Latorre sobre la nueva Ley GIRSU: “Es un hito y una herramienta de gestión para toda la provincia”

Diputados aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que había obtenido media sanción en agosto en el Senado. Plantea la gestión de residuos en Mendoza como política de Estado integral, basada en la economía circular, la inclusión social, la transparencia y la protección ambiental.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, estuvo presente en la sesión y afirmó que se trata de un “hito” para Mendoza: explicó que la ley es el resultado de más de un año de trabajo junto a los 18 municipios de Mendoza y de un proceso de diálogo técnico y político, que incluyó dos meses de análisis legislativo.

“Veníamos trabajando hace dos meses junto a los legisladores para dar la discusión en sede legislativa y que pudieran evacuar todas sus dudas. En Senadores, que fue la cámara de origen, se tomaron todos los aportes y recomendaciones que hicieron para introducir modificaciones”, aseguró al concluir la sesión.

El proyecto tiene como objetivo central lograr una gestión federal en materia de residuos, para avanzar hacia una provincia ambientalmente sostenible. “Ahora ya estamos trabajando con los municipios en la reglamentación. Como ocurrió con la Ley de Ordenamiento Territorial, tienen la obligación de generar su propio plan, adaptado a esta nueva normativa, en función de sus realidades, industrias, vecinos, extensiones y conectividad”, afirmó la ministra.

“Cada municipio debe aprobar una ordenanza que plasme cómo va a enfrentar este gran desafío que tenemos todos los mendocinos: lograr una gestión de residuos más eficiente. Es un hito y una herramienta de gestión muy importante, no solo para el Ejecutivo provincial, sino también para los municipios”, agregó.

Además, remarcó que el crecimiento económico y las inversiones no son viables sin un plan de residuos claro. “Queremos que esta planificación sirva para canalizar financiamiento de organismos multilaterales, que exigen un plan estable y compatible con la legislación nacional. Teníamos una ley de hace 33 años, previa a la Ley General del Ambiente y a la legislación de presupuestos mínimos. Así, era imposible acceder a esos fondos”, aseguró

Qué dice la normativa

La nueva norma crea un Sistema Provincial de Residuos articulado con los 18 departamentos, y establece principios rectores claros, competencias definidas, estándares mínimos, herramientas de planificación regional y mecanismos de control, sanción y participación ciudadana.

Incorpora la educación ambiental como política transversal, incentivando la participación comunitaria tanto en campañas permanentes como en el diseño de políticas locales.

Reconoce la gestión de residuos sólidos urbanos como una política pública estratégica, con impactos directos en la reducción de la contaminación, la prevención de enfermedades, la disminución de costos de tratamiento y la integración de actores sociales, como recuperadores urbanos, cooperativas y centros ambientales.

Entre sus ejes se destacan el cierre progresivo de basurales a cielo abierto, el fortalecimiento de la economía circular y la separación en origen, la trazabilidad digital del proceso de gestión de residuos y la integración social y laboral de recuperadores urbanos.

Además, regula los residuos de origen domiciliario, comercial, institucional, de poda, construcción y demolición, entre otros.

Coordinación Provincia-Municipios

La normativa establece la regionalización de la gestión de residuos, dividiendo a Mendoza en cuatro zonas: Metropolitana, Este, Centro y Sur. Así, cada Municipio deberá elaborar su Plan Municipal de Residuos (PMGIRSU), en consonancia con el Plan Provincial, incluyendo diagnósticos técnicos, propuestas de remediación, inclusión social, educación ambiental, infraestructura proyectada y metas progresivas.

El Ministerio de Energía y Ambiente será la Autoridad de Aplicación y tendrá a su cargo el diseño e implementación de políticas GIRSU, la asistencia técnica y legal a municipios, la coordinación de consorcios, la fiscalización de infraestructuras, la elaboración de informes anuales y el control del cumplimiento de metas. Para esto, se creará un Sistema de Información Ambiental Público, con trazabilidad digital y auditoría constante.

Inclusión social y financiamiento

La ley impulsa la formalización, capacitación y fortalecimiento técnico de los recuperadores urbanos, promoviendo su inclusión social y laboral. También habilita la creación de centros de economía circular, gestionados por municipios o en articulación con actores privados, con el fin de generar empleo local, innovación tecnológica y revalorización de materiales.

Para asegurar la implementación del sistema, se crea el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza, nutrido por asignaciones presupuestarias provinciales, tasas específicas GIRSU, multas ambientales y recursos judiciales por pasivos ambientales. Este fondo financiará infraestructura, equipamiento, asistencia a municipios y programas de fortalecimiento del sistema.

Se faculta además al Poder Ejecutivo a gestionar líneas de financiamiento nacional e internacional destinadas a obras y proyectos ambientales.

Fiscalización y sanciones

La normativa incorpora un régimen de fiscalización y sanciones a cargo de la Provincia y los Municipios. Establece inspecciones, auditorías, denuncias ciudadanas y acciones legales, con la posibilidad de aplicar multas, suspensiones, clausuras y confiscación de maquinarias. También se prevé la conmutación de sanciones por proyectos productivos y educativos, como capacitaciones, mejoras de infraestructura y programas ambientales.

La Ley GIRSU deroga la Ley Provincial 5970 y se articula con la Ley Nacional General del Ambiente 25.675, la Ley Nacional 25.916 sobre residuos domiciliarios y la Ley Provincial 5961.

Su diseño se fundamenta en lo establecido por la Constitución Nacional (arts. 41, 123 y 124), que otorga a las provincias la facultad de dictar normas complementarias y ejercer el poder de policía ambiental bajo principios de equidad, autonomía y cooperación.

Con esta sanción legislativa, Mendoza avanza hacia un modelo moderno, inclusivo y ambientalmente responsable de gestión de residuos sólidos urbanos, con impacto directo en la salud pública, el desarrollo económico y la sostenibilidad del territorio.