de la jornada de hoy, se termine de delinear el cronograma para sesionar.
Las nuevas reformas en el texto de la “Ley de Bases” se conocieron después de un fin de semana de intensas conversaciones entre el oficialismo y la oposición para allanar el terreno que deberá transitar la iniciativa en la Cámara de Diputados. El intercambio se intensificó tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar el capítulo fiscal de la iniciativa por la falta de apoyo de los gobernadores y legisladores. La UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal tienen previsto reunirse con el bloque de La Libertad Avanza (LLA) para definir cómo plasmar los cambios concedidos, que no figuran en el dictamen de mayoría que llegará al recinto. Según trascendió, podrían dejar por escrito las modificaciones y que el miembro informante de la sesión, antes de comenzar la votación, mencione las disidencias planteadas y proponga tratar un texto ya modificado.
Cerca de las 14, la diputada radical Soledad Carrizo y el secretario parlamentario del bloque, Alejandro Cacace, punteaban junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, las mutaciones de la norma. Los esperaban el jefe de la bancada UCR, Rodrigo de Loredo, y Karina Banfi, su vice, junto a los diputados de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, para cohesionar posturas. A las 16, en tanto, los diez gobernadores de Juntos por el Cambio y aquellos peronistas no kirchneristas, más los líderes de las bancadas dialoguistas se congregarán en el Consejo Federal de Inversión (CFI) con el objetivo de delinear una estrategia común.
Según trascendió, el Gobierno aceptaría reducir las áreas que se declaran en emergencia y, con eso, bajar de 11 a siete la cantidad de facultades delegadas. La más cuestionada por la oposición era la que disponía poderes especiales para el Presidente Javier Milei en materia previsional. Tras la remoción del capítulo por el que se reformaba la fórmula de movilidad jubilatoria, muy objetado por todo el arco político con el argumento de que “el ajuste lo pagarán los jubilados”, se especulaba con que el Ejecutivo usaría esta emergencia para llevar adelante su propósito.
También se excluirá, en el capítulo de reorganización administrativa, la facultad de disolver a las empresas públicas, universidades, y entidades incluidas en el inciso c del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, como el INTA y el Conicet. De ese articulado se podría remover la capacidad del ejecutivo de modificar asignaciones específicas.
La transferencia de activos del FGS al Tesoro fue otro de los puntos duramente cuestionados por un sector de la oposición dialoguista, que si bien se mostró a favor de la medida, reclamaron que ese traspaso se realice compensando los pasivos de las provincias con el organismo y garantizando que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses. Por eso, el Gobierno podría avanzar únicamente en la consolidación de deuda y dejar en pausa el resto del proceso.
En la misma línea, el Poder Ejecutivo también accedería a eliminar el artículo por el que se derogaba la incompatibilidad para trabajar en sociedades de bolsa inmediatamente después de ser funcionario público; y se modificaría el artículo de fondos fiduciarios energéticos por el que se retrotrajo la derogación de la Zona Fría, la cual prevé un descuento de entre 30% y 50% en el gas residencial por redes para los habitantes de áreas desfavorecidas en términos climáticos.
Además, se podrían retirar las modificaciones al Código Civil y Comercial en conceptos de fondo como mora o teoría de la imprevisión, aunque prevalecerán las reformas sobre los procedimientos de divorcio, sucesiones, y contratos comerciales. Todas las transformaciones sobre el sistema electoral que se habían mantenido, principalmente la relacionada con el financiamiento de partidos y campañas electorales -se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado-, quedarían fuera del texto.
Si bien el Gobierno accedió a remover el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus, subsistiría la parte de impuestos internos, transparencia fiscal y otras medidas que podrían afectar a las cajas provinciales, como la asignación específica del impuesto PAIS, que no sería coparticipable, tal como plantearon los gobernadores tras la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.
La Nación
