Fondos para Portezuelo: las cámaras del sur provincial reiteraron el pedido para se respete el destino de esos recursos
Las cámaras de San Rafael, General Alvear y Malargüe reiteraron en un comunicado el objeto que deben tener los recursos que envía la Nación y que tienen como destino obras hídricas para el sur provincial.
Reclaman que los recursos sean destinados a proyectos «que fortalezcan y diversifiquen el sector productivo de los tres departamentos de la región de manera sostenida en el tiempo y se reviertan así, décadas de estancamiento económico».
Reconocen que se hayan anunciado proyectos de obras fundamentales para el desarrollo del oasis sur, como la construcción del dique El Baqueano, pero también solicitan «el avance en la variante de Portezuelo del Viento con el trasvase del río Grande al Atuel, además de obras de eficiencia hídrica fundamentales sobre las cuencas de los ríos Diamante, Atuel y Malargüe».
La nota tiene origen en un proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados por el que se permitiría que los fondos (más de mil millones de dólares), tengan un destino distinto del que quedó expresado en el acuerdo Nación-Mendoza.
El proyecto de declaración propone que el Presidente Javier Milei modifique la cláusula tercera del Acuerdo para la ejecución de la Obra “Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo de Viento”, «a los efectos de permitir que los fondos provenientes de dicho acuerdo puedan ser utilizados para todo tipo de obras hídricas y/o de infraestructura productiva, no limitándose a obras para el desarrollo de la generación hidroeléctrica».
El comunicado fue rubricado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear, y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe.
Las instituciones consideran «oportuno y necesario poner en funcionamiento los recursos que son producto del resarcimiento por los daños ocasionados por el régimen de Promoción Industrial en las provincias vecinas, y también coincidimos que deben ser destinados a inversiones en obras que generen recursos para Mendoza y permitan el desarrollo económico».
Recuerdan que el impacto negativo de aquellas políticas impositivas «fue más evidente en las economías de San Rafael, General Alvear y Malargüe, lo que se tradujo en menor desarrollo, pérdida de industrias, más pobreza y especialmente un éxodo de la zona rural».
Estas acciones provocaron en el sur de Mendoza -que tuvo más del 45 % del PBG-, con el paso de los años cayó a un escaso 20 %.
Entre los fundamentos que esgrimen las entidades está el de los «derechos adquiridos, porque fue precisamente la Cámara de Comercio de San Rafael quien dio el sustento judicial a la demanda por los perjuicios de la Promoción Industrial, interponiendo un recurso de amparo para evitar la prórroga de este beneficio a otras provincias en deterioro de Mendoza».
Los empresarios sostienen que «sin el amparo ni la suspensión temporal del malicioso régimen, la Nación jamás hubiera aceptado indemnizar los quebrantos que sufrió la provincia, y en especial el sur mendocino, en donde el daño fue y es muy importante».
Por otra parte, no niegan la importancia de otras obras, pero sostienen que «es necesario generar una ruta de acciones a seguir estableciendo prioridades, y esto se puede alcanzar a través de un diálogo fluido y armonioso entre los sectores público y privado».
