El Gobierno impulsa una reforma integral de la SIDE y la oposición se prepara rechazarla
La iniciativa se apoya en los cambios ya introducidos por el Decreto 614/24 y propone modificaciones a la Ley 25.520, con el objetivo de mejorar la integración, especialización, eficiencia y legitimidad del sistema.
Uno de los ejes centrales es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional permanente bajo la conducción de la SIDE, que permitirá compartir información entre los distintos organismos especializados del Estado. La medida apunta a evitar duplicaciones y superposiciones, y a incorporar conocimientos sectoriales clave —como los económicos, sanitarios, tecnológicos o climáticos— al análisis estratégico nacional.
En paralelo, se establece una Comunidad Informativa, una red de organismos estatales que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán datos relevantes a la SIDE. El objetivo es ampliar la base informativa del sistema y mejorar la calidad del análisis estratégico.
Otro punto destacado es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Mientras que la protección de redes y sistemas quedará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, en la órbita de la Jefatura de Gabinete, la ciberinteligencia se concentrará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio. Esta diferenciación, explicaron, busca mejorar la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento.
La reforma también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a enfocarse exclusivamente en tareas de contrainteligencia, evitando superponerse con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad. En ese marco, se explicita legalmente que la contrainteligencia tiene un carácter preventivo y se orienta a detectar espionaje, sabotaje e injerencias o influencias extranjeras, adaptando la normativa a amenazas tecnológicas y políticas actuales.
En materia de defensa, se ordena la inteligencia militar: se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y se concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de eliminar duplicaciones y mejorar la articulación con la inteligencia nacional.
El proyecto incluye además un fortalecimiento de los controles internos. La actual División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia y tendrá mayores atribuciones para auditorías, investigaciones internas y control de legalidad, eficiencia y uso del presupuesto.
Por último, se establece que los titulares de los órganos desconcentrados del sistema serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno.
La reacción de la oposición
Referentes del kirchnerismo, Provincias Unidas y de la CC anticiparon su rechazo y buscarán impugnar el DNU para evitar que quede vigente, una tarea compleja: el mecanismo exige el rechazo por mayoría en ambas Cámaras. Si una de ellas no lo trata o solo una lo rebate, el decreto conserva plena validez.
En Pro, uno de los aliados del Gobierno en el Congreso, aún no hubo una posición pública. Tampoco se expresó el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia. No obstante, uno de los referentes del espacio indicó que preparan un comunicado conjunto. Además, la comisión bicameral encargada de fiscalizar a los organismos de inteligencia formalizará este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique el alcance y los fundamentos de la reforma.
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