El Gobierno de Mendoza promulgó el decreto de la nueva Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

La normativa, aprobada por la Legislatura, establece un nuevo marco legal para garantizar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, erradicar basurales a cielo abierto, promover la educación ciudadana y avanzar hacia una provincia que crezca en un marco ambientalmente responsable.

El Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, firmaron el Decreto que pone en vigencia la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), recientemente aprobada por la Legislatura provincial tras más de un año de trabajo conjunto con los municipios, legisladores y recicladores urbanos.

La nueva norma establece un sistema integral de gestión de residuos basado en la economía circular, la inclusión social, la transparencia y la protección ambiental, consolidando esta política como una prioridad para el desarrollo sostenible de Mendoza.

El texto crea un Sistema Provincial de Residuos articulado con los 18 departamentos, con principios rectores claros, competencias definidas, estándares mínimos, herramientas de planificación regional y mecanismos de control, sanción y participación ciudadana.

Además, promueve una regionalización de la gestión, que divide a la provincia en cuatro zonas —Metropolitana, Este, Centro y Sur—, de modo que cada municipio elabore su Plan Municipal de Residuos (PMGIRSU) en consonancia con el Plan Provincial.

Autoridad de aplicación

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Energía y Ambiente, que tendrá a su cargo el diseño e implementación de políticas GIRSU, la asistencia técnica y legal a los municipios, la coordinación de consorcios, la fiscalización de infraestructuras y el seguimiento del cumplimiento de metas.

La normativa contempla la puesta en marcha un Sistema de Información Ambiental Público, con trazabilidad digital y auditorías constantes, que permitirá monitorear la evolución de la gestión en tiempo real.

Entre los principales ejes de la ley se destacan el cierre progresivo de basurales a cielo abierto, el fortalecimiento de la economía circular, la separación en origen, la digitalización del proceso de trazabilidad y la integración social y laboral de recuperadores urbanos. Asimismo, regula la gestión de residuos de origen domiciliario, comercial, institucional, de poda, construcción y demolición, entre otros.

En el aspecto social, la norma impulsa la formalización y capacitación de los recuperadores urbanos, promoviendo su inclusión laboral y el fortalecimiento de las cooperativas de reciclaje. También fomenta la creación de centros de economía circular, gestionados por municipios o en articulación con el sector privado, con el objetivo de generar empleo local, innovación tecnológica y revalorización de materiales.

Cómo será el financiamiento

Para garantizar la puesta en marcha del sistema, se crea el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza, compuesto por asignaciones presupuestarias provinciales, tasas específicas GIRSU, multas ambientales y recursos judiciales por pasivos ambientales.

Este fondo permitirá financiar infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y programas de fortalecimiento institucional. A su vez, autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar financiamiento nacional e internacional destinado a obras y proyectos ambientales.

El nuevo marco normativo incorpora un régimen de fiscalización y sanciones a cargo de la Provincia y los Municipios, que incluye inspecciones, auditorías, denuncias ciudadanas y acciones legales. Las sanciones podrán ir desde multas y clausuras hasta la conmutación por programas productivos o educativos que promuevan la mejora ambiental.

La Ley GIRSU reemplaza la Ley Provincial 5970 y se articula con la Ley Nacional General del Ambiente (25675), la Ley Nacional 25.916 sobre residuos domiciliarios y la Ley Provincial 5961, estableciendo un marco coherente y actualizado para la gestión ambiental.

Con la promulgación y puesta en vigencia de esta norma, el Gobierno de Mendoza da un paso decisivo hacia un modelo de crecimiento ambientalmente responsable, con reglas claras para el presente y el futuro de una provincia sostenible.