Represas en el país: cinco vuelven al Estado y el próximo Gobierno definirá el futuro de otras 17
Después de 30 años de concesión privada, las centrales hidroeléctricas pasan transitoriamente a Enarsa. El Gobierno nacional busca constituir una nueva empresa pública para la gestión; Alfredo Cornejo y Jimena Latorre plantean otros términos que beneficien a las provincias donde están radicadas las represas.
Las concesiones que pasan a manos de Enarsa son: Alicurá, de AES Alicurá S.A.; El Chocón, de ENEL Generación; Planicie y Banderita, de Orazul Energy; y Piedra del Águila, de Central Puerto. Esta última es la única que finaliza en diciembre, las otras en agosto. Estas represas son las primeras cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos que vencerán.
No se descartan polémicas con las empresas. Por ejemplo, en el caso de El Chocón, era el único proyecto de la italiana Enel que le interesaba conservar pese a retirarse de todos los negocios en Argentina. La compañía, que estuvo en el centro de la escena por la gestión de la distribuidora Edesur, estaba interesada en conservar El Chocón debido a que buscan focalizarse a nivel mundial en energías renovables. Habían pedido un año de gracia en la gestión, una clausula que, aseguran, estaba en el contrato.
La disputa con el sector privado no será el único frente. La provincia de Neuquén rechazó la medida y anticipó que la judicializará por “inconstitucional”. En el gobierno de Río Negro pidieron una reunión para avanzar con un “entendimiento”. Desde Economía aseguraron que, si bien los recursos son provinciales (el agua), la devolución de las concesiones debe ser restituida al Estado. “El ruido es por la remuneración”, explicaron fuentes oficiales.
El escrito de Energía a Enarsa pide textualmente que “adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica ante la proximidad del vencimiento de las concesiones y a partir de la fecha del mismo, incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales”.
Los proyectos de Cornejo y Latorre
Alfredo Conejo y la diputada nacional Jimena Latorre presentaron en el aula magna de la UNCuyo San Rafael, los proyectos que impulsan en el Congreso para provincializar las centrales hidroeléctricas que hay en Mendoza y en otras provincias.
También plantean la derogación del decreto 1560/73, por el que el gobierno de facto le reconoció regalías a La Pampa sobre Los Nihuiles, que no corresponden. Esto responde a la necesaria adecuación de la Ley 15.336, de 1960, conforme a la reforma de la Constitución de 1994, que estableció en su artículo 124 que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Cornejo adelantó que se va a solicitar una indemnización, que se ha cuantificado en 550 millones de dólares, por regalías mal liquidadas a Mendoza. “Este cálculo nos permite establecer que el valor capitalizado de las regalías liquidadas a La Pampa, desde 1973, asciende aproximadamente a ese monto”.
Se toma esa fecha teniendo en cuenta que, ese año, el Poder Ejecutivo Nacional de facto, a cargo del General Lanusse, ordenó ilegítimamente, a través del decreto N° 1.560/73, que Agua y Energía liquidara en favor de La Pampa el cincuenta por ciento (50%) de las regalías que pagaba a Mendoza, situación que se mantiene hasta el presente, pese a los reiterados esfuerzos de Mendoza por derogar la norma.
Asimismo, afirmaron que el título de propiedad de las provincias sobre sus recursos, incluido el agua, no es derivado sino originario. En ese marco, sostuvieron que “una nueva concesión para la generación hidroeléctrica otorgada por el Estado Nacional sería nula, atento a que la Nación carece de competencias para erigirse como concedente del uso de recursos provinciales”.
Las concesiones, a partir del vencimiento de las vigentes, deberán ser otorgadas a las provincias en las que se encuentran ubicadas las fuentes de generación hidroeléctrica. “Entre 2023 y 2029, vencen las concesiones de más de 12 centrales hidroeléctricas, a lo largo y a lo ancho de nuestro país”, dijo Latorre y sostuvo que “hay muchas otras provincias que también están implicadas en esta problemática, pero nosotros decidimos tomar la delantera y liderar esta iniciativa, en la que otros senadores y diputados y diputadas nos han acompañado”.
El proyecto incluye a las centrales ubicadas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Chubut, Santa Cruz y San Juan. Los legisladores mendocinos sostienen que, ante los inminentes vencimientos, “el Gobierno Nacional lo único que ha hecho es la creación del ETAHC (Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados), por Resolución 130/22, que a la fecha no ha presentado un solo informe de los que la norma le encomienda”.
Con información propia y de Ámbito Financiero
