Ley de Glaciares: el oficialismo convocará a una audiencia con gobernadores mineros
Pese a que ya finalizaron las audiencias públicas, el debate por la modificación de la Ley de Glaciares volvió a extenderse en el Congreso. La Libertad Avanza decidió convocar a una instancia informativa adicional, con la presencia de gobernadores de provincias mineras, funcionarios del Poder Ejecutivo e integrantes del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), antes de avanzar con la firma de los dictámenes y llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados.
Los mandatarios invitados están vinculados a las denominadas mesas del Cobre y del Litio, espacios que agrupan a provincias con fuerte interés en el desarrollo minero. Sin embargo, desde sectores de la oposición cuestionaron la selección de invitados. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió que se convoque al resto de los gobernadores, mientras que Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, solicitó sumar a especialistas independientes al debate.
La decisión de ampliar la discusión genera demoras en el tratamiento del proyecto, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, continúan negociando para reunir las mayorías necesarias que permitan dictaminar la iniciativa y aprobarla en el recinto. “Buscamos que el proyecto que sancionó el Senado no se toque, así lo convertimos en ley”, señaló un dirigente libertario de la mesa de conducción en diálogo con TN.
En un principio, el oficialismo preveía firmar los dictámenes la próxima semana y llevar el debate al recinto el 8 de abril. No obstante, la incorporación de los gobernadores podría modificar el cronograma legislativo y postergar la discusión.
Mientras tanto, este jueves se llevó adelante la segunda Audiencia Pública por los cambios a la Ley de Glaciares, que se realizó en formato virtual y contó con la participación de expositores de distintos puntos del país. La jornada estuvo marcada por inconvenientes técnicos que obligaron a interrumpir en varios momentos la palabra de los participantes.
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales, presididas por los diputados oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz, escuchó fuertes cuestionamientos de ambientalistas a la iniciativa, así como el respaldo de representantes del sector minero. La reunión se extendió por más de diez horas y contó con escasa presencia de legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición.
Durante el debate, la exdiputada nacional Graciela Camaño cuestionó con dureza el procedimiento utilizado para la convocatoria de las audiencias públicas y advirtió sobre una posible nulidad del proceso legislativo. Según sostuvo, la falta de una audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales “determina la nulidad absoluta del acto” por no haberse cumplido con los procedimientos esenciales.
En relación con el contenido del proyecto, Camaño afirmó que la modificación de la Ley de Glaciares viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, al transformar una norma de protección ambiental de carácter científico en una ley de definición política, delegando en las provincias la decisión sobre qué ambientes periglaciares proteger en función de la actividad minera.
La iniciativa, sancionada por el Senado el pasado 26 de febrero con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, propone modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, vigente desde 2010. El objetivo central es flexibilizar la protección actual y otorgar mayor margen a las provincias para habilitar actividades como la minería o la exploración petrolera en zonas periglaciales, según su aporte hídrico.
Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron activamente del debate en el Senado y sus diputados acompañarían la iniciativa cuando llegue al recinto de la Cámara baja. El proyecto sigue generando una fuerte disputa entre quienes priorizan el desarrollo económico y quienes advierten sobre los riesgos ambientales de avanzar sobre reservas estratégicas de agua dulce.



