Qué normas cambiaría el Gobierno si logra la reforma laboral

El panorama del mercado de trabajo es complejo. Hace más de una década que el empleo en las empresas tiene un crecimiento muy pobre, y entre las razones están las normas que no se actualizan y la litigiosidad, siempre presente en los tribunales del trabajo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio algunos de los fundamentos de la iniciativa que se está “cocinando” cuando dijo, a fines de junio, en el Congreso Somos Pymes: “El daño que está haciendo la actual estructura laboral es indignante. No podemos normalizar que la cantidad de empleadores no crezca desde 2007, que sigamos en 540.000 empleadores. No podemos normalizar que el empleo no crezca desde 2011. La reforma laboral es algo fundamental”.

¿Por dónde va la iniciativa que se está terminando de delinear? Fuentes cercanas al proyecto que está tomando forma esbozan algunos lineamientos que se están trabajando actualmente:

• Se vuelve a poner sobre la mesa el sistema dual en la educación, sobre todo en escuelas técnicas, donde se integra la formación teórica en el aula con la práctica profesional en una empresa real. El modelo busca que los estudiantes tengan una experiencia laboral concreta.
• Se proponen cambios en los contratos de trabajo para darles más flexibilidad. “Los derechos fundamentales del trabajador no se tocan”, dice una fuente cercana al Gobierno. Se refiere al salario mínimo, la jornada máxima, el descanso, vacaciones (aquí la propuesta es que se puedan tomar todo el año y no solo del 1 de octubre al 30 de abril; en invierno requieren la conformidad del trabajador).
• Limitar la presunción iuris tantum, que interpreta que toda relación laboral es asalariada, salvo que se pruebe lo contrario.
• Permitir distintas formas de organizar el tiempo de trabajo, como las guardias pasivas y activas o el banco de horas
• Podría incluir nuevas disposiciones sobre la “responsabilidad solidaria” de las empresas con los contratistas.
• Régimen de indemnizaciones para personal fuera de convenio con la «Pauta Vizzoti» (fallo de la Corte que limita los topes a la base de cálculo).
• Convenios segmentados por empresa, con cláusulas específicas relacionadas con las compañías, más que con la actividad.
• Ante una huelga, garantizar los servicios esenciales.
• Límites a los mandatos y a la reelección de la representación sindical y empresaria
• Nuevas modalidades de contratación para las nuevas tecnologías exponenciales, la robótica, la automatización y la inteligencia artificial
• Modelos híbridos de contratación (para plataformas como Rappi, Uber, etc) con sujetos autónomos (monotributistas) y seguros propios y frente a terceros
• La normalización integral de las contrataciones y anomalías de empleados públicos en el estado nacional, provincial y municipal (monotributistas y contratos en fraude de la ley).
• Reformulación del régimen de obras sociales unificando las inviables con las más eficientes

Quienes tienen experiencia recomiendan no dejar en los textos espacio para la interpretación de la justicia laboral. Normas claras y bien diseñadas para que no proliferen los litigios, ese mal que carcome al mercado de trabajo y amedrenta a los empresarios, sobre todo a las pymes, que son las mayores empleadoras del país.

La reforma que no fue

A fines de 2017, el gobierno de Mauricio Macri había ganado las elecciones intermedias y decidió que primero se iba a lanzar la reforma jubilatoria, para luego seguir con la laboral. La reforma previsional, que finalmente se llevó adelante, estableció una nueva fórmula para calcular los haberes, pero generó un clima adverso para el resto de las discusiones. La reforma laboral quedó al margen.

Quienes intentaron en su momento ponerla en marcha aprendieron una máxima: siempre conviene introducir cambios de a poco, pero de manera continua. Recuerdan la estrategia de un astuto abogado laboralista con años en la bancada peronista y muy cercano a los sindicatos. Logró, como esas gotas que caen sin pausa y tienen el poder de perforar hasta la piedra más dura, cambios estratégicos en materia de mercado del trabajo. Sumados, generaron un sinfín de complejidades para los empresarios.

Hay una idea, con el diario del lunes, de que fue un error separar la reforma previsional de la laboral. El proyecto no prosperó a pesar de que fue consensuado con la CGT y con el sector empresario en mesas tripartitas que convocó el Ministerio de Trabajo, al frente del cual se encontraba Jorge Triaca. El proyecto se mandó al Congreso, sin embargo, nunca salió de comisión.

Tenía tres ejes: regularización del empleo no registrado, modificaciones al marco normativo de las relaciones de trabajo y capacitación laboral continua, que incluía también la transición entre el sistema educativo formal y el empleo.

En el primer punto, los trabajadores “blanqueados” podían computar hasta sesenta meses de servicios con aportes. Se proponía que las multas por trabajo no registrado que se cobrasen una vez vencido el período de gracia fuesen destinadas al Anses, como una herramienta para bajar la litigiosidad. Los abogados laboralistas, según exfuncionarios, “inflan” las demandas para cobrar un porcentaje de estas multas, pero si no llegan a sus manos, tienen menos incentivos para litigar. Además, se reconocían cinco años de aportes.

En este punto había un consenso importante, y la CGT no ofreció ninguna resistencia, ya que más trabajadores registrados significan más aportes para los gremios. En la Ley Bases, del gobierno de Javier Milei, directamente se eliminaron las multas por trabajo no registrado o registrado indebidamente, pero hasta ahora tuvo escasa adhesión.

En cuanto a algunas modificaciones en el marco normativo, el proyecto incluía la ampliación de las licencias, entre ellas, por nacimiento o adopción, 15 días corridos; por matrimonio o unión convivencial, 10 días corridos y para someterse a técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida, 5 días por año.

Se pensó en una licencia sin goce de haberes (que fue resistida por los empresarios) de treinta días corridos por año calendario. También, se establecía una reducción transitoria de la jornada para los trabajadores con menores a cargo hasta los cuatro años de edad.

Con respecto a la indemnización por despido sin causa, se propuso la exclusión del aguinaldo, premios y gastos que el empleador efectúe al trabajador.

También previeron un Fondo de Cese Laboral Sectorial, de adhesión voluntaria para el empleador, destinado a sustituir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa. Para que funcione, piensan hoy, habría que darle un marco para que se implemente a través del convenio y se cuide que la prima no se dispare. En esta materia hay una semejanza con el Fondo de Cese Laboral que estableció la administración actual y que está vigente.

Se introdujo el concepto de ius variandi, por el cual “el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”.

No se hicieron modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales, ya que era parte del acuerdo. Aquí había dos visiones opuestas, una antisindical y otra en la cual se alega que los empresarios no tienen problema con el gremio sino con la falta de administración del conflicto social. “Quieren un gremio sólido con el que negociar, pero que no traiga los líos de la política”, sostienen fuentes allegadas al oficialismo de la era Macri.

Aseguran quienes estuvieron en el tema que es posible poner en marcha negociaciones colectivas por empresa e implementar algunas modificaciones como la cantidad de delegados, la rotación de los mandatos y la transparencia de los gremios. Y hablan de la importancia de la separación del mundo de la salud y del sindical.

El tercer punto estaba relacionado con capacitación y formación a lo largo de toda la vida, ya que es una “pata” fundamental de la acción gremial que queda postergada por la casi exclusiva negociación de paritarias. En la era de Dante Sica, como ministro de Producción y Trabajo, también se hicieron algunos intentos por impulsar la reforma, aunque más acotada. Tampoco prosperaron.

La Nación