Ingresó a la Legislatura la cuarta etapa de la Ley Hojarasca, que propone derogar 137 normas de los años ’90

En esta etapa se analizaron 383 leyes sancionadas entre 1991 y 1999 y se propone derogar 137 que quedaron obsoletas, cumplieron su objeto o fueron reemplazadas por normas posteriores. La revisión forma parte de una tarea técnica sostenida que llevan adelante equipos de la Legislatura de Mendoza.

El Poder Ejecutivo ingresó por Mesa de Entradas del Senado de Mendoza la cuarta etapa de la Ley Hojarasca, iniciativa que busca continuar con el proceso de revisión, depuración y simplificación del marco normativo provincial.

El denominado Proyecto Hojarasca IV contempla la revisión de las leyes generales sancionadas entre 1991 y 1999. Para su elaboración se analizaron 383 normas y, como resultado de ese trabajo, se propone la derogación total de 137 leyes, junto con sus modificatorias, por considerar que han perdido vigencia efectiva debido al desuso, la obsolescencia tecnológica, el cumplimiento de los objetivos para los que fueron sancionadas o la superposición con legislación posterior.

Detrás del proceso de depuración normativa existe una importante tarea técnica desarrollada por personal de la Legislatura de Mendoza, con un rol central de la Secretaría Legislativa del Senado, que participa en el análisis, sistematización y revisión del cuerpo normativo provincial.

Se trata de un trabajo que requiere revisar las normas de manera individual, determinar su vigencia y analizar si sus disposiciones continúan teniendo aplicación efectiva, si fueron modificadas o reemplazadas por legislación posterior, si cumplieron el objeto para el que fueron sancionadas o si quedaron desactualizadas frente a los cambios tecnológicos y sociales.

Esta labor permite identificar normas que, aunque continúan formalmente incorporadas al ordenamiento jurídico, ya no tienen una aplicación concreta o generan superposiciones con disposiciones más recientes.

El trabajo de los equipos legislativos constituye así un componente fundamental del proceso de ordenamiento y consolidación normativa, ya que la depuración no se limita a eliminar leyes, sino que implica reconstruir el recorrido de cada norma y determinar su situación dentro del sistema jurídico provincial.

La tarea se desarrolla de manera articulada con las distintas áreas involucradas y con el Poder Ejecutivo, procurando que cada propuesta de derogación responda a un análisis técnico y jurídico previo.

Cuatro etapas para ordenar el marco normativo

La Ley Hojarasca se plantea como una herramienta para identificar aquellas normas que permanecen formalmente vigentes, pero que ya no tienen una aplicación efectiva o fueron desplazadas por nuevos marcos regulatorios.

• En la primera etapa, se analizaron 102 leyes sancionadas entre 1896 y 1950, de las cuales se propuso derogar 75.
• La segunda etapa comprendió 172 leyes correspondientes al período 1951-1975, con una propuesta de derogación de 91 normas.
• En tanto, durante la tercera etapa, presentada en febrero, fueron revisadas 303 leyes sancionadas entre 1976 y 1990 y se propuso la derogación de 133.
• Ahora, la cuarta etapa comprende las normas sancionadas entre 1991 y 1999, con 383 leyes analizadas y 137 propuestas para su derogación.

De esta manera, el proceso permitió avanzar sobre la legislación provincial correspondiente a todo el siglo XX y detectar aquellas normas que perdieron operatividad a lo largo del tiempo.

Normas que quedaron superadas por la tecnología

Entre los fundamentos del nuevo proyecto se señala que parte de las leyes de los años ’90 quedaron desactualizadas frente a los cambios tecnológicos y sociales registrados durante las últimas décadas.

Uno de los casos es la Ley 5732, que establecía la obligación de la Imprenta Oficial de producir ejemplares físicos de la Constitución para estudiantes. La propuesta considera que el acceso digital a la normativa provincial permite actualmente consultar estos contenidos de manera inmediata.

También se plantea la derogación de las Leyes 6061 y 6073, que regulaban mecanismos vinculados con la telefonía fija, como los medidores de pulsos y la distribución de guías telefónicas impresas.

Otro ejemplo es la Ley 5647, relacionada con la manifestación de voluntad de donar órganos en el carnet de conducir. Según los fundamentos, esta regulación quedó superada por la legislación nacional vigente en materia de trasplantes.

Asimismo, se propone eliminar la Ley 6733, sancionada en el marco de las previsiones vinculadas con el denominado efecto Y2K o “problema del año 2000”, cuyo objeto quedó cumplido una vez superada esa situación.

Leyes reemplazadas por nuevos marcos normativos

El proyecto también identifica normas cuyos contenidos fueron absorbidos o reemplazados por legislación posterior.

Entre ellas figura la Ley 6082, que establecía el régimen de tránsito de la década de 1990 y cuyos contenidos fueron posteriormente integrados y actualizados mediante la legislación provincial vigente en materia de tránsito y movilidad.

También se incluye la Ley 5869, que creó un Registro Único de Salud en 1991. De acuerdo con la fundamentación, ese esquema quedó superado por el proceso de transformación digital del sistema sanitario establecido posteriormente.

Otro de los casos mencionados es la Ley 5667, vinculada con la promoción inicial del gas natural comprimido. La norma fue sancionada en un contexto en el que esta tecnología requería políticas específicas de fomento, mientras que actualmente se encuentra ampliamente consolidada.

El cierre de la revisión del siglo XX

La cuarta etapa constituye un nuevo avance en el objetivo de contar con un sistema normativo más ordenado, claro y accesible. El análisis realizado permitió identificar que una parte significativa de las normas sancionadas durante la década de 1990 ya no produce efectos jurídicos concretos o responde a situaciones que dejaron de existir.

El proyecto contempla además la eliminación de normas vinculadas con planes de obras y proyectos de infraestructura cuyos objetivos ya fueron cumplidos, así como de comisiones, programas y mecanismos de asesoramiento creados con carácter temporal durante ese período.

Con esta nueva etapa, el proceso de revisión alcanza a las leyes sancionadas durante todo el siglo XX. La planificación contempla continuar posteriormente con el análisis sistemático de las normas dictadas a partir del año 2000, con el objetivo de avanzar hacia un Digesto Provincial más ágil, claro y accesible para los ciudadanos.

En este camino, el aporte de los equipos técnicos de la Legislatura resulta central para sostener una tarea que, por sus características, demanda continuidad, conocimiento especializado y un análisis minucioso del ordenamiento jurídico provincial. La Secretaría Legislativa del Senado tiene en este proceso un papel destacado, aportando el trabajo técnico necesario para que la revisión de las normas se traduzca en un sistema legislativo más ordenado y comprensible.