Apuran los decomisos: condenada y presa, Cristina Kirchner deberá devolver lo robado

“Se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”, se escribió en el fallo que, en segunda instancia, confirmó la condena contra Cristina Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El cálculo inicial del perjuicio económico lo realizó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) cuando firmó la sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022, y fue clave para determinar la gravedad del hecho, y en consecuencia explicaciones del pedido de decomiso.

En este caso se analizaron los 51 procesos licitatorios a través de los cuales Lázaro Báez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que desde 2003 a 2015 el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz.

En un apartado de esa sentencia se habló de un “una colosal extensión del daño causado” y de un “monto estrafalario” de $84.835.227.378,04 actualizados al 6 de diciembre del año 2022.

Por eso, entendieron que era importante avanzar con el decomiso “ya que se convierte en una manera de recuperar parte de los fondos sustraídos”.

En ese contexto, el juez Gorini -responsable de la ejecución de la pena- puso en marcha el mecanismo institucional para estimar la cifra final de decomiso por el que, de forma solidaria, los nueve condenados deberán responder.

La exigencia del pago de la cifra que determinen los peritos contables de la Corte representa el daño ocasionado a través de los hechos de corrupción analizados y atribuidos a la expresidenta, a Báez, José López, Nelson Periotti y los otros cuatro condenados.

El número base que determinó el juez Gorini es de poco más de 86.000 millones de pesos. En función de esa cifra, el cuerpo especializado de peritos de la Corte -donde ya llegó el pedido del TOF 2- deberá actualizar y fijar el valor por el cual deberán responder los condenados del caso Vialidad.

¿Cómo se llegó a esa cifra?

El monto que se impuso como decomiso fue el considerado producto del hecho ilícito, la maniobra defraudatoria. Se conforma por el resultado de los cálculos de los $646.123.145,75 cuantificados como producto de la colusión en la totalidad de los procesos licitatorios, y los 185.376.754 pesos identificados -como hipótesis de mínima- en relación a los sobreprecios con los que fueron adjudicadas las obras de Vialidad Nacional que fueron peritadas: tres contratos sobre la ruta nacional 3 que unen Caleta Olivia (Santa Cruz) con Rada Tilly (Chubut).

Se trata de casos testigo: un muestreo de cinco obras peritadas por orden del Tribunal de juicio que en todos los casos arrojaron sobreprecios y circuitos irregulares de adjudicación.

La colusión detectada, fue una de las principales causales del daño patrimonial que sufrió el Estado “a raíz de la maniobra criminal bajo juzgamiento, aunque ciertamente no el único” ya que “se utilizó un mecanismo de acuerdos empresariales que, en connivencia con los funcionarios a cargo de las adjudicaciones y la posterior homologación de Vialidad Nacional, permitió elevar sistemáticamente los precios de los contratos”.

Además, se examinaron los sobreprecios en los procesos licitatorios a partir del análisis de tres de las obras cuestionadas concluyendo que “aún considerando la hipótesis más beneficiosa para los enjuiciados (en el sentido de obtener el cálculo utilizando el promedio de la totalidad de las ofertas presentadas con una magnífica dispersión de precios), es evidente que las ofertas realizadas y adjudicadas a las empresas controladas por Lázaro Báez registraban sobreprecios”, se señaló.

Como último punto, además del pacto para delinquir y los sobreprecios, los jueces advirtieron sobre otras fuentes irregulares de ingresos a fin de dimensionar, “en su cabal magnitud, la extensión del daño causado, no obstante no poder mensurar o traducir en un monto de dinero este último aspecto del perjuicio”.

Cuándo se decomisa el dinero

Después de que la condena obtuvo firmeza tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se avanzó en el pedido formal de actualización del monto.

El fiscal general Diego Luciani entregó un informe patrimonial de 40 páginas -que dio a conocer Clarín-, con los bienes de todos los condenados. Cristina Kirchner y Lázaro Báez son los que más propiedades poseen como también, empresas.

Clarín