Definirá el Senado: en Diputados la oposición rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad
Con el apoyo de antiguos aliados de La Libertad Avanza, la oposición en Diputados logró insistir con dos tercios la ley de emergencia en discapacidad que vetó Javier Milei, una norma que cosechó un fuerte respaldo social con marchas y movilizaciones en la calle.
Los 172 que votaron a favor se conformaron de los bloques críticos, impulsores de la ley, pero también con los “heridos” que dejó el oficialismo durante el último cierre de listas nacionales. Hubo 73 rechazos y dos abstenciones, una de ellas, de María Eugenia Vidal.
Se trata de un nuevo revés para la administración libertaria, que ve desafiado como nunca el corazón de su política económica, uno de sus emblemas para enfrentar la campaña electoral, que ya está en marcha. Con este golpe, el Presidente ve resquebrajarse el escudo legislativo que había mostrado bajo la consigna de “los 87 héroes”.
Ahora la pulseada se traslada al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso que en la Cámara baja.
Al momento de la votación para habilitar la discusión, y para sorpresa de sus propios colegas de bloque, se ausentó Florencio Randazzo, de Encuentro Federal. Lo mismo hizo la exoficialista, Lourdes Arrieta. Tampoco estuvieron presentes María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, de Pro, críticas del acuerdo electoral de su partido con los libertarios. Hubo, además, tres faltazos libertarios que ayudaron a la oposición para bajar el piso para llegar a los dos tercios de los presentes: Alida Ferreyra, Gerardo González y Florencia Klipauka.
La ley, sancionada a principios de julio, actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, dispone que las pensiones por invalidez laboral ya vigentes se transformen automáticamente en esta nueva pensión por discapacidad, con el acceso garantizado a un programa de atención médica. También apunta a regularizar las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.
El Gobierno objetó el costo fiscal de la medida. En el decreto de veto calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Según sus argumentos, el grueso del gasto proviene de la ampliación del universo de beneficiarios de la pensión, que alcanzaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), unas 1,5 millones de potenciales titulares. Solo las nuevas pensiones demandarían en 2025 más de $2,1 billones (0,26% del PBI) y casi $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A ello se sumaría la incorporación de los beneficiarios al Programa Incluir Salud, con un costo adicional de $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026, más una compensación de $278.323 millones por la actualización de aranceles en el primer año.
Con información de La Nación
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