La Legislatura de Mendoza aprobó los cuatro proyectos del Ejecutivo que propician la minería con controles

Este martes el Senado de Mendoza dio sanción definitiva a cuatro proyectos que envió el Ejecutivo provincial. Con el Gobernador Alfredo Cornejo en Buenos Aires haciendo gestiones para presentar los proyectos de la Mesa de Mayo a la Presidencia, la vicegobernadora Hebe Casado a cargo de la Gobernación, Martín Kerchner presidió la sesión, lo que implicó un voto menos para el oficialismo.

Después de cumplir con todas las etapas que establece la legislación, los proyectos mineros fueron aprobados por amplia mayoría, con algunos votos negativos, y una abstención. Las cuatro sanciones fueron giradas al Ejecutivo para la promulgación.

Sanción final para la Evaluación Ambiental de PSJ Cobre Mendocino

La propuesta fue aprobada por 29 votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención.

El proyecto, ubicado a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza, se perfila como la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los desarrollos más significativos del país desde Bajo de la Alumbrera. Su producción se orienta a insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.

En los fundamentos se detalla que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental incluyó la incorporación y análisis de dictámenes técnicos y sectoriales, además del Informe Final elaborado por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera. Con las respuestas del proponente integradas al expediente, la Autoridad Ambiental Minera emitió el Informe Técnico Final que reúne conclusiones y opiniones sobre el estudio presentado.

El procedimiento contempló un amplio esquema de participación ciudadana: consulta pública, talleres, visitas técnicas y la realización de una Audiencia Pública con la correspondiente difusión. También se habilitó la presentación de aportes por escrito y se garantizó el acceso a la documentación completa tanto en formato físico en la sede de Minería como en formato digital en los portales oficiales. Asimismo, se desarrolló el proceso de consulta previa con comunidades originarias ubicadas en el área de influencia.

La Declaración de Impacto Ambiental introduce, además, una metodología que distingue las fases de construcción, operación, cierre y post-cierre, y organiza su contenido en cinco ejes: Agua, Biodiversidad, Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan, Aire y emisiones, y Participación ciudadana y control social.

Se conformará la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto, un Fondo Socioambiental y de Compensación, y un programa de monitoreo participativo que incluye el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), dotado de telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Habrá protocolos ante sismos, crecidas, derrames, incendios y otras contingencias.

La empresa deberá aplicar Programas de Integridad que alcancen a toda su cadena de contratación y actualizar la Declaración Jurada de Buenas Prácticas mediante informes de sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria. También participará, junto al Municipio de Las Heras y actores locales, en un Plan de Desarrollo Económico que impulse la diversificación productiva de Uspallata y otras localidades de Alta Montaña, y en iniciativas de formación y educación.

Avalaron 27 declaraciones de Impacto Ambiental en Malargüe

Con 31 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención, el Senado aprobó las Declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes a 27 iniciativas de exploración en el Distrito Minero Occidental II de Malargüe.

Estas iniciativas forman parte de la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y fueron definidas tras un proceso que incluyó una audiencia pública en Malargüe y la evaluación técnica de organismos especializados. Las DIAs contemplan planes de manejo específicos para las zonas altas y un seguimiento ambiental estricto.

El texto remitido por el Poder Ejecutivo destaca que el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se desarrolló garantizando un amplio proceso de participación ciudadana. También señala que, como parte de estas instancias, se realizaron talleres participativos y visitas técnicas al proyecto PSJ Cobre Mendocino, con el objetivo de brindar a la comunidad acceso directo a un caso real de exploración minera avanzada en la provincia.

Las 27 Declaraciones de Impacto Ambiental corresponden a los proyectos: Cuprum, El Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia (Arroyo de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma y Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.

Con estas DIAs, Malargüe alcanzaría un total de 65 proyectos de exploración minera.

Fondo de Compensación Ambiental

Este Fondo permitirá actuar de manera inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. Se financiará con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales.

La propuesta fue aprobada por 30 votos afirmativos y 6 negativos, por lo que fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

El Fondo se destinará a obras y acciones de cese, restauración o mitigación de daños cuando los responsables no puedan solventarlos por insolvencia, falta de determinación u otras causas que impidan la reparación adecuada. También permitirá actuar de manera urgente ante situaciones que requieran intervención inmediata para evitar la propagación del daño.

En los casos de indemnizaciones judiciales y cuando la sentencia no establezca un destino específico, los recursos se aplicarán íntegramente a acciones de restauración, reparación, mitigación o compensación ambiental en la zona afectada.

El Fondo se financiará con multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales.

Asimismo, se lo exime de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales vigentes y futuras, incluidos Sellos e Ingresos Brutos, cuando estos gravámenes puedan afectar sus recursos. También se establece la inembargabilidad y la afectación exclusiva de los fondos al cumplimiento de su objeto legal, y se aclara que no constituye una garantía supletoria para damnificados directos por daños ambientales.

El texto invita al Departamento General de Irrigación y a los Municipios a adherir y destinar recursos al Fondo. Además, fija un plazo de 180 días para su reglamentación tras su promulgación.

Ley marco legal que regula las Regalías Mineras

Con esta ley Mendoza se adecúa a la Ley Nacional de Inversiones Mineras, introduce un esquema progresivo de alícuotas y crea un fondo para desarrollo económico y socioambiental. La propuesta fue aprobada por 30 votos a favor y 6 en contra.

La ley define cómo se calculan y controlan las regalías mineras, garantiza trazabilidad y responsabilidad ambiental en toda la cadena productiva y establece que una parte de los fondos se destinará a los municipios que adhieran al régimen.

El objetivo de la propuesta es establecer el régimen jurídico aplicable a la percepción, determinación, liquidación, control, distribución y destino de las regalías mineras generadas por la explotación de recursos minerales en la provincia, conforme a los principios de la legislación vigente.

Monto y modalidad de las regalías

Las regalías se determinarán aplicando los porcentajes establecidos sobre el valor “boca mina”, conforme a la Ley 24.196 y su reglamentación.

La alícuota general será del 3% del valor del mineral. Para los proyectos que no hayan iniciado la construcción de la etapa de explotación antes de la entrada en vigencia de la Ley, se prevé una alícuota progresiva y móvil, que no podrá superar el 5%, según establezca la reglamentación.

La norma también contempla reducciones, exenciones parciales y regímenes diferenciales para promover proyectos con agregado de valor local, tecnologías limpias, obras de infraestructura con impacto social, o cumplimiento de estándares ambientales y de inclusión social y de género.

Distribución de los recursos

El proyecto establece que:

• 88% de la recaudación se destinará a Rentas Generales. De ese monto, el 15% será afectado al Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental, creado por esta Ley. Este Fondo financiará proyectos de desarrollo económico, social, productivo y territorial; obras e infraestructuras socioambientales vinculadas a la actividad minera; así como acciones de control, monitoreo, participación ciudadana y fortalecimiento institucional. Podrá administrarse mediante un fideicomiso u otra figura legal idónea.
• El 12% restante se asignará a los municipios donde se realice la extracción, siempre que adhieran al régimen. Estos recursos deberán destinarse exclusivamente a obras públicas y a infraestructura económica, social, ambiental y productiva.