Con concesiones el Gobierno logró dictamen para el Presupuesto 2027 y Diputados lo debatirá la semana que viene
El oficialismo consiguió este martes dictamen para el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, después de aceptar una serie de cambios exigidos por los bloques aliados para asegurar los apoyos necesarios. La reunión llegó tras varias semanas de negociaciones de La Libertad Avanza con el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas y Argentina Federal.
Finalmente, los libertarios consiguieron el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), Elijo Catamarca e Independencia (Tucumán).
El proyecto prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027. Tal como se desprende del análisis de las partidas, el superávit fiscal se mantiene como eje central de la política económica del Gobierno. Asimismo, la principal finalidad del gasto será servicios sociales, con $150,9 billones. Le siguen la deuda pública, con $18,6 billones; los servicios económicos, con $13,1 billones; la Administración Gubernamental, con $9,9 billones; y defensa y seguridad, con $9,5 billones.
Entre las concesiones a la oposición se destaca la eliminación de los artículos que eliminaban las pensiones por discapacidad y recortaron los fondos del área. En ese sentido, se incluyó el financiamiento del nuevo régimen que se aprobó en la Cámara de Diputados con amplio respaldo (aún resta la aprobación en el Senado). “Sobre las pensiones por discapacidad incorporamos el artículo 35, en el capítulo 6, que establece que estos programas serán afrontados por la Jurisdicción 80 del Ministerio de Salud, replicando los que los diputados hemos aprobado semanas atrás. Desde el día 1 dijimos que esto se iba a concretar y este despacho es la prueba de que cumplimos con nuestra palabra”, aseguró la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado.
Por su parte, desde el PRO se mostraron conformes porque el Gobierno receptó la mayoría de sus planteos entre los que se destaca un “compromiso” para regularizar las deudas de la Nación con la ciudad de Buenos Aires por coparticipación. Sin embargo, este acuerdo “político” no quedó plasmado en ningún artículo del proyecto.
La semana pasada, el bloque que conduce Cristian Ritondo celebró el acuerdo para prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, uno de los siete pedidos que le habían hecho al Gobierno. Incluye beneficios como la devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen hasta 2032. Tendrá impacto directo en Córdoba, Santa Fe y la localidad bonaerense de Zárate.
“Una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años, y ninguna empresa arranca un proyecto con un régimen que vence a la mitad. Por eso escuchamos a la industria y llevamos su pedido al Presupuesto: prorrogar las dos leyes juntas, porque funcionan juntas”, publicaron en las redes sociales del partido.
El Gobierno también autorizó operaciones de financiamiento porteño con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La negociación por los fondos de la Capital incluyó un diálogo directo entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La Casa Rosada también cedió en materia de transparencia: la publicación de inversiones, plazos y tarifas de las concesiones viales, junto con informes trimestrales al Congreso, quedará bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones.
A pesar de los reclamos de varios bloques aliados, como la UCR, el oficialismo finalmente no aumentó las partidas para las universidades nacionales. El proyecto de Presupuesto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento.
Ante la consulta de Infobae, desde el bloque radical explicaron que firmaron el dictamen del oficialismo a pesar de que el Gobierno ignoró el reclamo de mayor financiamiento universitario porque obtuvieron concesiones en términos de obras y fondos para las provincias que gobiernan. Por ejemplo, se incorporó a la Sociedad de Transporte de Mendoza entre las entidades exentas de impuestos para la importación de material ferroviario y subterráneo. También destacaron que se frenó el ajuste sobre Discapacidad.
Las provincias también habían pedido una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) debido a que el Gobierno incumple con la asignación específica que debería darle a los recursos recaudados: el mantenimiento de las rutas nacionales. A esto se sumaba el malestar que generó la decisión de la Secretaría de Transporte de otorgar mayores subsidios para las empresas de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de noviembre para que no suban el precio del boleto.
Con información de Infobae



