Querellarán a quienes lesionen a policías y dañen patrulleros

Lo hará el Estado mediante la figura de “querellante particular” que auspicia el Código Procesal Penal.

El Gobierno de Alfredo Cornejo busca que si un delincuente hiere a un policía o daña algún elemento usado por la fuerza para combatir el delito, sea ajusticiado con mayor énfasis.

Por eso promueve que el Estado se convierta en «querellante particular» para representar a efectivos lesionados en cumplimiento del deber, o para defender los intereses públicos cuando los agresores rompan esos elementosque, se calcula, ocasionan pérdidas anuales de un millón de pesos.

 No son pocos los casos en que, durante una detención, los aprehendidos agreden a efectivos policiales o rompen móviles o los elementos técnicos.Es por eso que a partir de ahora, en el caso de los efectivos, el Defensor del Policía (figura vigente desde 2016 -ley 8.844-) se hará cargo de su representación legal. «En vez de que el policía pague por un abogado, ahora el Estado se lo provee gratuitamente», explicó Federico Rivero, defensor policial y jefe de asesores legales del Ministerio de Seguridad.

«Pero el Estado también será querellante particular cuando el detenido dañe móviles u otros elementos públicos», añadió. En realidad, se trata de aplicar la normativa vigente, algo que hasta ahora nunca se había hecho.

«Aunque generalmente esa figura se usa para querellar contra el Estado y no a su favor», resaltan en el Gobierno, propiciando el camino inverso.

«Ahora se usará para cuidar el patrimonio de los mendocinos», dijo Rivero.

Con esta actitud el Ejecutivo apunta también a ponderar la tarea policíaca y endurecer las penas de los que delinquen.

Más allá de las intenciones, en el Ejecutivo saben que la última palabra la tendrá la Justicia. Y está claro que muchos de los agresores no tendrán plata para pagar los daños. Pero igualmente el Gobierno pide la compensación. «Si no reparan el daño vamos a usar las herramientas legales para que no se le admita la suspensión del juicio a prueba, y sea condenado. El que no repare tendrá que pagar con su libertad», indicó Rivero, que aseguró además que irán «expediente por expediente» para iniciar esas querellas.

«La idea es que se incorpore a la sentencia la reparación económica pecuniaria sobre los bienes afectados», indicó el director de Policía, Roberto Munives. «Que la reparación se incorpore a la sentencia es lo mismo que decir que el que rompe paga», aclaró el comisario, entendiendo que esta acción, servirá también para endurecer las penas de los delincuentes.

Un millón anual

Según datos del Ministerio de Seguridadsólo en 2017 el Estado debió pagar un millón de pesos en daños materiales.

De ese total, $ 600 mil se gastaron en arreglar roturas de vehículos que se producen por piedrazos, disparos y diversos forcejeos ocurridos durante las detenciones. «Se rompen entre 5 y 10 lunetas y vidrios por mes», ejemplificó el director de Administración del Ministerio, Diego Lázaro a este diario.

Los otros $ 400 mil se gastaron en reacondicionar equipamiento tecnológico como controles biométricos y cámaras internas de esos móviles, según el mismo informe.

Pero todo se encarece más si se tiene en cuenta que en más de un caso, los que sufren las consecuencias son los propios policías. «No son pocos los casos de efectivos que son lesionados en cumplimiento del deber», señaló el comisario Munives.

Es cierto que cada policía cuenta con el seguro de la ART, pero está claro además que «si el efectivo no puede cumplir su tarea por las lesiones, el perjudicado es el Estado, que ve disminuido el servicio de seguridad», agregó Munives.

Aplicable en otros casos

El ejemplo de las detenciones violentas suele repetirse a menudo, incluso en los habituales controles de alcoholemia. Hay muchos  casos en que personas en estado de ebriedad atentan contra policías o arremeten contra los móviles. Pues bien, la iniciativa de la querella particular también se pondrá en vigencia en esas situaciones.

Pero en el Gobierno hay voces que incluso van más allá y apuntan a que todo hecho que termine afectando al Estado, sea querellado. «Si alguien choca contra un poste y ese poste es del Estado, también debe pagar por ello», indicó una fuente de Casa de Gobierno, que recalcó que hasta ahora «nunca se había actuado así», pero también que es intención de esta gestión avanzar en demandas contra todo aquel que dañe los bienes públicos.

Fuente: Clarín