Un fiscal encontró una nueva ruta del dinero K

Gerardo Pollicita calculó que Lázaro Báez, con la ayuda de Ernesto Clarens y otros, habría lavado al menos 160 millones de dólares.

La Justicia descubrió una nueva “Ruta del Dinero K”. Este camino, como otros vinculados a la fuga de divisas de origen ilegal para blanquear fondos, también tiene entre sus protagonistas al socio de la familia Kirchner, el constructor preso Lázaro Báez.  Pero la investigación suma novedades. El titular de la fiscalía federal 11, Gerardo Pollicita, pidió la declaración indagatoria del financista Ernesto Clarens, confeso en otro expediente como cobrador de millones de pesos provenientes de sobornos de empresarios, también confesos de cometer ese delito.

Pollicita le elevó al juez Julián Ercolini un dictamen en el que pide la apertura de una nueva causa apoyada en notables descubrimientos de lo que ya parecía agotado. Sí, hay más senderos financieros con millones provenientes del Estado, que se bifurcan en originales modos de lavar divisas y beneficiar al empresario de la construcción.

Métodos novedosos de una trama en la que siempre emerge un camino por el que corrió dinero. No son caminos asfaltados para vehículos, como los que cobró y debió terminar Lázaro Báez. Son caminos complejos, aunque no por eso indetectables, que evidencian maniobras cada vez más sofisticadas de quienes suelen ocultar sus ganancias.

El fiscal Gerardo Pollicita. FOTO PEDRO LAZARO FERNANDEZ

El fiscal Gerardo Pollicita. FOTO PEDRO LAZARO FERNANDEZ

En este caso, además, el ocultamiento incluye al organismo que debía controlar y recaudar el pago de impuestos de proveedores de Báez. Según el fiscal, estos impuestos eran “perdonados” por la autoridad que debió ser su verdugo y no su cómplice: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al mando de Ricardo Echegaray.

Pollicita, quien obtuvo el aporte documental de actuales sabuesos de la AFIP, sostiene que “el amigo presidencial” (así llama a Báez) habría “implementado entre los años 2005 y 2009 una maniobra criminal” con la que “se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero (los multi millones que el Estado K le entregó a Báez) a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolos de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”.

Pollicita calcula que Báez -en esta nueva Ruta del Dinero K-, con la ayuda de Clarens y el resto de los imputados, habría lavado al menos ciento sesenta millones de dólares, “los cuales fueron finalmente convertidos en dinero en efectivo, impidiendo definitivamente su trazabilidad”.

Pollicita escribió un dictamen detallista de ciento setenta páginas (casi una por millón de dólares posiblemente blanqueados por los imputados).

El fiscal y la actual gestión de la AFIP muestran cómo las empresas constructoras de Báez usaron facturas de empresas truchas y de proveedores reales pero que desconocieron haber trabajado para el constructor, con el objetivo de desviar fondos hacia una decena de financieras que cobraban y devolvían en efectivo los montos de cheques endosados por las compañías del empresario K.

Ernesto Clarens se retira de los tribunales. Foto Maxi Failla

Ernesto Clarens se retira de los tribunales. Foto Maxi Failla

Pollicita explica que el “modus operandi” de esta nueva maniobra de lavado de activos consistía en “la ficción de costos inexistentes en las obras públicas. El desvío hacia Gotti (otra constructora satélite bajo su control) de los fondos sustraídos al estado nacional por Austral Construcciones, no sólo permitía alejar en apariencia ese dinero de Lázaro Báez, sino que a la vez era de gran utilidad para disimular con mayor eficacia dichos ‘costos’ -reflejados en facturas apócrifas- entre millones de pesos de gastos reales que Gotti afrontaba para la realización de las obras”.

El fiscal continúa redactando el resumen de las operaciones así: “La empresa Gotti no solamente era conveniente para su uso en la maniobra (N de la R: de lavado de activos) por las razones expuestas, si no que además tenía una característica muy particular que la hacía funcional al plan criminal: había cedido sus cobranzas y sus pagos a una tercera personas, Invernes SA, controlada por el financista Ernesto Clarens. En definitiva, con esto habría de obtenerse otra interposición en el curso de los fondos y un paso más en el distanciamiento de su origen, toda vez que los respectivos cheques que estaban destinados a cancelar esas facturas apócrifas, no serían girados ni contra Austral Construcciones, ni contra cuentas de Gotti, si no contra las cuentas de Invernes, una sociedad anónima porteña dedicada a actividades financieras, sin relación visible con el fraude al Estado, sobre la cual no recaía, por entonces, sospecha alguna”.

Pollicita incluyó en su nuevo dictamen el listado de todas las proveedores inexistentes, que serían alrededor de un centenar.

La AFIP de la gestión K ayudó a esas compañías “cáscara” de un modo sistemático: las “resucitaba” las empresas “truchas” de Lázaro, debido a que postergaba cualquier sanción a esas sociedades fantasmas, incluyéndolas en generosas y muy uniformes moratorias fiscales.

Esas firmas inexistentes lograron una muy efectiva selección del organismo recaudador: absolutamente todas entraron en planes de pago de impuestos. Todas es todas. El papel del ex titular de la AFIP K, Ricardo Echegaray, en esta historia, recién comienza a investigarse, se desprende por la lógica del dictamen de Pollicita.

El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también investigado. FOTO PEDRO LÁZARO FERNÁNDEZ

El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también investigado. FOTO PEDRO LÁZARO FERNÁNDEZ

El fiscal descubrió un proveedor, entre otros, muy particular. Se llama Gustavo Javier Blanco, trabajaba de remisero cobrando 40 pesos diarios por su servicio a Gotti.

Blanco, según la documentación que recolectaron las actuales funcionarios de la AFIP, viajó más que su colega Oscar Centeno, protagonista de la causa de los “Cuadernos K”.

Ocurre que está probado que la constructora ligada a Báez acopió facturas del “remisero II” por un total de nueve millones de dólares.

Un trajinar inverosímil por cualquier ruta, incluso por las K.

El fiscal Pollicita señala que “la conversión del dinero en efectivo” que giró en esta historia recién develada, igual que el “canje de cheques”, se realizaron “en una proporción muy importante” en una financiera “perteneciente a Ernesto Clarens”, llamada “Cooperativa de Vivienda de Crédito y Consumo (Coficred)” y conocida hasta 2006 como Infecred.

Clarín pudo saber que Clarens admite que su financiera Coficred sí canjeó cheques por efectivo de estas maniobras. Pero declara no saber cuál era el origen de esos cheques.

En otras causas judiciales, Clarens declaró que vendió Invernes pasado el año 2005.

Del dictamen de Pollicita se desprende que el fiscal no cree que eso haya pasado ni formal o informalmente.

Esta nueva causa, que se desprende de lo investigado por el fiscal y el juez Julián Ercolini en el expediente “madre” de la obra pública de Báez que cobró vía Vialidad Nacional, y que alcanzó un monto actualizado de 46 mil millones de pesos, podría generar un impacto aun más negativo en el entorno de quienes conocen los secretos de los negocios del socio de los Kirchner.

Ocurre que Pollicita solicitó a Ercolini que, además de Clarens, sean indagados contadores del Grupo Báez, como César Andés; parte de la familia Gotti, fundadora de la empresa que lleva su apellido; de la ex esposa de otro contador de Lázaro, Andrea Cantín; de un socio de Clarens, un personaje clave llamado Carlos Di Gianni; y otros empleados y apoderados de los Kirchner.

También el Ministerio Público pide de modo “urgente” la inhibición de bienes de los ya inhibidos bienes de Báez en otras causas anteriores; y de otras empresas y de la financiera de Clarens. Además del “bloqueo” del acceso a las cajas de seguridad que “registrasen las personas físicas y jurídicas señaladas, junto al levantamiento del secreto fiscal y bancario de ellos”.

Otra singularidad más en esta larga trama del otro posible delito lavado K: entre los proveedores bajo sospecha de los investigadores se encuentra hasta la “Mutual de Panaderos Unidos 3er Milenio”. Si sus facturas contables, y no las comestibles, fueran ciertas, entonces habrían alimentos farináceos al holding Báez-Gotti-Invernes por 76 millones de pesos.

Todo puede haber pasado en historias patagónicas.

Las “Rutas del Dinero K” (quizás ya es momento de promoverlas hacia una escala de la construcción, la de “Autopistas del Dinero K) se alargaron y desmarañan de modo tan acelerado y evidente que todas sus salidas empiezan a terminar, finalmente, en una única dirección. La calle Comodoro Py 2002, Retiro, Buenos Aires. Es la sede de los tribunales federales donde se investiga la corrupción.

Fuente: Clarín