El Gobierno plantea un tope para reducir las indemnizaciones

Uno de los objetivos centrales del proyecto de reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei es el referido a las indemnizaciones.

La propuesta, que supone un cambio profundo del esquema actual de indemnizaciones, fue anunciada por funcionarios libertarios a referentes políticos, empresarios y sindicales que componen el denominado consejo de Mayo. La apuesta oficialista es conseguir el consenso de esos sectores y de los gobernadores para enviar la reforma al Congreso antes de fin de año, aunque desde la jefatura de la CGT ya anticiparon su rechazo y la decisión de intentar bloquear su implementación.

Según el borrador de la iniciativa que se analizó en las reuniones de la comisión técnica laboral del Consejo, uno de los puntos centrales de la reforma contemplan varios cambios en el régimen indemnizatorio que van desde un tope al monto de los resarcimientos, el pago en cuotas de los mismos y hasta la exclusión del cálculo de indemnización de los aguinaldos, adicionales y todo beneficio que no se abone mensualmente a los trabajadores.

La propuesta contempla que ante un despido sin causa el empleador abone hasta un máximo de 10 salarios al trabajador cesanteado, sin considerar la antigüedad en el puesto de trabajo.

El proyecto establece que: «la indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses, ni superior a diez meses de sueldo igualmente determinado (es decir considerando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año de trabajo o período de prestación de servicios si fuera menor)».

Con información de Clarín