Una jueza suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la imputabilidad a los 14 años en Buenos Aires

La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires.

Así lo informaron fuentes judiciales. La jueza Pascual tomó la decisión al resolver una “acción de habeas corpus” presentada por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo —encolumnada con el Episcopado argentino— “en favor de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.

La resolución de la jueza Pascual, aunque no se ocupa de la legalidad de la ley que constituyó el régimen penal juvenil vigente en todo el país desde el sábado, tendrá un efecto concreto y dramático en la provincia más poblada y, en consecuencia, la de mayor cantidad de delitos: si, por caso, un menor de 14 o 15 años asesinara a una persona, no podría ser encarcelado.

“Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescente en conflicto de la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes unas vez cumplida la medida”, afirmó la jueza en el citado fallo.

La ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. Hoy, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rebaja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.

El Ministerio de Justicia de la Nación es el órgano designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. A su vez, la normativa estableció mecanismos para el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la “coordinación con las provincias”.

En su fallo, la jueza Pascual explicó: “Resulta evidente que el estado de situación actual de los dispositivos de privación de la libertad provincial -entre ellos, el que tiene asiento en este departamento- no permite al día de la fecha recibir una mayor cantidad de adolescentes, con la complejidad que además puede implicar la incorporación de sujetos de otras franjas de edad y diferente etapa de desarrollo, al menos sin afectar sus derechos fundamentales y agravar su estado de vulnerabilidad que generalmente se constata al momento de su ingreso al sistema”.

Según su página web, la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el sacerdote José María Di Paola —el “padre Pepe”—, agrupa a los centros barriales “que dan respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades”.

Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde y también fue presidenta del Consejo Provincial del Menor. Además, presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia.

El año pasado recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Guillermo Brown; se lo entregó el entonces intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

“No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Yo aplico lo que se llama ‘justicia restaurativa’, que tiene que ver con restaurar los vínculos y que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no ‘pibes chorros’. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”, sostuvo la magistrada en una entrevista con la radio Now 97.9.

En el fallo, la jueza fijó una audiencia para el miércoles 16 de septiembre próximo; citó a los “responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo provincial con injerencia en el tema para que informen respecto de las medidas que han sido tomadas para la implementación de la ley, aquellas que se encuentran previstas y planificadas, así como su plazo”.

La magistrada también explicó que “resulta imperioso” solicitar al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que “arbitren las medidas necesarias para efectivizar la suspensión aquí dispuesta”.

El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia al que hizo referencia la magistrada depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque, “el Cuervo”.

La Nación