Mendoza será la primera provincia del país en reglamentar integralmente el uso del reconocimiento facial

El Gobierno provincial publicará esta semana la reglamentación de la Ley 9562, que establecerá las condiciones para aplicar reconocimiento facial dentro del Sistema Provincial de Videovigilancia. Desde el 1 de mayo, la herramienta generó 107 alertas y permitió detener a 23 personas buscadas por la Justicia.

Nuestra provincia avanza en la incorporación del reconocimiento facial al Sistema Provincial de Videovigilancia con una reglamentación integral que definirá cómo se generan y validan las alertas y cuáles son los procedimientos que debe seguir ante una coincidencia. De esta manera, Mendoza será la primera del país en contar con un marco específico para el uso de esta tecnología en la búsqueda de personas con requerimientos judiciales. Así lo anunciaron el Gobernador, Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

Estuvieron presentes en la presentación el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich; el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el director general de Policías, Marcelo Calipo; el director general de Investigaciones, José Vega; el director de administración, Marcelo Penutto y el jefe del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), Alfredo Vicencio.

El decreto reglamentario de la Ley 9562 será publicado esta semana en el Boletín Oficial y establecerá las condiciones operativas, técnicas y procedimentales para utilizar esta tecnología en la búsqueda de personas con requerimientos judiciales.

Desde el 1 de mayo de este año, el sistema generó 107 alertas, de las cuales 57 % correspondió a pedidos de captura y 24 % a búsquedas de paradero. Las alertas vinculadas con pedidos de captura permitieron detener a 23 personas buscadas por la Justicia. Entre ellas había individuos requeridos en causas por robos, tentativa de homicidio y hechos de violencia de género. Durante este período no se registraron falsos positivos.

En la presentación, el Gobernador destacó que “el decreto reglamentario permitirá regular el uso de herramientas digitales para la identificación de personas con todas las garantías del debido proceso y con todas las garantías de privacidad de las personas”. En ese sentido, señaló que la incorporación de esta tecnología tiene como objetivo profundizar una política de seguridad que permita obtener mejores resultados y que, “fundamentalmente, garantice una política de mano firme del Estado contra los delincuentes”.

Cornejo explicó que el reconocimiento facial forma parte de un plan integral que el Gobierno provincial viene desarrollando en materia de seguridad, con una inversión histórica en bienes de capital, tecnología, equipamiento, patrulleros y capacitación para el personal policial. El Gobernador sostuvo que, “si bien Mendoza ha realizado una serie de cambios durante los últimos años, no son suficientes para los resultados que queremos alcanzar”, por lo que planteó la necesidad de continuar incorporando herramientas que permitan mejorar y profundizar la respuesta frente al delito.

Luego, señaló que “las nuevas tecnologías generan expectativas de alcanzar muchos más y mejores resultados en materia de seguridad” y remarcó que el objetivo es contar con instrumentos que permitan proteger a la gente de bien y castigar a los que están dedicados al delito.

El mandatario también vinculó la reglamentación del reconocimiento facial con el proyecto de Ley de Ciberseguridad, que se encuentra en tratamiento legislativo y que ya obtuvo media sanción. Explicó que “ambas herramientas buscan responder tanto a los delitos tradicionales como a los nuevos delitos que ocurren a partir de la tecnología”.

En cuanto al reconocimiento facial, Cornejo resaltó que “permitirá identificar personas que son buscadas por la Justicia y acorralarlas para que esos delincuentes no puedan estar en la vía pública”. A su vez, destacó la posibilidad de ampliar el sistema mediante cámaras privadas, a partir de los convenios que la Provincia ya mantiene con el sector privado y de aquellos que se aspira a seguir incorporando, para contribuir a la identificación de personas y al esclarecimiento de hechos judiciales.

El Gobernador también señaló que la incorporación tecnológica debe estar acompañada por una Policía con mayor presencia y una adecuada distribución de sus recursos humanos. En ese sentido, remarcó “la importancia del liderazgo de los jefes policiales, la capacitación en nuevas tecnologías y la necesidad de contar con personal bien ubicado, bien distribuido, bien liderado y haciéndose cargo de la tarea policial”.

Cornejo consideró que la tecnología permite mejorar la eficiencia de la fuerza, aunque aclaró que “remplaza en parte a personal, pero no lo remplaza del todo, ya que la tarea policial continúa siendo indispensable para intervenir y hacer cumplir la ley”. A su vez, remarcó que contar con una normativa específica brinda herramientas y respaldo para que los efectivos puedan desarrollar su función y detener a quienes cometen delitos o son buscados por la Justicia.

Además, señaló que la nueva tecnología debe articularse con un plan judicial y con las modificaciones realizadas en materia de flagrancia. Explicó que el reconocimiento facial y las nuevas herramientas tecnológicas permitirán identificar a más personas vinculadas con delitos y, por lo tanto, generar las condiciones para que puedan ser juzgadas con mayor rapidez.

En este punto, destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia y con las autoridades judiciales para adecuar los recursos y dar respuestas rápidas frente a los nuevos casos que surjan a partir de la implementación del reconocimiento facial y de la futura ley de ciberseguridad.

Cornejo explicó además que la reglamentación fue elaborada luego de un proceso de análisis y consulta encabezado por la ministra Mercedes Rus, que incluyó a funcionarios judiciales del ámbito federal y provincial, especialistas en ciberdelitos y actores que tendrán intervención en la aplicación de la normativa. También valoró el acompañamiento de la Policía, a la que consideró “necesario continuar capacitando para afrontar las nuevas tareas”.

Finalmente, destacó la modernización del sistema 911 y señaló que todavía es necesario profundizar su gestión para alcanzar los resultados buscados. En ese sentido, afirmó que “el nuevo decreto empodera al 911 como el centro de inteligencia para la prevención y la represión del delito”.

“Sistema integral de seguridad y nueva tecnología”

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia puso en valor el proceso de gestión desarrollado por la Provincia para llegar a la implementación del reconocimiento facial y destacó la presencia de funcionarios y representantes de las fuerzas de seguridad y penitenciarias como parte de este proceso. Señaló que “el nuevo sistema es consecuencia de una política que busca enfrentar el delito mediante distintas herramientas” y sostuvo: “No veníamos a administrar el delito, sino que veníamos a enfrentarlo”.

Posteriormente, Rus explicó que esa estrategia se desarrolló mediante el monitoreo de personas vinculadas con hechos delictivos a través de los centros de monitoreo propios y de aquellos integrados con los municipios. A esto se sumó la aplicación de la ciencia y la tecnología a la seguridad, con la incorporación de laboratorios especializados que permiten generar la evidencia necesaria para que la Justicia pueda avanzar en las investigaciones y condenas.

La ministra sostuvo que “el sistema de seguridad vigente en Mendoza no empieza ni termina en el patrullaje, sino que comprende distintas etapas que permiten perfilar e identificar delincuentes, detenerlos y generar evidencia para que la Justicia pueda condenarlos”. También destacó el desarrollo de normas destinadas a acompañar este proceso y los resultados obtenidos a partir de los operativos policiales.

En ese sentido, informó que durante este período se realizaron 78 megaoperativos, en los que la Policía de Mendoza aprehendió en promedio a 10 personas por operativo. Además, señaló que “actualmente, por hora, la Policía aprehende 23 personas en conjunto con la Justicia”.

Rus también destacó el trabajo desarrollado para desarticular lugares utilizados por delincuentes y cerrar los aguantaderos, que, según explicó, “funcionaban como espacios para el consumo de drogas y alcohol y afectaban la seguridad de los barrios”. En paralelo, valoró el acompañamiento de normas destinadas a intervenir sobre este tipo de situaciones.

La ministra puso además el foco en el fortalecimiento de los laboratorios de ciencia y tecnología. Explicó que al Laboratorio de Genética se incorporaron 12.000 nuevas muestras y destacó la importancia que tendrá este recurso para el sistema de reconocimiento facial. A su vez, señaló que “el Laboratorio de Balística, inaugurado durante el primer semestre de este año, ya alcanzó 90 coincidencias positivas, lo que permite vincular armas secuestradas por la Policía con hechos delictivos investigados”.

En materia de videovigilancia, Rus destacó la integración de cámaras privadas y municipales al sistema provincial y señaló que la Provincia cuenta actualmente con 151 cámaras con reconocimiento facial. Según explicó, “todo este esquema permite identificar personas y fortalecer la respuesta policial ante situaciones vinculadas con requerimientos judiciales”.

Respecto del funcionamiento específico de la tecnología, la ministra adelantó que la reglamentación que será publicada en el Boletín Oficial establece los procedimientos y contempla tres códigos de alerta: “El primero corresponde a personas con pedidos de captura de la Justicia; el segundo permitirá identificar a quienes, teniendo prisión o arresto domiciliario, incumplan esa disposición; y el tercero estará destinado a las búsquedas de paradero».

Rus explicó que este último código permitirá utilizar la herramienta en casos de personas extraviadas, como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a su localización mediante el Sistema de Videovigilancia.

“No es un sistema que actúa automáticamente, es un sistema con verificación humana suficiente”, afirmó, y explicó que esta tarea es realizada por la Policía desde el Centro Estratégico de Operaciones y también en la vía pública.

Según Rus, este mecanismo de control es una instancia fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y validar las alertas antes de cualquier intervención policial. En ese sentido, destacó que “durante los primeros 100 días de implementación no se registraron falsos positivos, es decir, no hubo casos en los que una persona fuera identificada erróneamente como aquella que figuraba en una orden judicial”.

Finalmente, la ministra destacó que “Mendoza se encuentra en una posición de liderazgo al contar con un sistema de reconocimiento facial en ejecución, respaldado por una ley específica y una reglamentación que establece las condiciones para su funcionamiento”. Consideró que este marco legal “legitima el sistema y consolida estos 100 días de práctica” y sostuvo que “la ausencia de falsos positivos habla bien del sistema, habla bien del trabajo del Ministerio y habla bien de las bondades que tiene el sistema para la seguridad de la provincia”.

Casos resueltos a partir del reconocimiento facial

Uno de los procedimientos permitió localizar a un hombre buscado por un robo agravado cometido en abril. En esa investigación, una pericia genética había permitido identificar al presunto autor y posteriormente la Justicia ordenó su captura.

El 3 de junio, el sistema de reconocimiento facial generó una alerta que permitió localizarlo y, tras las verificaciones correspondientes, la Policía concretó la detención. El hombre registraba 21 causas judiciales y posteriormente fue condenado.

El sistema permitió además localizar y detener, el 30 de mayo, a un hombre requerido por la Justicia en una causa por violación.

Otro de los casos se produjo el 29 de junio, cuando una alerta permitió localizar a una mujer buscada en una investigación por robo agravado por el uso de arma, en poblado y en banda.

Qué establecerá la reglamentación

El decreto reglamentario establecerá que el reconocimiento facial podrá utilizarse para tres tipos de alertas: búsqueda de paradero, control de personas bajo prisión o detención domiciliaria y captura o detención de personas requeridas por la Justicia.

La incorporación de una persona al sistema deberá surgir de una fuente judicial habilitante y verificable. Cada requerimiento deberá identificar a la persona, la finalidad de la medida, su vigencia, la autoridad requirente y el expediente o legajo correspondiente.

La reglamentación prohibirá la creación de listas informales, paralelas o no documentadas. El reconocimiento facial funcionará como una herramienta de orientación investigativa. La tecnología comparará la imagen captada por las cámaras con las incorporadas al sistema y generará una hipótesis de coincidencia. Esa alerta no determinará por sí sola la identidad de una persona ni producirá automáticamente una detención.

Ante una coincidencia, un operador habilitado del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) deberá realizar una primera validación humana, verificando la calidad de la imagen, el nivel de coincidencia y la correspondencia visual.

Si la alerta es validada, el CEO comunicará la novedad al personal policial. Los efectivos desplegados en territorio deberán realizar una segunda verificación de identidad y constatar que el requerimiento judicial continúe vigente antes de adoptar cualquier medida.

Todo el procedimiento quedará registrado y sujeto a trazabilidad (seguimiento), auditoría y controles periódicos. La reglamentación contemplará además medidas de confidencialidad, protección de datos personales, seguridad de la información y evaluaciones de impacto.

Con la publicación de la reglamentación de la Ley 9562, Mendoza establecerá un procedimiento integral para incorporar el reconocimiento facial a la búsqueda de personas requeridas por la Justicia, articulando la tecnología del Sistema Provincial de Videovigilancia con la validación de los operadores del CEO y la intervención de la Policía en territorio.