Argentina cierra un acuerdo con fondos holdouts y busca poner fin, previa aprobación del Congreso, a uno de los últimos juicios del default de 2001

A más de 25 años del default de 2001, la deuda argentina sigue generando costos y consecuencias. A lo largo de distintos gobiernos y con estrategias de signos políticos diversos, el país fue achicando el frente de conflictos judiciales abiertos en el exterior. Ahora, la administración de Javier Milei busca cerrar uno de los últimos capítulos pendientes: un acuerdo con fondos que nunca ingresaron a los canjes de deuda y que contaban con sentencias firmes a su favor en Estados Unidos.

El entendimiento fue comunicado oficialmente a la jueza Loretta Preska, quien centraliza las demandas contra la Argentina en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según informó el estudio jurídico que representa al país, el acuerdo definitivo fue firmado el pasado 1 de abril y quedó sujeto a la aprobación del Congreso de la Nación, al que el Gobierno espera enviar el proyecto en los próximos días.

El litigio involucraba a dos grupos de acreedores. El más voluminoso estaba liderado por el fondo Attestor e incluía a otros inversores como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, con reclamos por aproximadamente US$ 500 millones. El segundo grupo era encabezado por Bainbridge, con una deuda cercana a los US$ 95 millones. Ambos habían quedado fuera de los canjes realizados tras el default y mantuvieron activa la vía judicial.

Durante años, estos fondos avanzaron con pedidos de embargo sobre activos argentinos, habilitados por la Corte Suprema de Estados Unidos. Uno de los golpes más duros se produjo el año pasado, cuando lograron embargar US$ 310 millones que el país tenía depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York como garantía de los bonos Brady, que vencieron en 2023. De ese total, Attestor cobró US$ 210 millones, mientras que otros US$ 100 millones quedaron bloqueados por la jueza Preska al estar en disputa con Bainbridge.

Con ese antecedente, el monto final del acuerdo que llegará al Congreso sería sensiblemente menor al total reclamado y, según estimaciones oficiales, no superaría los US$ 200 millones. El pago permitiría dejar sin efecto los reclamos restantes y, sobre todo, desactivar los pedidos para que la Argentina entregara acciones de empresas y bancos públicos, como el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF, para saldar la deuda.

El cierre de este frente judicial se produce pocos meses después de que el Gobierno celebrara una victoria en tribunales de Nueva York en la demanda por la expropiación de YPF, por un reclamo cercano a los US$ 16.000 millones. En este nuevo caso, sin embargo, la estrategia fue diferente: negociar y pagar para evitar nuevos embargos y prolongar un conflicto heredado.

La historia reciente de la deuda muestra la persistencia del problema. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, la Argentina pagó US$ 9.300 millones a un grupo de holdouts, lo que permitió levantar las cautelares que bloqueaban el pago a los bonistas que habían ingresado al canje de 2005 y sacar al país del default técnico. Aun así, quedó un remanente de acreedores que continuó litigando pese a que más del 95% de los tenedores de deuda había aceptado los canjes de 2005, 2010 y 2020.

Con este nuevo acuerdo, el Gobierno apuesta a cerrar uno de los últimos focos abiertos del default de 2001 y a reducir el riesgo de nuevas medidas judiciales sobre activos estratégicos. La última palabra, no obstante, la tendrá el Congreso, que deberá aprobar el entendimiento y el esquema de pago para que el capítulo pueda darse finalmente por terminado.

Con información de Clarín