A tono con la realidad del país, los nuevos gobernadores también anunciaron medidas restrictivas

En línea con las medidas anunciadas por el gobierno nacional, pero, sobre todo, acorralados por la crisis económica, gobernadores de diferentes provincias promueven reformas en sus distritos.

Recortes de gastos, revisión de los empleados públicos contratados durante los últimos meses y auditorías son las principales medidas.

Algunos gobernadores anunciaron además reformas de tipo institucional (en Santa Cruz, por ejemplo, el fin de la ley de lemas y en Buenos Aires, el cambio en la Legislatura como respuesta al escándalo de Chocolate Rigau) y en materia de seguridad, como el “plan integral” que promete desplegar Córdoba y las iniciativas de Maximiliano Pullaro en Santa Fe contra el crimen organizado.

Santa Fe

El primer día de su gestión como gobernador de Santa Fe, Pullaro firmó un decreto para revocar la no repitencia en las escuelas secundarias de la provincia. Sus acciones se centraron en la seguridad, uno de los principales problemas de Santa Fe. Decidió intervenir en los pabellones de alto perfil, donde están alojados las segundas y terceras líneas de las bandas narco. También trasladó a los presos que estaban alojados en las comisarías. Y se centró en recuperar el patrullaje de la policía en las calles. El lunes pasado había sólo 18 móviles policiales aptos para circular y más de 200 patrulleros averiados en los galpones de la Jefatura de Policía. El jueves, la Legislatura de Santa Fe aprobó un paquete de leyes clave para el plan de seguridad del gobernador para combatir el crimen organizado, entre las que figura la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo, declarar el estado de emergencia pública y resguardar los bienes públicos y privados y redistribuir el servicio policial para volcarlo a las calles.

Además, se confirmó el pago del aguinaldo para los empleados públicos. El ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró que el “compromiso” de la nueva gestión es pagar el aguinaldo antes de las fiestas y sostener el Boleto Educativo Gratuito y el programa Billetera Santa Fe, aunque con algunos cambios.

Santiago del Estero

El gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, anunció la declaración de la “emergencia económica” por seis meses, que contempla recortes en partidas y congelamientos para 2024, manteniendo presupuestos similares a los de 2023.

Mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) “se congelan vacantes, nuevos nombramientos y contrataciones en la administración pública”, como así también “se congelan partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial”, y se suspenden las transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comisiones municipales.

En cuanto a la obra pública, indicó que se respetarán aquellas que ya tienen partida y están en ejecución, y que “se suspenden por seis meses nuevos proyectos y licitaciones que no estén adjudicadas y/o bajo contrato”.

El gobernador anunció además un “estricto control de viáticos, viajes y servicios y del de uso de vehículos oficiales” así como la “suspensión de alquileres” de vehículos y de maquinaria con fondos de la provincia.

Córdoba

El gobernador Martín Llaryora anunció como prioritaria una reforma en materia de seguridad, presentada como un “plan integral” que deberá tratar la Legislatura. La normativa incorpora a las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.

También se crea un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), creado en 2008.

Esta semana, Llaryora se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y le planteó su preocupación por los fondos que la provincia recibe de la Nación. Fue el primer gobernador al que recibió el ministro desde que asumió. Hablaron de la distribución de subsidios al transporte, los recursos perdidos por la reforma de Ganancias y la asistencia a la Caja de Jubilaciones.

Chaco

Al asumir como nuevo gobernador del Chaco, Leandro Zdero dijo que su objetivo no era “refundar la provincia” y que lo que funciona bien continuará, pero que había recibido “una provincia muy mal administrada”, con “un sinfín de maniobras que comprometen la caja del Estado y la vida de la gente”. Ante eso, adelantó una batería de medidas de impacto, opuestas al régimen de Jorge Capitanich, algunas de las cuales ya se están implementando. En primer lugar, ordenó una auditoría para saber y mostrar al detalle cómo recibió la provincia. Avisó a los empleados públicos que el que no trabaja no cobra. Además, suspendió todos los decretos firmados después de las elecciones provinciales y avisó que los revisará, con lo cual congeló los pases a planta, las designaciones y las recategorizaciones.

A los movimientos sociales les hizo una fuerte advertencia. “No impediré la protesta social, pero también hay que respetar el derecho de los que quieren circular”, dijo en su asunción. El jueves, después de que Patricia Bullrich anunciara su plan contra los piquetes, Zdero avisó que el Chaco adherirá a ese protocolo.

También dijo que trabajará en la asistencia directa, para sacar de circulación a los “intermediarios de la pobreza”. El martes, firmó con todos los intendentes el “Pacto chaqueño”, que busca trabajo conjunto para articular políticas públicas y garantizar la paz social. De hecho, una de sus primeras acciones fue entregar a los intendentes unos 600 millones de pesos para volcar a las economías locales y ayudar a los más necesitados a pasar las fiestas de fin de año.

Zdero dijo que trabajará para terminar con la impunidad de los delincuentes. “El que las hace, las paga”, dijo, en línea con el discurso del nuevo gobierno nacional. “Cambiaremos normas y modificaremos procedimientos, construiremos espacios para recuperar socialmente a los que delinquen”, dijo. Luego anunció que la administración de Escuela de Policía será traspasada a las fuerzas policiales para que “vuelva a sus propios dueños”, e informó que derogó el Decreto 2663, emitido el 2 de octubre de 2023, que había creado el “Programa de Reparación Económica a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo custodia de los miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y/o penitenciarias de la Provincia del Chaco”.

El decreto, firmado por Capitanich, otorgaba una compensación económica a familiares de supuestas víctimas de violencia policial o seguridad, dejando a la discrecionalidad del órgano rector su otorgamiento. Según señalaba el decreto, además, la reparación económica era inembargable y retroactiva al momento del delito, aunque el mismo se hubiera cometido con anterioridad a este nuevo instrumento.

Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó desde el día de su asunción que acompañará “el norte que marcó el presidente” Javier Milei y adhirió a una de las principales consignas que levanta el titular del Ejecutivo nacional: “No hay más plata”.

“Eso incluye quita de subsidios y necesariamente repercute en la boleta de luz, en el transporte, en la generación de vivienda, en la educación y en las obras públicas”, afirmó y aseguró que buscará “construir un norte austero”, porque la provincia “está endeudada y sin ahorros”.

Frigerio adelantó que va “a reducir a la mitad los cargos”, que “habrá concursos para ocuparlos” y que “nadie cobrará más de un sueldo”. “Se terminan los gastos reservados y autos oficiales personales, y se reducirán los asesores” del Poder Legislativo, dijo el nuevo gobernador de Entre Ríos, exministro de Interior de Mauricio Macri.

Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lejos de sumarse a las medidas de ajuste anunciadas por el gobierno nacional, las cuestionó duramente. Kicillof está en las antípodas de Javier Milei, tanto en su mirada sobre el rol de Estado como en su respuesta frente a la protesta social. En materia de reformas, el gobernador anunció durante su campaña que reformulará la Legislatura para pasar de un cuerpo bicameral a otro unicameral. El anuncio tuvo lugar tras él escándalo por la detención de Julio “Chocolate” Rigau, que dejó a la vista una estructura de empleados legislativos que en realidad no trabajaban y cuyos sueldos alimentaban la caja de la política. Kicillof aún no envío un proyecto convocando a una reforma de la Constitución, paso indispensable para avanzar en este sentido.

Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó en su primera semana de gestión el decreto 1526/23, que apunta a dar de baja todo ingreso o contrato acordado en la última etapa del gobierno de Mariano Arcioni, para luego revisar caso por caso y confirmar las contrataciones más necesarias.

Anunció, además, que exigirá al Poder Legislativo que cese del pago a diputados provinciales de viviendas -vigente para aquellos que residen lejos de la capital provincial de Rawson- y de vehículos para uso oficial. Prometió una reasignación de estos bienes y pidió a los legisladores que “donen este ahorro a escuelas de Chubut”. Torres prometió, además, impulsar una enmienda constitucional para eliminar los fueros, una “auditoria de corte” para revisar la obra pública y un fondo específico para educación y seguridad.

Sin embargo, la primera acción de gobierno fue el decreto que ordena a todos los organismos de la administración central y entes autárquicos “que informen en un plazo no mayor a diez días hábiles, a la Asesoría General de Gobierno, la totalidad del personal que por cualquier marco jurídico haya ingresado o haya sido nombrado, recategorizado y/o reubicado en cualquier planta de personal del Estado, desde el 1° de Julio de 2022″, informando “las tareas que han desempeñado en el cargo en cuestión en todo el período”.

En tanto, se espera para este lunes el envío a la Legislatura de un proyecto de ley en el que se declarará la prórroga de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial por 18 meses y se facultará a extinguir contratos de obra pública. Y Juez que dicte una cautelar o un amparo contra el estado, será denunciado por mal desempeño.

San Juan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó dos decretos mediante los cuales apunta a generar un ahorro profundo en el funcionamiento del Estado Provincial.

El primero de ellos lleva el número 62/2023 de fecha 11 de diciembre y es un decreto-acuerdo, mediante el cual el personal nombrado en planta permanente cuya antigüedad no supere los seis meses no debe presentarse a trabajar porque cesa en sus funciones. En la norma también se establece que el personal nombrado en Planta Permanente cuya antigüedad supere los seis meses sí debe presentarse a trabajar hasta tanto sea definida su situación por la Comisión Evaluadora.

La medida crea una comisión evaluadora ad-hoc que dependerá del Ministerio de Economía, Finanzas y Haciendas, que en un plazo no mayor a 60 días desde presentado el reclamo de quienes consideren que se vieron afectados, resolverá.

No hay datos concretos de cuántas personas fueron designadas en el Estado dentro de los últimos seis meses, algo prohibido por el artículo 46 de la Constitución Provincial, ni dentro de los nueve meses que fija el Pacto de Responsabilidad Fiscal.

Por el impacto directo de la medida, posteriormente se publicó un decreto estableciendo algunas excepciones. “Resulta conveniente facultar a los ministros, secretarios de estado y funcionarios que se desempeñan como autoridades superiores en las entidades autárquicas a establecer y determinar los casos particulares de excepción en los cuales resulta necesario conservar las funciones de los agentes que pudieren verse afectados con la vigencia de la norma 0062″.

También se conoció la firma de otro decreto mediante el cual se decidió dar de baja todos los teléfonos corporativos de los funcionarios. Se trata de alrededor de 200 líneas telefónicas que implicaban un gasto de $2.500.000 mensuales. Desde ahora, cada funcionario se hará cargo del pago de este servicio.

Mendoza

En Mendoza, el mandatario radical Alfredo Cornejo ya marcó similitudes y contrapuntos con la gestión presidencial de Milei. No sólo seguirá limitando el ingreso de personal al Estado, tal como lo había dispuesto en su primera administración, sino que achicó a siete los ministerios, haciendo hincapié en “la necesidad de una reducción sensible de cargos políticos y concentración de funciones, buscando una gestión más ágil y controlada”, expresó Cornejo, quien asumió el cargo prometiendo un “Estado austero, que preste servicios de calidad”.

El mendocino, miembro de la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio y una de las principales figuras de la coalición, aseguró que “vienen tiempos donde la economía nacional tendrá pronóstico reservado”.

En tanto, para diferenciarse de líder libertario, aunque le ha manifestado públicamente su apoyo, confirmó que no frenará la obra pública. “Mendoza no sólo no va a detener su inversión en obra pública, sino que, por el contrario, la va a incrementar”, según dijo en el acto de asunción. Días después, tras las medidas económicas anunciadas por Luis Caputo, sostuvo: “Nuestra vocación es no detener la obra pública y dar un poco de certidumbre en un marco de enorme intranquilidad”. Cornejo también apuesta a la utilización de los casi 1000 millones de dólares ya depositados por Nación para proyectos hidroeléctricos, por el resarcimiento de los perjuicios provocados por la promoción industrial, más allá de que quedó trunca la “obra del siglo”: Portezuelo del Viento, en el sur provincial.

De todos modos, el exsenador nacional y expresidente de la UCR nacional mostró su preocupación por los recursos que dejarían de recibir las provincias, vinculados a partidas impositivas por coparticipación y a los fondos no automáticos, al tiempo que tiene que enfrentar ahora un nuevo reclamo salarial de reapertura de la mesa paritaria. Su antecesor, Rodolfo Suarez, les prometió a los gremios estatales sentarse a discutir aumentos si la inflación acumulada de enero y febrero superaba el 12%, cifra que inevitablemente se alcanzará a comienzos del año entrante.

“La provincia está preparada para aguantar por unos meses el ajuste”, manifestó Cornejo, y agregó que no tendrá problemas con los proveedores ni con el aguinaldo de los empleados públicos.

Por otro lado, el gobernador aseguró que avanzará con más reformas en materia judicial y de seguridad, en el combate contra el delito, en sintonía con los cambios procesales que instrumentó en su primer gobierno para frenar la “puerta giratoria”.

“Es una advertencia firme para los delincuentes. Vamos a ir por ustedes cada vez con más fuerza. Y saben que lo hago, por eso hay más presos”, señaló en referencia además a la incorporación de tecnología en la Policía y a la aplicación de inhibidores de señales de celulares en las cárceles.

Santa Cruz

En Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal anunció medidas de recorte del gasto y los bienes del Estado: pondrá en venta la residencia oficial de los gobernadores y rematará el 80% del parque automotor del estado provincial. Con el dinero que se obtenga -anunció- construirán escuelas. Además, dijo que eliminará viáticos a los funcionarios, teléfonos que paga la provincia y fondos que eran utilizados para gastos personales, en tanto que en la misma línea que el gobierno nacional, anunció el recorte del 50% de la pauta publicitaria oficial y adelantó que dictará un decreto para realizar una auditoría general en las cuentas del estado. La medida de mayor peso simbólico es la venta o remate de la residencia de los gobernadores en El Calafate, que durante años usaron los Kirchner.

En cuanto a la institucional, el gobernador se dispuso derogar la ley de lemas, vigente hace más de 30 años. Además, ya quedó sin efecto el pase automático de los estudiantes de nivel secundario (vigente desde la pandemia) y se designaron trabajadores de carrera como titulares de dos organismos provinciales claves: la Administración General de Vialidad Provincial y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

Misiones

Hugo Passalacqua asumió el domingo en su segundo mandato no consecutivo al frente de la provincia de Misiones con una frase que sonó a un deja Hugo Passalacqua asumió el domingo en su segundo mandato no consecutivo al frente de la provincia de Misiones con una frase que sonó a un déjà vu: “Gobernabilidad con gobernabilidad se paga”.

El oficialismo misionero de la Renovación apoyará las reformas de Javier Milei, pero sin que sea “un cheque en blanco” y buscando insistir con las demandas de la provincia, donde se destacan una modificación de la Coparticipación (Misiones es la que menos recibe del NEA), una compensación por la preservación de la selva y una zona aduanera especial.

Para ponerse a tono con los nuevos tiempos de ajuste, Passalacqua debutó con un decreto en el cual crea una Comisión de Control del Gasto por el cual él mismo debe aprobar cada aumento en erogaciones de una buena parte de los organismos estatales.

El gobierno no dijo, como otros mandatarios provinciales, que “no hay plata”. Pero las señales de austeridad ya se sienten. Este fin de semana no se pagó el aguinaldo. No se pagó el 15 de diciembre, como se viene haciendo desde hace años, sino que se pasó para el próximo sábado.

Passalacqua también confirmó que los salarios estatales de diciembre se abonarán el 30 de este mes, pero no mencionó nada de un bono, como se especulaba.

Todo parece indicar que se vienen tiempos de austeridad con medidas que se terminarán de resolver una vez que esté claro el alcance de los recortes de fondos a las provincias, como las transferencias discrecionales y la obra pública.