El Gobierno evalúa medidas luego que Irán declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas

Por ejemplo, hay misiones internacionales que se hacen desde hace años, estudios en el exterior, ejercicios conjuntos y visitas protocolares que pueden llevar no solo Jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo dalle Nogare, al jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, o al brigadier Gustavo Valverde a países amigos de Irán, sino que los mismos miembros de las FF.AA. pueden distraerse y verse afectados frente a medidas que los iraníes estudiaron durante meses y que, en principio, lograron infligir temor.

Este miércoles se supo que el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, -el hombre que ayudó financieramente a la administración Milei- se mudó a una base militar con su familia por considerarse “en estado avanzado” amenazas en su contra por parte del régimen de Irán.

La cancillería del régimen persa informó este miércoles que la decisión -que excluye sin explicaciones al Ejército argentino- es una medida que se tomaba en aplicación de una ley interna de 2019 sobre “Medidas Recíprocas en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista por parte de los Estados Unidos”, lo que también implementó Javier Milei por pedido de Donald Trump y del israelí Benjamín Netanyahu.

La ley establece que «todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de los Estados Unidos de América de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista quedarán sujetos a medidas recíprocas. Es evidente que el Gobierno argentino deberá asumir la responsabilidad por todas las consecuencias derivadas de esta medida», señaló en su comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán que conduce Abbas Araghchi.

Pero al mismo tiempo, lo anunciado por Teherán se produce en el contexto de un deterioro total de las relaciones argentino-iraníes no solo por la cuestión de la causa Amia sobre el atentado terrorista de 1994, sino que actuó frente a los persas solo en función de lo que reclamaron los gobiernos estadounidense e israelí.

Así, Milei convirtió a Irán en uno de los principales adversarios de su política exterior, que venía caldeada por el caso del avión de Emtrasur Cargo de Venezuela comprado a Irán, cuya tripulación fue retenida con la aeronave en junio de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández. Los venezolanos e iraníes fueron liberados tras una investigación infructuosa. Pero el avión fue enviado a Estados Unidos para su decomiso apenas asumió Milei, en febrero de 2024.

Lejos de la neutralidad histórica de la Argentina, Milei fue uno de los pocos líderes en el mundo que tomó abierto partido por Trump y Netanyahu en su guerra contra Irán, al que declaró “país enemigo” de Argentina. En los bombardeos de 2025, el ex canciller Gerardo Werthein cerró la embajada argentina en Teherán. Y mudó a su encargado de negocios, Mariano Jordan, a Azerbaiján. Nunca más se abrió.

Después, en enero de este año, Milei declaró terrorista a la Fuerza Quds y a 13 personas ligadas a esta división de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (la IRGC) que también fue declarada terrorista por la el gobierno nacional en marzo de 2026.

El 2 de abril expulsaron al consejero y encargado de negocios de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani, al que declararon “persona non grata” por pedido de Israel.

El comunicado de la Cancillería que «rechaza categóricamente la decisión” de Irán señaló este miércoles que se trata de una medida que “carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía nacional, que desarrollan sus funciones con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados».

Después recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, de 1992 y contra la AMIA, de 1994. Y recordó que Teherán seguía «sin cooperar», ya que «no cumple las órdenes internacionales de detención vigentes y ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por nuestros tribunales».