El máximo tribunal penal rechazó los planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, entre otros, con los que pretendían suspender la ejecución patrimonial en el marco de la condena por corrupción en el caso Vialidad, que condijo a la expresidenta a la prisión domiciliaria. La orden de la Casación Federal fue que se ejecuten los 111 bienes identificados por la fiscalía. La cifra a cubrir es 685.000 millones de pesos, que representan el daño ocasionado con la maniobra defraudatoria con la obra pública vial.