Inocencia Fiscal: el Gobierno reglamentó el blanqueo y apuesta a que los argentinos saquen los “dólares del colchón”

La normativa, que modifica de manera estructural el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, tiende a que los argentinos saquen los estimados u$s 170.000 millones de “canuto” y los vuelquen a inversiones productivas.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) también puso en marcha formalmente el Régimen de Declaración Jurada Simplificada (RSG) del Impuesto a las Ganancias, una de las reformas tributarias más relevantes de la Ley 27.799.

Con esta, se busca reducir la persecución fiscal, limitar la judicialización de conflictos impositivos y generar incentivos concretos a la formalización.

Reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal

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— ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) February 9, 2026

La medida quedó establecida a través del Decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial, bajo la firma de Javier Milei, su jefe de Gabinete; Manuel Adorni; el ministro de Economía; Luis Caputo, y el ministro de Justicia; Mariano Cúneo Libarona. La reglamentación se apoya en un principio central: el contribuyente cumplidor deja de ser tratado como sospechoso permanente.

Así lo expresa el propio comunicado de ARCA: “Se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión».

“En ese esquema todos eran considerados evasores. La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y les devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, agrega.

En ese marco, el régimen introduce el concepto de efecto liberatorio del pago y una presunción de exactitud de las declaraciones juradas, que limita la capacidad del fisco de reabrir fiscalizaciones, salvo en casos puntuales y claramente definidos.

Además, se elevan de manera sustancial los umbrales penales por evasión, se reduce el plazo de prescripción de los delitos tributarios y se prioriza la regularización administrativa por sobre la vía penal, en línea con el mensaje político que viene sosteniendo el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el Gobierno destacan que, con la nueva normativa, la evasión simple solo configura delito penal a partir de los 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se fija desde los 1000 millones.

Además, el plazo de prescripción baja de cinco a tres años, lo que, según el encuadre oficial, implica que quienes se inscriban en el RSG durante los próximos meses quedarán protegidos frente a investigaciones penales una vez transcurrido ese período.

En esta línea, ARCA subraya en su reglamentación que el contribuyente que incurra en un incumplimiento y sea notificado podrá resolver su situación pagando la deuda, sin enfrentar automáticamente una causa penal, salvo en los casos de mayor gravedad.