El Gobierno reglamentó la Ley para erradicar basurales y estableció el marco operativo para la gestión integral de residuos

La reglamentación de la Ley 9659, aprobada por la Legislatura, define responsabilidades, plazos y mecanismos de control, articula con la normativa nacional y establece herramientas concretas para erradicar basurales, mejorar la valorización y ordenar la gestión municipal de los residuos en toda la provincia.

El Ejecutivo reglamentó la Ley N. 9659 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), aprobada por la Legislatura, consolidando el marco operativo que permitirá su implementación efectiva en todo el territorio provincial.

“Esta Ley es el resultado de un trabajo articulado con los municipios y equipos técnicos, construyendo consensos para que sea aplicable y efectiva en todo el territorio provincial”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Más adelante, aseguró que “con la reglamentación, ponemos en marcha un sistema con reglas claras, metas medibles y herramientas de trazabilidad digital que fortalecen el control, la transparencia y la economía circular”.

La reglamentación, elaborada luego de una ronda de trabajo y articulación técnica de la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente con municipios y recuperadores urbanos define procedimientos, responsabilidades, plazos y mecanismos de control, armonizando la normativa provincial con la Ley Nacional N.º 25.916 y consolidando un esquema coherente desde el punto de vista jurídico, ambiental y administrativo.

Además, establece instrumentos concretos para abordar problemáticas estructurales vinculadas a la disposición final inadecuada, la persistencia de basurales a cielo abierto, la baja valorización de residuos y la heterogeneidad en la gestión municipal.

Residuos sólidos urbanos: metas y seguimiento

Uno de los ejes centrales es la puesta en marcha del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (PPRSU), que deberá desarrollarse con enfoque regional y bajo el paradigma de la economía circular.

El plan establece lineamientos estratégicos, programas específicos, metas cuantificables e indicadores de seguimiento, con un horizonte de planificación que permita reducir progresivamente la cantidad de residuos destinados a disposición final y fortalecer la recuperación de materiales reciclables y orgánicos.

En paralelo, los municipios y consorcios interjurisdiccionales deberán elaborar sus respectivos planes de gestión, alineados al marco provincial. Estos instrumentos deberán incluir diagnóstico inicial, metas a corto, mediano y largo plazo, programas de separación en origen, estrategias de valorización, planes de inclusión social de recuperadores urbanos y mecanismos de seguimiento con indicadores medibles. La reglamentación prevé que estos planes tengan una vigencia de cinco años, en concordancia con el Plan Provincial.

El decreto establece condiciones ambientales y de seguridad para los Centros Tecnificados de Economía Circular, Centros de Procesamiento, Estaciones de Transferencia y Centros de Disposición Final. Asimismo, se dispone que los Centros Tecnificados trabajen prioritariamente en conjunto con cooperativas de cada región, fortaleciendo la formalización e integración de los recuperadores urbanos dentro del sistema.

Clasificación de generadores y seguimiento digital

Otro punto central de la reglamentación es la clasificación de generadores. Se consideran pequeños generadores aquellos que produzcan hasta 50 kilogramos diarios de residuos sólidos urbanos, y grandes generadores quienes superen ese umbral. Los municipios podrán adoptar criterios más exigentes, regulado por la autoridad de aplicación provincial.

La reglamentación también crea el Registro Provincial de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos y el Registro Provincial de Centros Tecnificados de Economía Circular o Procesamiento, ambos bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente, con información de carácter público. Estos instrumentos buscan fortalecer la transparencia, la formalización y el control en las distintas etapas de la gestión.

En línea con la modernización del sistema, se incorpora una herramienta digital de trazabilidad que permitirá el registro en tiempo real de los movimientos y tratamientos de residuos.

La plataforma será accesible vía web y dispositivos móviles, contará con credenciales diferenciadas según rol, garantizará la seguridad de la información y generará reportes estadísticos e informes públicos para facilitar la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos.

En relación con los basurales a cielo abierto, el decreto establece la obligación de que los municipios desarrollen planes de cierre y remediación con contenidos mínimos definidos, así como proyectos específicos para cada sitio. Esta medida apunta a reducir riesgos ambientales, sanitarios y sociales asociados a la disposición incontrolada de residuos.

El régimen también fija el procedimiento ante incumplimientos, estableciendo plazos para descargos, posibilidad de medidas preventivas y criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones, sin perjuicio de la obligación de recomposición ambiental cuando corresponda.

La reglamentación aprueba además anexos técnicos que incluyen definiciones operativas, requerimientos mínimos para la gestión de residuos de construcción y demolición y un código unificado de colores para la clasificación e identificación de fracciones de residuos sólidos urbanos, herramienta fundamental para consolidar la separación en origen en todo el territorio provincial.

Con esta reglamentación, la Provincia consolida un marco integral que articula planificación estratégica, control, trazabilidad, inclusión social y fortalecimiento institucional, sentando las bases para una transición progresiva hacia un modelo de gestión más eficiente, ambientalmente responsable y económicamente sostenible.