Procesaron al expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros y lo embargaron por más de $ 14 mil millones
El juez Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por la causa Seguros y le aplicó un embargo sobre sus bienes de $14.634.220.283. Es por la firma del decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.
El procesamiento es por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor.
En su fallo, Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente de $14.634.220.283,68. Y procesó, junto a Fernández, a otras 33 personas, incluidos Cantero (por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria), Martínez Sosa (como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles) y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano (por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles).
La lista de delitos que a juicio de Casanello se habrían cometido en este caso incluye además lavado de dinero y cohecho, porque se sospecha que el exfuncionario de Nación Seguros Mauro Tanos y su mujer recibieron sobornos de parte de aseguradoras a través de cooperativas.
Tanos era el responsable de la Gerencia de Área Sector Público Nacional de Nación Seguros durante el gobierno de Alberto Fernández. Después, Javier Milei lo ascendió a gerente general de este organismo, pero lo despidió cuando los investigadores empezaron a reunir pruebas en su contra en esta causa.
Más allá de las sanciones que podrían caberles a las personas físicas involucradas en la causa, el juez pretende avanzar contra las personas jurídicas, que desde 2017, también tienen responsabilidad penal. Casanello citó a indagatoria a ocho empresas de seguros y esta mañana, antes de firmar los procesamientos, dispuso una serie de allanamientos en compañías.
El juez sostuvo que en el tratamiento de los seguros estatales “convivían dos espacios: el público y el privado”. En el público, se cumplían las formalidades y Fernández dictó el decreto 823/2021 para que las entidades estatales contrataran todas con Nación Seguros, “de modo de priorizar los fines públicos al afán de lucro”. Pero en el privado se hacía lo contrario, “fomentando –dijo el juez- los negocios particulares del entorno presidencial con el Estado en desmedro de aquella racionalización”.
El Presidente “tenía un rol clave” en esa maniobra, de acuerdo con el fallo de hoy. “Empoderando a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”. Para eso, se sacó fotos con Martínez Sosa que funcionaron como “un activo” para el empresario porque le permitían “documentar el vínculo” de “estrecha cercanía” con el Presidente y buscar negocios invocándolo.
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