Mendoza presentó el proyecto de ley para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Gobierno provincial ingresó a la Legislatura la iniciativa que adecúa el sistema mendocino a la nueva legislación nacional, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. El proyecto reorganiza el fuero especializado, incorpora nuevos mecanismos de seguimiento y control y regula las medidas alternativas, la privación de la libertad y los procesos de reinserción.

El Gobierno de Mendoza presentó este martes en la Legislatura el proyecto de ley para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. Se trata de una reforma integral que adecua la normativa local a la Ley Nacional 27801 y establece un nuevo esquema para la intervención del Estado frente a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La iniciativa fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. Estuvieron presentes la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y la jefa de Gabinete, Daniela García.

El proyecto llega a la Legislatura luego de meses de trabajo conjunto entre distintas áreas del Ejecutivo y organismos vinculados con el sistema penal juvenil. La propuesta reemplaza el régimen provincial vigente y adapta la estructura institucional, judicial y operativa de Mendoza a la nueva legislación nacional, que comenzará a regir el 5 de septiembre.

Rus explicó que la aplicación del nuevo régimen nacional no depende de la aprobación del proyecto de ley integral de responsabilidad penal juvenil presentado por la Provincia. “El 5 de septiembre empieza a regir una ley nacional que aplica a todo el territorio argentino”, señaló, y remarcó que un adolescente de 14 años que cometa un delito a partir de esa fecha será investigado por la Justicia penal juvenil como sujeto penalmente responsable.

En este sentido, explicó que la propuesta busca ordenar y fortalecer el sistema provincial mediante una ley integral que contempla, por un lado, un reordenamiento de los dispositivos existentes y, por otro, la creación de un Código Procesal Penal Juvenil, compuesto por más de 110 artículos.

Según detalló la ministra, el nuevo esquema parte de dos criterios centrales: considerar al adolescente como una persona en condición de desarrollo y, al mismo tiempo, como un sujeto de derechos que también tiene obligaciones y responsabilidades frente a la sociedad.

“Creemos que es una ley que otorga mejores condiciones para la resocialización de ese joven y, sobre todo, para cortar ese circuito delictivo en el que se inserta cuando empieza a tener conflictos con la ley penal”, sostuvo Rus.

Robos y lesiones, entre los principales delitos

Al referirse a los antecedentes de adolescentes que hasta ahora eran considerados inimputables, Rus indicó que los registros provinciales muestran una mayor incidencia de hechos vinculados con lesiones y robos. Según los datos mencionados por la ministra, el 22 % corresponde a lesiones y el 9 % a robos.

La funcionaria sostuvo que no existe una incidencia significativa de adolescentes en delitos graves y violentos. Como ejemplo, señaló que durante el año pasado se registró un homicidio vinculado con un menor inimputable, en un contexto de violencia intrafamiliar.

“Eso no quiere decir que no tengamos que ocuparnos de este tema y que no tengamos que anticiparnos”, afirmó Rus, quien remarcó que el nuevo esquema permitirá intervenir tempranamente sobre los jóvenes que entren en conflicto con la ley penal.

El 91 % tuvo medidas alternativas a la prisión

En relación con los adolescentes de entre 16 y 18 años que actualmente ya se encuentran bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil, Rus informó que durante el año pasado fueron 511 los jóvenes en conflicto con la ley penal.

De ese total, 46 recibieron una pena privativa de la libertad, mientras que el 91% restante atravesó medidas alternativas. Para la ministra, estos datos permiten proyectar que la ampliación del régimen hacia los adolescentes de 14 y 15 años mantendrá una tendencia similar, con una utilización mayoritaria de medidas que no impliquen la privación de la libertad.

“Hay límites, pero también una responsabilidad de ese joven que tiene que hacerse cargo de esos delitos, en un sistema integral que está mirando qué hacemos con ese joven como sociedad para que no vuelva a delinquir”, sostuvo.

Un sistema que prioriza el seguimiento y la reinserción

Uno de los ejes de la reforma es el seguimiento individual de cada adolescente y la utilización de distintas alternativas a la privación de la libertad. La iniciativa incorpora la figura del Supervisor Especializado, prevista por la legislación nacional, que tendrá a su cargo el seguimiento, la asistencia y el control de quienes se encuentren sometidos a medidas o penas.

La propuesta establece además planes individualizados de intervención y reinserción, con objetivos educativos, laborales, familiares y comunitarios.

En este punto, Tadeo García Zalazar destacó que la adaptación del sistema no se limita al ámbito judicial, sino que también requiere un trabajo posterior orientado a la reinserción social.

“Esta ley establece las adaptaciones que Mendoza debe realizar para adecuarse al nuevo Código Penal de la Nación. En materia de responsabilidad penal juvenil, contempla a los adolescentes de 14 a 16 años y plantea un trabajo que no solo involucra a la Justicia, sino también todo lo relacionado con la reinserción social”, explicó.

El ministro remarcó que el abordaje será individual y que el sistema contempla distintas alternativas según la situación de cada adolescente.

“Se va a trabajar caso por caso, con un seguimiento particular de cada adolescente. Si existe una problemática de adicciones, una situación vinculada al contexto familiar u otra circunstancia, se realizará el abordaje correspondiente”, señaló.

La privación de la libertad quedará como una medida de última instancia y, cuando sea dispuesta por un juez, deberá cumplirse en establecimientos especializados y separados de las personas adultas.

En los casos en que corresponda una medida de este tipo, Mendoza también deberá adaptar sus dispositivos para garantizar el alojamiento y el abordaje de los adolescentes dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil.

“Uno de los aspectos centrales es la reinserción. El objetivo es que, una vez cumplido el proceso correspondiente, los adolescentes puedan contar con herramientas para su futuro. Por eso son fundamentales la educación, la capacitación y, en muchos casos, el aprendizaje de oficios”, sostuvo García Zalazar.

El proyecto contempla además el monitoreo electrónico, la permanencia domiciliaria supervisada y otras medidas accesorias que pueden incluir tratamientos, restricciones de acercamiento y pautas educativas, laborales y comunitarias.

En los casos de privación de la libertad, el régimen prevé distintas etapas de progresividad y mecanismos de egreso gradual, sujetos al cumplimiento de objetivos y a evaluaciones técnicas.

Una estructura específica para el Régimen Penal Juvenil

La propuesta reorganiza además la estructura provincial encargada de ejecutar las medidas y penas y establece las funciones de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.

Entre sus responsabilidades estarán la ejecución de las medidas dispuestas por la Justicia, la administración de los dispositivos especializados, la articulación con los organismos judiciales y administrativos y el desarrollo de programas destinados a la educación, capacitación y reinserción de los adolescentes.

El proyecto regula además el funcionamiento de los establecimientos especializados, los centros de régimen abierto y los dispositivos destinados al cumplimiento de medidas alternativas a la privación de la libertad.

En materia judicial, la iniciativa redefine las competencias del fuero penal juvenil y establece procedimientos específicos para las distintas etapas del proceso, desde la investigación hasta la ejecución de las penas. También incorpora mecanismos de justicia restaurativa, mediación y otras soluciones alternativas cuando las características del caso permitan su aplicación.

Educación y prevención, otros ejes del nuevo esquema

Desde el Ministerio de Educación también se trabaja en la difusión y prevención para que los adolescentes conozcan el alcance de las nuevas disposiciones.

García Zalazar explicó que la Provincia ya desarrolla un programa en las escuelas junto con magistradas de la Argentina y de Mendoza, destinado a acercar información sobre el funcionamiento de las leyes y sus alcances.

“Vamos a trabajar fuertemente en las escuelas para explicar el alcance del nuevo Código Penal y, particularmente, lo referido a la responsabilidad penal juvenil a partir de los 14 años”, afirmó.

El programa comenzó en 2024 y durante 2025 llegó a más de 300 escuelas secundarias de la provincia. La propuesta continuará este año e incluye, además de la responsabilidad penal juvenil, otros temas vinculados con la prevención, como las apuestas online y el uso responsable de imágenes.

De esta manera, la Provincia busca complementar la adecuación del sistema judicial con acciones de prevención, información y acompañamiento desde el ámbito educativo.

La Provincia asegura capacidad para la primera etapa

Respecto de la infraestructura disponible para afrontar la ampliación del régimen, Rus señaló que actualmente solo resta contar con una sede de Upana en Valle de Uco, aunque indicó que la zona presenta una menor incidencia de este tipo de casos y que existe una proyección para avanzar con esa incorporación.

En cuanto al sistema de responsabilidad penal juvenil, la ministra reconoció que a largo plazo será necesario fortalecer la infraestructura, pero aseguró que las proyecciones actuales permiten garantizar la implementación inicial del nuevo régimen.

“Para este primer abordaje, para este comienzo de la ley, estamos en condiciones de garantizar su plena aplicabilidad”, concluyó Rus.

Mendoza se anticipó a la implementación nacional

La presentación del proyecto completa una etapa de preparación que Mendoza comenzó meses antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.

En junio, la Provincia se convirtió en la primera del país en reunir las condiciones para firmar un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación para avanzar en su implementación.

La vicegobernadora Hebe Casado sostuvo que “se trata de adecuarnos a las modificaciones que se han realizado a nivel nacional, tomando aquellas cuestiones que consideramos más beneficiosas y adaptando nuestro sistema a la nueva ley. La intención es hacerlo en tiempo y forma, como solemos hacer en Mendoza, para estar un paso adelante”.

Y agregó: “Es una ley que ha sido muy bien trabajada y es importante que comience su tratamiento. Durante esta semana se realizarán todas las consultas necesarias y participarán diferentes expositores para dar su opinión al respecto. Mendoza, una vez más, está un paso adelante en esta materia”.

Por último, Casado explicó que la modificación también responde a una preocupación que atraviesa al país: “Es una preocupación que existe en todo el país. Se ha adelantado la edad de incursión en el delito y tenemos que adecuarnos a esa realidad. Creo que esta nueva ley trae soluciones frente a ese adelantamiento de la edad de quienes incursionan en el delito”.

El acuerdo incorporó asistencia técnica, capacitación certificada, disponibilidad recíproca de supervisores especializados y acceso a una plataforma tecnológica nacional para la gestión y seguimiento de los casos.

Paralelamente, Mendoza conformó una mesa técnica interdisciplinaria para trabajar en la adecuación normativa provincial y en la reorganización de los dispositivos necesarios para aplicar el nuevo sistema.

Con el ingreso del proyecto a la Legislatura, la Provincia avanza ahora en la última etapa de adecuación legal antes de la entrada en vigencia de la Ley nacional 27801, prevista para el 5 de septiembre.