El Estado provincial ahorró más de $4.225 millones con un plan integral de eficiencia energética

La implementación del Registro Único de Suministros Oficiales, junto con la revisión y optimización de la potencia contratada en dependencias públicas provinciales, permitió mejorar la gestión del consumo eléctrico, reducir gastos innecesarios y avanzar en una administración más eficiente de los recursos energéticos del Estado.

Las políticas de eficiencia energética impulsadas por el Gobierno de Mendoza continúan mostrando resultados concretos en las cuentas públicas y en la gestión del consumo eléctrico del sector estatal. Entre abril de 2025 y abril de 2026, la Provincia verificó un ahorro acumulado superior a los $4.225 millones en la facturación eléctrica de organismos públicos, como resultado de un conjunto de medidas orientadas al ordenamiento y la optimización de los suministros eléctricos.

“La iniciativa forma parte de un plan integral que busca reducir consumos innecesarios, mejorar la eficiencia en el uso de la energía y fortalecer una gestión más racional de los recursos públicos, en línea con criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia económica”, explicó el subsecretario de Energía y Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel Sanchez Bandini.

“Estas acciones apuntan también a que el Estado provincial asuma un rol ejemplificador sobre el uso responsable de la energía, promoviendo prácticas de consumo más eficientes y generando un impacto positivo tanto en las finanzas públicas como en el cuidado del ambiente”, agregó.

“La implementación de estas medidas permitió optimizar el gasto energético del sector público, adecuando los niveles de demanda a los requerimientos reales de cada organismo. Este proceso contribuye a una administración más eficiente, moderna y comprometida con el uso responsable de los recursos, en línea con los compromisos ambientales y de sostenibilidad asumidos por Mendoza”, afirmó Cristian Azar, presidente del EPRE.

Ordenamiento de suministros y revisión de contratos

Las medidas comenzaron a implementarse a partir de la Resolución EPRE N° 150/2024, mediante la cual el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) instruyó a las distribuidoras eléctricas de Mendoza a conformar un Registro de Suministros Oficiales.

Este instrumento reúne todos los suministros eléctricos bajo titularidad de organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.

La resolución estableció procedimientos, registros y cronogramas vinculados a la potencia contratada para la contratación o recontratación del suministro eléctrico en dependencias públicas provinciales, en el marco de normativas nacionales orientadas a promover la eficiencia energética y el ahorro económico.

Entre los principales lineamientos definidos por la normativa se incluyó la necesidad de adecuar la capacidad máxima contratada de cada suministro a las necesidades reales de consumo de los organismos estatales, evitando sobredimensionamientos que generaban costos innecesarios.

La creación de este registro permitió ordenar la información disponible sobre los suministros eléctricos del Estado, revisar contratos vigentes y ajustar la potencia contratada en función de los requerimientos efectivos de cada dependencia pública.

En paralelo, también se avanzó en la revisión del encuadramiento tarifario de los suministros oficiales, con el objetivo de garantizar que cada organismo se encuentre correctamente categorizado de acuerdo con sus niveles reales de consumo.

Ahorro económico y eficiencia energética

La aplicación de estas políticas permitió alcanzar entre abril de 2025 y abril de 2026 un ahorro acumulado superior a los $4.225 millones en la facturación eléctrica de organismos públicos provinciales.

Durante ese período, el ahorro mensual promedio se ubicó en torno a los $340 millones, reflejando el impacto sostenido de las medidas implementadas para optimizar la contratación y gestión de los suministros eléctricos del Estado.

Para 2026, la proyección estima un ahorro anual cercano a los $3.900 millones, lo que representa un aporte significativo a la eficiencia del gasto público y a una administración más racional de los recursos energéticos.

Además del ahorro financiero, las medidas contribuyen a mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los compromisos ambientales y de sostenibilidad asumidos por el Gobierno de Mendoza.