Los cambios que ofrece el gobierno para que se apruebe la ley ómnibus
El Ejecutivo presentó al Congreso un documento reservado; entre las modificaciones al texto original no se hace mención a la fórmula de movilidad jubilatoria.
El ofrecimiento que el gobierno le hizo a los bloques de diputados dialoguistas para avanzar en la sanción de la ley ómnibus tiene un punteado específico, que los emisarios de la Casa Rosada llevaron personalmente al Congreso. En un documento reservado de ocho carillas, la administración de Javier Milei aceptó limitar el plazo de las facultades delegadas, retirar a YPF de la lista de empresas a ser privatizadas y eliminar las retenciones a las economías regionales.
En el texto que llevaron a la Cámara de Diputados el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, también se indica que el Poder Ejecutivo deberá tener el aval del Congreso antes de “liquidar los activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, pero no da cuenta de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria que le reclaman los bloques dialoguistas para darle su visto bueno a la reforma.
“Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2+2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo”, se asegura en el primer punto del paper, titulado en forma escueta como “Modificaciones a la Ley Bases”. El segundo punto, en tanto, acepta la “eliminación de la emergencia de Defensa, Social y Sanitaria”. El tercero hace foco en los derechos de exportación: “Se fija en 0% para las economías regionales”, sostiene y agrega, en forma imprecisa: “Limitar/eliminar la facultad para aumentar los derechos de exportación”.
En su primera página, el documento también hace referencia al FGS y señala que “se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos)” que cuente con un “dictamen previo favorable desde la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la ley 23.696″. En este punto, los referentes legislativos le hicieron notar a Francos y Caputo que el FGS no puede tratarse en esa comisión, dijeron a este diario fuentes parlamentarias.
El octavo punto del paper contiene otra definición contundente: “Eliminación de la derogación de la Ley de Azúcar”, propone abiertamente. Como “alternativas adicionales” que pone en la mesa de negociación, el gobierno ofreció a los bloques dialoguistas “sacar Bienes Personales y enviarlo al proyecto de Ganancias”; revisar la reforma electoral basada en las “circunscripciones uninominales” y “modificar el proyecto de las PASO”, sujeto a recibir una “contrapropuesta” de la diputada de Pro María Eugenia Vidal.
El desarrollo del documento, al que diputados como Miguel Angel Pichetto, Rodrigo de Loredo, Ricardo López Murphy y Juan Manuel López, entre otros, reclamaron más cambios -por lo que Francos y Caputo se fueron del Congreso con anotaciones en viñetas manuscritas-, también indica en el título de “Reorganización económica” que no podrán acceder al blanqueo aquellas personas que “fueron funcionarios hasta hace cinco años”, con lo cual toma toda la gestión de Alberto Fernández y el final de la de Mauricio Macri.
En cuanto a los derechos de exportación, quedaron fijados en 0% para las economías regionales, entre las que menciona en un anexo específico a las industrias olivícola, arrocera, de cueros bovinos, láctea, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos, lana, maíz pisingallo, floricultura, forrajera, ovoproductos, jojoba, girasol confitero, alpiste, mijo, trigo sarraceno, quinoa, lupinos, lino, vitivinícola, aceite esencial de limón, algodón textil, forestal y maní”.
En un mensaje a los gobernadores, que se quejaron al respecto, la Casa Rosada también se manifestó dispuesta a incluir en el apartado de hidrocarburos “la aclaración Nacional o Provincial, según corresponda, para evitar cualquier duda sobre competencias de las provincias en la materia, en todo el articulado”. Y sumó como “condicionamiento del derecho a exportar sujeto a los requisitos habituales a acceso de los recursos técnicamente probados” y que “la objeción por parte de la Secretaría de Energía esté fundada por motivos técnica o económicamente en la seguridad del suministro”.
La Nación
