Proponen regular el uso de celulares en escuelas mendocinas
La iniciativa busca crear una política de cuidado, prevención y fortalecimiento de la experiencia educativa, combatiendo la desatención, el ciberacoso y la adicción en las aulas.
La diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley para regular el uso de dispositivos celulares en instituciones educativas de la provincia. La iniciativa responde a una preocupación creciente en colegios públicos y privados sobre el impacto de los mismos en la concentración de estudiantes y en fenómenos como el ciberacoso y los consumos problemáticos como la adicción a redes.
El proyecto diferencia por nivel educativo. En inicial y primario, la restricción será prácticamente total durante la jornada escolar, con excepciones acotadas: estudiantes con discapacidad que requieran el dispositivo para accesibilidad, contacto con familia en caso de emergencia médica y uso bajo supervisión docente cuando forme parte de la propuesta pedagógica de la clase.
En el nivel secundario, la restricción se aplica durante el horario de clases, salvo para actividades con propósito pedagógico explícito. Fuera del aula, queda a discreción de cada institución establecer sus propias normas.
«No se trata de demonizar la tecnología. Los celulares son herramientas importantes», señaló Petri. «Pero su presencia desordenada en el aula genera distracción, facilita el ciberacoso entre pares y alimenta conductas adictivas en edades críticas. La escuela tiene que ser un espacio capaz de proteger la atención, la conversación, el pensamiento crítico y los vínculos interpersonales; promoviendo la educación responsable acerca del uso de dispositivos tecnológicos.”
El régimen de sanciones previsto en la iniciativa sigue las disposiciones de la Ley Provincial Nº 7.861, que establece un gradualismo en el régimen disciplinario institucional, buscando restaurar normas que protejan el aprendizaje colectivo.
La propuesta se enmarca en una preocupación internacional. Varios países europeos, algunos estados norteamericanos y provincias argentinas al igual que la Ciudad de Buenos Aires han adoptado medidas similares en los últimos tres años, con resultados positivos en concentración y reducción de conflictividad escolar.
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