Debate de la Ley Ómnibus: el Ejecutivo concedió retirar empresas de la lista de privatizaciones
Una delegación del Ejecutivo llegó en la tarde de este jueves en el Congreso encabezada por Karina Milei, y minutos más tarde llegó a los teléfonos de los diputados opositores una contrapropuesta para destrabar el capítulo de privatizaciones: retiran nueve empresas y el listado de 36 queda con 27. Además las segmentan en distintos artículos para facilitar su aprobación.
El eje de las negociaciones giraba en torno al punto de las privatizaciones y facultades delegadas, caballitos de batalla en los que el Ejecutivo no quería ceder pero tiene altas chances de que se caigan en el recinto.
Si bien el oficialismo aceptó retirar del listado de 41 empresas a YPF y que no se privaticen al 100 % sino que se puedan volver mixtas otras empresas, como Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación, el acuerdo estaba lejos.
De las 36 restantes, el oficialismo propone en esta nueva versión un listado final de 29.
Retiran Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
Pero las principales, con las que el Ejecutivo hizo campaña, siguen. Entre ellas, Administración General de Puertos; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Aerolíneas Argentinas; Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos; y Télam.
Sin embargo, en vez de mantener un solo anexo con todo el listado. Lo divide en cuatro anexos, referenciados también en cuatro artículos distintos. Esto facilita la votación en el recinto porque quienes se oponen a la privatización de alguna empresa concreta podría, por ejemplo, votar a favor de uno de los artículos y rechazar otro.
La nueva propuesta establece que antes de llevar adelante una privatización la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, “deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos.
Dicho informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral. En ese sentido, el nuevo texto especifica las facultades que tendrá esa Bicameral.
Otros puntos en los que habría cambios
La contrapropuesta del Gobierno elimina finalmente la delegación al Ejecutivo en materia fiscal. Así de las 10 iniciales que había pedido Javier Milei están quedando seis: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Clarín
