San Juan: crece la pelea en el PRO después de que su vicepresidenta admitió que se quedaba con parte del sueldo de sus concejales

Gimena Martinazzo cobró 20% de la dieta de cuatro ediles durante un año. Está enfrentada al diputado nacional Eduardo Cáceres.

Tras la denuncia de una concejala, la vicepresidenta del PRO en la provincia de San Juan, Gimena Martinazzo, admitió haber recibido durante un año el 20% del ingreso de cuatro concejales de su partido a los que se hizo firmar documentos en blanco (pagarés) como “garantía” de ese aporte.

El caso ventilado a fines de abril volvió a actualizarse a causa de la denuncia que en Corrientes involucró en la última semana a la diputada nacional de la UCR Estela Regidor, luego de que se difundieran audios de que recaudaba 40 mil pesos de cada uno de sus asesores en el Congreso.

La diputada pidió licencia en la Cámara hasta que se aclare su situación, que este lunes rectificó a “sin goce de sueldo”. Pero además, la titular del PRO nacional, Patricia Bullrich, visitó Corrientes para presentar su libro y habló de una sanción “ejemplar” hacia lo actuado por Regidor.

Por eso en San Juan, la interna del PRO volvió a ponerse al rojo vivo y adversarios de Martinazzo sostienen que debe actuarse con rigor también en su caso, que investiga el tribunal de disciplina partidario.

En San Juan hay mucho mar de fondo dentro del PRO, que quedó dividido por la pelea política y personal entre Martinazzo y el diputado nacional Eduardo Cáceres, que fueron pareja, luego de que esta lo denunciara por violencia de género. Cáceres se defendió públicamente ante lo que asegura que es una falsa denuncia. La dirigencia del Pro de San Juan se fisuró entre ambos dirigentes.

Más aún, si Cáceres tuviera que renunciar a su banca, su reemplazante que lo seguía en la lista, sería la propia Martinazzo.

La situación judicial actual es que Cáceres fue procesado en tiempo récord por lesiones agravadas por el vínculo, por el juez Federico Rodríguez. Sus allegados dicen que está confiado en revertir esa decisión “insostenible”, en el tribunal de apelaciones, que ya tiene la causa.

Cáceres aseguró públicamente que el juez no tuvo en cuenta pruebas ofrecidas en su defensa y registros de cámaras que ponían en duda la declaración dada por Martinazzo. Sostuvo incluso que las lesiones que mostró la dirigente pudieron ser de un tratamiento estético qjue se realizó horas antes de la denuncia. Martinazzo insiste que hubo violencia y de la presunta impunidad del diputado.

Con la dirigencia Pro fracturada, Martinazzo fue denunciada por la concejala Verónica Benedetto por quedarse con un porcentaje del sueldo de cuatro ediles de Rawson (departamento del centro sur sanjuanino), donde Martinazzo fue candidata a intendenta. Cada edil ganaba 162 mil pesos al mes.

Tras un silencio inicial, Martinazzo admitió a radio Sarmiento: “No recuerdo (cuanta plata), fue durante un año un aporte del 20%”.

– ¿Por qué documentos en blanco?, se le preguntó.

– Se tiene que dar una garantía de algo… lo cual la intención nunca fue hacer nada con esos documentos sino de hacerlo de una manera formal.

Aseguró que es una “práctica habitual en la política”, y que buscan perjudicarla, aunque cerca de Cáceres sostienen que es delito de “concusión” previsto en el Código Penal.

Proyecto de ley

El escándalo del Pro de San Juan se expandió porque Cáceres, a diferencia de otros legisladores con denuncias (por abuso sexual en estos casos) que se llamaron a silencio (como los senadores Juan Carlos Marino de la UCR, que fue sobreseído pero entretanto debió resignar la vicepresidencia de la cámara; o el kirchnerista José Alperovich, aún con pedido de licencia), no se quedó callado.

Armó además un proyecto, la “Ley Alejo” (por el joven Alejo Oroño, asesinado por su pareja) en favor de un tratamiento igualitario de los géneros en situaciones de violencia, para que los varones puedan defenderse de mujeres violentas, de las falsas denuncias por violencia que estigmatizan socialmente (y han causado suicidios), y de otras violencias psicológicas que ejercen en separaciones conflictivas un porcentaje de mujeres, como impedir el contacto con los hijos.

Cifras oficiales, de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, en 2020, indican que el 23% de las personas denunciadas por violencia fueron mujeres.

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