El juez Mariano Borinsky denunció amenazas y las vinculó con la causa Vialidad
El juez federal Mariano Borinsky denunció haber sido amenazado mediante un posteo antisemita realizado por una cuenta anónima en la red social X. El magistrado vinculó la intimidación con la causa Vialidad, por la que está presa la expresidenta Cristina Kirchner.
El posteo mereció que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el propio juez Borinsky realizaran sendas denuncias ante la justicia federal.
El posteo, proveniente de una cuenta con un nombre de fantasía, hacía referencia al juez y a su condición de judío. El magistrado en su presentación vinculó la intimidación con la causa Vialidad, dado que el magistrado interviene en el expediente que condenó a la expresidenta por fraude al Estado en la concesión de obras públicas.
Borinsky es uno de los tres jueces de la Cámara de Casación que confirmó la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner y que ahora deben revisar las condiciones de cumplimiento de la sentencia, el uso de una tobillera electrónica y el régimen de visitas de la expresidenta.
La denuncia de Borinsky tramita ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Gerardo Pollicita. Con velocidad, el fiscal solicitó la realización de casi un centenar de medidas de prueba.
En este mismo sentido, la Cámara Federal de Casación, presidida por Daniel Petrone, emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el juez Borinsky.
Tras el Acuerdo de Superintendencia, los jueces señalaron que el magistrado “ha sufrido hechos concretos de amedrentamiento y manifestaciones discriminatorias por motivos religiosos por vía de redes sociales”.
Participaron del acuerdo los camaristas Petrone, Diego Barroetaveña, Angela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y el juez amenazado.
Desde una cuenta de X, cuyo dueño no fue individualizado, se inició una serie de posteos intimidatorios y en múltiples publicaciones se generó una “campaña de hostigamiento personal, antisemitismo manifiesto, amenazas directas y apología del delito, dirigidas contra el doctor Dr. Mariano H. Borinsky”.
Sus colegas dijeron que las intimidaciones “constituyen flagrantes delitos de acción pública contra el nombrado en razón de su cargo de magistrado y de su religión judía”.
Los mensajes incluyeron asociaciones visuales y textuales entre la imagen de Borinsky y amenazas emitidas por el régimen iraní; comparaciones gráficas con estereotipos antisemitas utilizados históricamente por el nazismo y una publicación con amenazas de violencia extrema hacia el juez.
La DAIA se presentó como querellante y formuló la denuncia en el fuero federal debido a los hechos, que “constituyen diversos delitos de acción pública, entre los que se destacan los de amenazas, apología del delito y violación de la ley antidiscriminatoria”.
Los jueces de la Casación dijeron que Naciones Unidas señaló que discursos de odio “como el de caso promueven la violencia y la intolerancia y generan un efecto devastador en la sociedad, cuya escala e impacto se ven ahora aumentados por las nuevas tecnologías de la comunicación”.
El discurso de odio “se ha convertido en una de las formas más habituales de extender una retórica divisoria a escala mundial, poniendo en peligro la paz en todo el mundo”, señalaron los jueces.
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