Argentina apeló el fallo que obliga al país entregar las acciones de YPF

La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.000 por el proceso de nacionalización de YPF con la entrega del 51% de la compañía. Sin embargo, no esperó la respuesta de la magistrada y apeló el fallo.

Tal como había anticipado el presidente Javier Mieli vía X, el Estado apeló el fallo de la jueza neoyorquina de primera instancia que condenó a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, como parte del pago de los US$ 16.100 millones de dólares más intereses que le debe al fondo Burford Capital por la expropiación de la empresa.

El miércoles, a través de la Procuración del Tesoro, se presentaron dos escritos ante el juzgado del distrito sur de Manhattan, con el objetivo de suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el recurso ante una instancia superior.

Lo primero que hizo la Argentina después del fallo histórico de la semana pasada, en el cual la jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que el país debe entregar su 51% de YPF a los fondos Burford Capital e Eton Park, fue presentar un pedido para que se suspenda la sentencia hasta que no se resuelva la apelación, que finalmente se presentó este jueves 10 de julio.

A su vez, lo primero que hicieron esos fondos, que demandaron al país por la estatización de la petrolera, fue oponerse con sendas presentaciones a la solicitud de Argentina. Lo mismo hizo el fondo Bainbridge, que tiene una demanda aparte, por el default de 2001, pero a quien la jueza también le otorgó acciones de YPF.

En respuesta, el martes a la noche, Argentina envió al juzgado dos escritos contra los argumentos de los fondos, a la espera de que Preska dé su opinión sobre la suspensión. Javier Milei dijo ayer que “el fallo no tiene aplicación en Argentina porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.

Burford adquirió los derechos para litigar que tenía el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueña del 25% de YPF al momento de su expropiación. La demanda se basa en que, según los propios estatutos de la empresa, cuando Argentina se quedó con el 51% que era de la española Repsol tendría que haber lanzado una oferta por todas las acciones, incluidas las de Petersen.

Según aseguraron desde la Procuración, en el escrito de Petersen/Eton se cita y acompaña la transcripción traducida de la conferencia del gobernador Axel Kicillof de la semana pasada, “quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”.

Clarín

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