Ley de glaciares: el Gobierno quiere evitar cuestionamientos judiciales y destrabar los proyectos mineros

El Gobierno envió el lunes por la noche al Congreso el proyecto de «adecuación» a la Ley 26.639, más conocida como «Ley de glaciares», para que la espera un «amplio debate con participación ciudadana» y no un tratamiento express.

En la Casa Rosada remarcan que la actual ley tiene un «lenguaje jurídico oscuro que generó inseguridad jurídica y espantó inversioness». Por eso, desde Legal y Técnica se preocuparon desde abril en formular una adecuación con términos claros que no dejen lugar a interpretaciones.

Y señalan que la adecuación de la ley de glaciares tiene «dos ejes centrales»:

• Una mayor claridad sobre el objeto de protección, que ya no será todo el ambiente «periglacial» sino lo que rodea a glaciares que cumplan estrictamente con la función de ser reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
• La devolución de la competencia a las provincias para determinar los recursos a proteger.

Principales cambios a la ley de glaciares

Así, el primer artículo del nuevo Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial -tal el nombre completo de la ley- tiene un nuevo párrafo que subraya su constitucionalidad en tanto se adapta al artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone la «utilización racional de los recursos naturales».

Asimismo, se refuerza con el artículo 124 de la Constitución, que garantiza a las provincias el dominio de los recursos naturales en sus territorios, en este caso el agua.

De esa forma, la Nación considera que cumple con un fallo que emitió en 2019 la Corte Suprema de Justicia, que invitó a hacer «federalismo de concertación» -es decir, un diálogo con las provincias- sobre la ley.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su apoyo e indicó: «Una efectiva redacción, que elimine la incertidumbre existente, permitirá que actividades productivas y de desarrollo de infraestructura puedan realizarse en un marco de total respeto por el cuidado ambiental en general y del recurso hídrico en particular».

«Ya ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la Ley de Glaciares que su problemática debe resolverse ‘por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces’. Es tiempo de ejecutar esa solución concertada», cerró.

Y cuestionó: «La ley vigente protege estos ecosistemas de manera integral, sin condicionarlos a verificaciones posteriores, ya que reconoce que un daño puede ser irreversible. Su degradación no solo compromete el agua en la actualidad, sino la resiliencia hídrica necesaria en un país afectado por la crisis climática».

Para Clarín, Santiago Spaltro