El Gobierno eliminó el pase automático del personal a OSFA. ATE estima que 1.450 trabajadores quedarían fuera de la nueva obra social, mientras persisten una deuda millonaria y una investigación judicial sobre la gestión del organismo.

La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sumó un nuevo capítulo. Tras su disolución en febrero de 2026, el Gobierno modificó las condiciones de liquidación y dejó sin efecto la transferencia total del personal a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La decisión generó reclamos sindicales y preocupación por la continuidad de la atención sanitaria.

El pase a OSFA ya no será automático

El decreto 1286/2026, publicado el 28 de octubre, estableció que el directorio de OSFA definirá los puestos necesarios y seleccionará al personal que será incorporado. El Gobierno justificó el cambio por la reducción de la estructura, tras el traslado de los afiliados de Gendarmería y Prefectura a OSFFESEG, y por el límite del 8% de los recursos destinado a gastos administrativos.

Según ATE, de los 2.450 trabajadores actuales, 1.000 pasarían a OSFA, 450 empleados de planta permanente quedarían en disponibilidad y otros 1.000 contratos serían dados de baja. Se trata de una estimación sindical: el Gobierno no informó una cifra definitiva de transferencias ni de desvinculaciones. La disponibilidad tampoco equivale a una baja inmediata.

Preocupación por la atención sanitaria

El gremio confirmó que el 2 de noviembre comenzaron a llegar comunicaciones de desvinculación a trabajadores de delegaciones, farmacias y policonsultorios. También advirtió que el cierre de dependencias podría dificultar los trámites, los reintegros y la atención básica de una población de aproximadamente 352.000 beneficiarios.

En Punta Alta, ATE señaló que la dotación prevista para la delegación, las farmacias y el policonsultorio sería de 54 puestos, frente a los 83 trabajadores existentes. El sindicato anunció medidas de fuerza y una movilización al Ministerio de Defensa.

Una deuda que supera los $210.000 millones

El conflicto se suma al deterioro financiero registrado durante la gestión de Luis Petri en Defensa. Según la auditoría interna N.º 09/25, la deuda de IOSFA pasó de aproximadamente $44.000 millones a más de $210.000 millones en un año. Ese monto, calculado al 30 de junio de 2025, no incluía el saldo del préstamo del IAF, que ascendía a otros $77.122 millones con intereses.

El crédito original, de $40.000 millones, había sido aprobado para fortalecer el funcionamiento de la obra social. La auditoría concluyó que el ingreso de fondos extraordinarios no había corregido el déficit estructural.

Las investigaciones judiciales, bajo un mismo expediente

El 6 de julio de 2026, la Cámara Federal porteña unificó dos investigaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas a IOSFA y al préstamo del IAF. El expediente quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González, y comprende actuaciones relacionadas con Petri y Francisco Adorni, expresidente del IAF.

La investigación analiza contrataciones, endeudamiento y el destino de los recursos. Las compras directas de medicamentos de alto costo y las diferencias de precios también plantean interrogantes sobre los controles. Esas diferencias no prueban por sí solas un delito, y la unificación de las causas no implica un procesamiento ni una declaración de culpabilidad.

Mientras la Justicia busca determinar responsabilidades, la transición a OSFA combina reclamos laborales, obligaciones financieras pendientes y la demanda de los afiliados de garantizar la continuidad de las prestaciones