Flexibilizan el acceso al crédito en dólares para empresas para impulsar la economía

El Gobierno busca canalizar parte de los casi US$6000 millones que hoy los bancos tienen disponibles en moneda extranjera; la medida amplía el universo de compañías que podrán acceder al financiamiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves una flexibilización de los créditos en dólares que permitirá a los bancos prestar parte de los depósitos en moneda extranjera a todas las empresas, incluso aquellas que generan sus ingresos en pesos. La medida, que no alcanza a las personas, busca ampliar el financiamiento disponible para el sector privado e impulsar la inversión y la actividad económica.

El funcionario también dio detalles sobre las alternativas que analiza el Gobierno para usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para impulsar los préstamos hipotecarios.

El nuevo esquema tendrá, según las definiciones de Caputo y del Banco Central (BCRA), límites especiales para contener el riesgo cambiario. Los préstamos a empresas que hasta ahora no estaban habilitadas no podrán superar, en conjunto, el equivalente al 15% de los depósitos en dólares de cada banco. Además, tendrán un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a otros créditos comparables y computarán por 1,25 veces su valor a la hora de determinar los límites de exposición crediticia.

Los bancos también deberán evaluar la capacidad de pago de las empresas ante distintos escenarios de variación del tipo de cambio, una condición especialmente relevante debido a que el nuevo régimen permitirá financiar en dólares a compañías que generan sus ingresos en pesos.

“Nos parece macroprudencialmente lo más razonable”, sostuvo Caputo durante una conferencia de prensa. El ministro explicó que la decisión respondió también a reclamos que el Gobierno venía recibiendo del sector privado. “Fue un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad en esto”, afirmó.

Hasta ahora, los bancos podían utilizar sus depósitos en dólares fundamentalmente para financiar a empresas generadoras de divisas o, bajo determinadas condiciones, a compañías que contaran con garantías de firmas que generaran dólares. Con el cambio anunciado este jueves, el universo se extenderá a todas las personas jurídicas, aunque sujeto a las nuevas condiciones prudenciales.

Caputo señaló que entre los sectores que reclamaban la modificación se encontraban especialmente la construcción y la industria automotriz. El Gobierno espera que la posibilidad de acceder a financiamiento en dólares, con tasas inferiores a las disponibles actualmente en pesos, permita viabilizar inversiones que hoy resultan más difíciles de financiar.

Según los cálculos presentados por el ministro, actualmente existe una capacidad adicional para otorgar préstamos en dólares de unos US$5800 millones. Caputo indicó que los depósitos en moneda extranjera superan los US$40.000 millones y los préstamos alcanzan unos US$24.700 millones. Como las entidades deben mantener un encaje del 25%, sostuvo que actualmente existe un margen adicional de unos diez puntos porcentuales para expandir el crédito.

La medida tendrá, además, un efecto sobre el mercado cambiario. Las empresas estarán obligadas a liquidar los dólares recibidos a través de los préstamos y convertirlos a pesos en el mercado de cambios. Según explicó Caputo, esa condición busca evitar un efecto multiplicador por el cual los dólares prestados vuelvan al sistema como depósitos y permitan generar sucesivamente nuevos créditos.

La obligación de liquidarlos implicará, al mismo tiempo, una mayor oferta de dólares en el mercado cambiario. Caputo estimó que el flujo adicional podría ubicarse entre US$3000 millones y US$6000 millones e incluso alcanzar los US$10.000 millones, particularmente si continúan creciendo los depósitos en moneda extranjera.

El ministro sostuvo que el cambio también podría contribuir a reducir las tasas de interés en pesos para las empresas. La lógica oficial es que, si parte de la demanda de financiamiento corporativo puede canalizarse hacia préstamos en dólares, disminuiría la presión sobre el mercado de crédito en moneda local.

Caputo vinculó además la medida con el objetivo oficial de incorporar al sistema financiero parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera de los bancos. Según planteó, una mayor capacidad de las entidades para prestar esos fondos podría permitirles ofrecer mejores tasas a los depositantes en dólares y generar así un incentivo para que una mayor porción del ahorro vuelva al sistema.

La restricción nació después de la crisis de 2001 y el estallido de la convertibilidad. El artículo 23 del DNU 905/2002 estableció límites para la utilización de los depósitos en dólares, con el objetivo de evitar que una devaluación dejara a deudores con ingresos en pesos frente a obligaciones en moneda extranjera y que ese problema terminara trasladándose al sistema financiero. Ahora, el Poder Ejecutivo modificará ese artículo y, a partir de ese cambio, el BCRA adecuará la regulación aplicable.

Más de dos décadas después, el BCRA considera que esa protección también tiene un costo para la inversión, la productividad y la actividad económica. “Es cierto, se preservó un sistema financiero de un riesgo de descalce, pero cuando uno observa la evolución en el tiempo, se preservó un sistema financiero que es de los más chicos del mundo. Entonces, preservamos la nada misma”, afirmó la semana pasada su presidente, Santiago Bausili.

El Central definió incluso la regulación vigente como una “solución de esquina”: elimina prácticamente el riesgo de descalce cambiario, pero al mismo tiempo dificulta que el ahorro dolarizado de los argentinos pueda transformarse en crédito dentro del país.

Desde los bancos de capital privado nacional habían señalado antes del anuncio que una flexibilización tendría un impacto positivo sobre la eficiencia de las empresas y permitiría canalizar una mayor proporción de los depósitos en dólares hacia el sector privado. También consideraban que una mayor utilización de esos fondos podría contribuir a mejorar el retorno que reciben los ahorristas.

Caputo también se refirió al aumento de la morosidad de las familias y aseguró que los bancos comenzaron a refinanciar deudas a plazos de hasta tres años y con tasas de entre 20% y 25%. Según sostuvo, una parte de los clientes que habían dejado de cumplir con sus obligaciones ya retomó los pagos, aunque esa mejora todavía no aparece completamente reflejada en las estadísticas por las reglas utilizadas para reclasificar a los deudores.

“Los bancos han tenido una muy buena predisposición. Están extendiendo esto a tres años a tasas de entre 20% y 25%, con lo cual están haciendo ese esfuerzo y creo que hay que valorarlo”, afirmó el ministro. Según explicó, “el proceso está bastante más avanzado de lo que contablemente se ve”.

Desde el equipo económico agregaron que el Gobierno sigue la evolución de la mora “absolutamente todas las semanas” y consideraron que la baja de las tasas permitió comenzar a refinanciar parte de las deudas en condiciones más favorables. También plantearon que el indicador de morosidad puede tardar en mostrar esa mejora porque una persona que comienza a regularizar sus pagos no abandona inmediatamente las categorías de mayor riesgo.

Caputo también fue consultado por las tasas que cobran algunos proveedores de crédito fuera del sistema bancario, con costos financieros totales de hasta 700%. “Si están cobrando tasas del 700% y 400%, obviamente que son tasas abusivas”, afirmó. Sin embargo, descartó por el momento una intervención del Gobierno. “Hoy no hay nada que les impida hacerlo […] Es un tema entre privados”, sostuvo.

El ministro consideró que ese nivel de tasas tampoco constituye un modelo de negocios sostenible para las compañías que las cobran. “No creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo”, afirmó.

Caputo confirmó además que el Gobierno estudia utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para ampliar el fondeo de largo plazo de los bancos y facilitar el crecimiento del crédito hipotecario. La alternativa que está bajo análisis no contempla que el fondo compre directamente las hipotecas, sino que coloque parte de sus recursos en depósitos bancarios a plazos más largos.

El diagnóstico oficial es que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los préstamos hipotecarios es el descalce entre los plazos de los créditos y el fondeo de las entidades. Mientras las hipotecas se otorgan a muchos años, buena parte de los depósitos bancarios tiene vencimientos a apenas 30 días. El FGS, en cambio, administra recursos con un horizonte de largo plazo.

“Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. Entonces, el problema que enfrentan los bancos es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellas es a 30 días”, explicó el ministro.

Una de las posibilidades que evalúa el Gobierno es que el FGS licite plazos fijos a dos, tres, cuatro o cinco años. Los bancos competirían por esos recursos mediante las tasas que estén dispuestos a ofrecer y obtendrían, de esa manera, fondeo de mayor duración para ampliar la oferta de préstamos hipotecarios.

Caputo dijo que la iniciativa está siendo analizada junto con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos, y aseguró que las entidades recibieron favorablemente la propuesta. De todos modos, aclaró que se trata todavía de una alternativa en estudio y no precisó cuánto dinero podría destinarse al esquema ni cuándo comenzaría a implementarse.

El ministro sostuvo que esta alternativa podría complementar la flexibilización de los créditos en dólares anunciada este jueves. Según contó, los desarrolladores inmobiliarios estuvieron entre los sectores que reclamaron mayor acceso al financiamiento en moneda extranjera, mientras que el uso del FGS permitiría actuar sobre el otro lado del mercado, al generar fondeo de largo plazo para ampliar el crédito destinado a la compra de viviendas.