El ministro de Desregulación hizo una analogía entre la Asociación de Viñateros de Mendoza y la AFA del «Chiqui» Tapia
En un largo posteo en la red X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger hizo una extensa crítica a la Asociación de Viñateros de Mendoza, por la oposición a la desregulación de la industria «la actividad vitivinícola, sacándole el peso del Estado de encima a la industria«.
«Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón», comienza el posteo.
Sturzenegger explica que cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la AFA y «Chiqui» Tapia, «recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no querían que los socios pudieran elegir. Sabían que dirigencias más profesionales no permitirían los desmanejos que hoy se han hecho visibles en el fútbol argentino».
Asegura que «Algo similar ocurre hoy con una presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza. Explicamos. Recientemente desregulamos fuertemente la actividad vitivinícola, sacándole el peso del Estado de encima a la industria. Atrás quedaron miles de restricciones, obligaciones, trámites absurdos, injerencias indebidas, oportunidades de coimas, … podría seguir», sugirió.
ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN. Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no… pic.twitter.com/dzQKctzR4y
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 17, 2025
También dijo que «Dentro de ese vergel de libertades una de las desregulaciones fue hacer que el ´certificado de ingreso de uva´ (conocido como CIU) pasara a ser opcional. Es decir, el que lo quiere (por ejemplo, para hacer trazabilidad) lo usa y el que no, no. De hecho, el 45% de los productores que previamente estaban obligados a hacer el CIU luego no lo usaban. Por eso, justamente lo hicimos opcional. Pero como buenos discípulos del @tapiachiqui la Asociación se presentó en el Juzgado Federal No. 2 de Mendoza a cargo de Pablo Oscar Quirós, para pedir que vuelva a ser obligatorio el CIU. ¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática? Es curioso, ¿no? Porque no se le prohíbe a nadie. ¿Hacerlo obligatorio….? Pero de entender esas curiosidades surge la verdad oculta de las cosas. Igual, antes de abundar en eso, vale aclarar que muchas voces se han pronunciado a favor de la desregulación y la opcionalidad del CIU (ver diariodecuyo.com.ar/economia/se-su). Ni hablar del INV, que es el órgano rector de la industria y que es quien ha impulsado esta medida».
Y apuesta: «Estoy seguro el juez llamará a estas voces y considerará su opinión. Pero vamos a pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Hay dos interpretaciones posibles (seguramente habrá otras) de por qué el pedido ante el juez Quirós. Una es que el CIU operaba como un mecanismo de control del mercado, ya que reunía información valiosa que permitía saber que uva se movía de un lugar a otro y sobre todo de que uva entraba en el circuito de comercialización. Imaginen que en cualquier industria los actores seguramente querrían esa información, porque facilita el control y la cartelización del mercado. El valor del CIU emerge entonces como un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas. Ese podría ser un motivo para querer mantenerlo. Una segunda posibilidad me fue evidente cuando un productor me escribe y me dice “pásame el escrito que presentó Zuccardi” en alusión a alguien identificado con la Coviar, una entidad cuyo mandato venció en 2020 y que sigue cobrando (ilegítimamente a mi entender) un impuesto privado a la industria».
Continúa explicando que: «Resulta que, sin el CIU, se les dificulta el cobro de esa tasa. Ahhh…. Es muy triste ver que un sector que tiene tanto para dar quede rehén de estos intereses siendo que tiene mucho más para ganar en un ámbito de libertad. Es paradójico porque es una industria que ha sufrido las vejaciones del Estado como ninguna otra. En 1934 Agustín Pedro Justo prohibió la producción vitivinícola fuera de Cuyo. El ejército entró en Entre Ríos, uno de los lugares más tradicionales de producción en aquella época, a romper las bodegas. Incluso pinchaban los toneles derramando la producción. Muchos productores vieron una vida de trabajo diezmada de un día para otro por el poder autoritario del Estado. La larga noche tuvo que esperar hasta el año 1993 para que se levantara la prohibición. Inmediatamente la industria se desarrolló en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta, Buenos Aires (en realidad en 17 de las 24 provincias argentinas) y también volvió a Entre Ríos de donde 60 años antes el Estado la había desterrado. Como un recordatorio a ese “vinicidio” la Bodega entrerriana BordeRío decidió llamar a su línea de vinos “Injusto”, un apropiado recuerdo sobre el poder corrosivo del Estado y de aquella norma del 34 de un presidente llamado Justo, que seguramente respondiendo a los pedidos de un lobby oculto, terminó haciendo una terrible injusticia. Hoy es triste ver como algunos se escudan en la regulación, usando argumentos delirantes, para volver a hacer un daño, esta vez, a sus propios colegas. Por eso decimos con el presidente @JMilei que la regulación, en general, es mala, un lobo con piel de cordero. Esperemos la justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones».
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