Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión por cobro de coimas y lavado de activos entre otras acusaciones
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza fijó la pena tras declararlo culpable de liderar una asociación ilícita para el cobro de coimas. Su esposa y uno de sus hijos también fueron condenados.
Además de los 18 años de prisión Bento (62) tiene inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa superior a los 540 millones de pesos, al considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales en causas penales bajo su cargo. La decisión puso fin al juicio de cesura abierto tras el veredicto de culpabilidad dictado el martes pasado.
Fue declarado responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio de su función pública, falsedad ideológica en dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.
El pedido de su defensa para purgar la pena en prisión domiciliaria fue diferido por el tribunal, por lo que será analizado más adelante. El exjuez seguirá así detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo. En tanto, su esposa Marta Boiza recibió una condena 6 años de cárcel tras ser hallada culpable por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Uno de los hijos del matrimonio, Nahuel Agustín Bento Boiza, recibió una condena de cinco años de prisión, también por lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza, que durante esta última etapa del proceso determinó el monto de las penas y la modalidad de cumplimiento para los 17 imputados hallados responsables en la megacausa por corrupción judicial que sacudió a la provincia de Mendoza.
El juicio oral se desarrolló ante el Tribunal 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá Rivas. El debate comenzó en julio de 2023 y se extendió por más de 130 audiencias, con la declaración de alrededor de 300 testigos y el análisis de un voluminoso cuerpo de prueba documental y digital.
Según se tuvo por acreditado en el veredicto, la organización funcionó al menos desde 2007 y operó principalmente en expedientes complejos -entre ellos causas por narcotráfico y contrabando- tramitados en el juzgado a cargo de Bento. El mecanismo incluía el cobro de sobornos para otorgar libertades, morigeraciones de prisiones preventivas, recalificaciones legales, faltas de mérito o sobreseimientos. De acuerdo con la estimación de la fiscalía especializada, el circuito de coimas habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, además de bienes muebles e inmuebles.
Bento fue declarado culpable por asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo, enriquecimiento ilícto, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba, entre otros delitos. El tribunal consideró probado que el exmagistrado definía las estrategias, autorizaba los beneficios procesales, fijaba los montos a cobrar y ordenaba el curso de las maniobras, apoyado por abogados, intermediarios y contactos en el ámbito policial.
En cuanto al capítulo patrimonial, las juezas tuvieron por acreditado un entramado familiar destinado a ocultar y legitimar el origen ilícito de los fondos, mediante operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y otras inversiones.
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