OPINIÓN: La crisis de identidad que, lentamente, empieza a incubarse en el kirchnerismo

A mediados de enero pasado, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero recibió al periodista Roberto Navarro en su despacho y le confirmó que el Gobierno pensaba achatar la pirámide jubilatoria.

El dato que recogió Navarro en ese momento era que todos los jubilados recibirían una suma fija de 2.500 pesos. “Los que ganan 25 mil pesos en adelante perderán frente a la inflación. Dicho de otro modo, les van a bajar la jubilación”, escribió Navarro, en un artículo titulado “El achatamiento previsional y las paritarias ‘razonables’ no ayudarán a encender la economía”. Los anuncios del viernes provocan efectos más sensibles que los previstos en aquella nota porque también los que ganan 20 mil perderán frente a la inflación, si el esquema se extendiera a todo el 2020.

Navarro, como se sabe, es uno de los periodistas más populares del mundo kirchnerista. En esa nota, se preguntaba si la estrategia global del Gobierno era correcta. “Sacarle a los que ganan 25 mil pesos para darle a los que ganan 15 mil difícilmente aporte algo para encender la economía. Los que ganan la mínima apenas consumen alimentos y un poco más. Son muy pocos los sectores que recibirán algún impulso. Los que mueven la economía en sus más diversos sectores son los de ingresos medios”, argumentaba el periodista. Luego extendía su razonamiento a la política salarial: “Suena a que los trabajadores no recuperarán salario. Con caída previsional y sin suba de salarios reales, ¿cómo se encenderá la economía?”.

Los planteos de Navarro son congruentes con el marco conceptual que guió la gestión del kirchnerismo hasta el 2015 y que, básicamente, considera que los ajustes son recesivos y no resuelven los problemas fiscales porque aquello que se ahorra de gasto luego se licúa por la caída de la recaudación. Entonces, lo que debe hacer el Estado es invertir, poner dinero en el bolsillo de la gente, estimular el consumo. Así lo repitió nada menos que Cristina Kirchner en su presentación en La Habana hace pocos días: “No podemos crecer si el Estado no inyecta fondos a la economía. No se sale de una recesión restringiendo la inversión del Estado, porque en una recesión el único que puede llegara a invertir es el estado, ningún empresario va a invertir en una economía en recesión, donde no hay consumo”.

Como todo lo que ocurre alrededor de Alberto Fernández, las medidas anunciadas el viernes admiten varias lecturas posibles. Es cierto que, extendidas en el tiempo, representan un aumento del ingreso real de quienes perciben la jubilación mínima. Del mismo modo, jubilados que ganan apenas por encima de ellos perderán frente a la fórmula anterior y frente a la inflación de este año. La medida es posible gracias a una decisión parlamentaria que suspendió la movilidad jubilatoria. Quien lo desee, podrá regodearse en la mitad del vaso que lo tranquilice.

Pero, en relación a la necesidad de inyectar fondos en la economía, las medidas anunciadas no van en consonancia con aquellas ideas porque representan un ahorro fiscal. Fuentes cercanas al Gobierno lo calculan en alrededor de 2.000 millones de dólares, si se aplicara a todo el año el criterio de este primer trimestre. O sea que si la inversión estatal fuera clave para reactivar la economía, estas medidas van -moderadamente, al estilo Fernández- en sentido contrario. Evidentemente, hay otras prioridades antes que la política expansiva, como cerrar un acuerdo por la deuda externa que evite el escenario del default.

Para algunas personas, eso es correcto, una señal de realismo político y de manejo responsable de la economía: una grata sorpresa. Para otras, un error serio. Para otras, una inmoralidad. Pero, en todo caso, esa apuesta presidencial genera una discusión que se insinúa claramente entre los partidarios de la política expansiva para encender la economía y quienes, desde el Gobierno, se mueven, como mínimo, con más prudencia. Esa discusión se explica con una pregunta muy sencilla: ¿cómo hace un militante K para explicar que se le recorta la jubilación a alguien que recibe 17 mil pesos? Es demasiado débil el que pierde con estos anuncios.

“Te vi denunciando ajuste o tirando piedras contra una fórmula jubilatoria y después silbando bajito y defendiendo esa fórmula para pagarle menos a los viejos. No te critico, al contrario: celebro tu silenciosa derechización. Así es el progreso”, provocó el viernes por la noche el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, desde Twitter. Es la mitad de la verdad: muchos de los que tiraban piedras ahora callan, y muchos de los que callaban ahora dan la vida por los abuelos. Está claro que, en los dos casos, los abuelos son apenas una excusa. En esas mismas horas, una parte del mundillo político de las redes sociales se ensañaba con Mirta Tundis, la referente de los jubilados y diputada massista, que lloró en la tele ante la reforma del 2017, y no se expresó, ni a favor ni en contra, sobre esta.

En el fondo de la cuestión, lo que está en juego no es una cuestión de principios sino de resultados. Muchas veces en su historia el peronismo impuso políticas económicas que, a primera vista, no coincidían con su dogma redistributivo. Juan Perón en 1952, Celestino Rodrigo en 1974, Carlos Menem en 1989, Néstor Kirchner al llegar a la gobernación en 1991 implementaron algún criterio de ajuste porque las cuentas no cerraban. Cuando Alberto Fernández, en Francia, explicó que no existe una sola herramienta para conducir la economía, estaba anticipando su disposición a usarlas todas. El peronismo es expansivo e intevencionista cuando hay dinero, pero puede ser privatista o ajustar el gasto cuando no lo hay. Así ha sido siempre en su historia.

El tiempo dirá si tiene éxito Fernández. Pero hay sectores del kirchnerismo que, en los últimos años, se aferraron a ideas muy fuertes: ¿qué harán con ellas? Algunos las ablandarán, otros las seguirán defendiendo. Otros las repetirán en discursos, mientras defienden medidas que van en sentido inverso, como tantas otras veces. Otros entenderán la coyuntura, se enojarán, tendrán paciencia. Es una dinámica que recién arranca.

Ese problema de identidad también se expresa en el debate sobre la existencia o no de presos políticos. La decisión de Alberto Fernández de no indultar a personajes celebres del kirchnerismo, con el correr de los meses, está destinada a incrementar la incomodidad. ¿Cuánto tiempo puede un militante kirchnerista convivir con un gobierno propio que no libera a personas tan reconocidas como Amado Boudou, Milagro Sala y Julio De Vido? En el barrio privado donde vive De Vido se realizó esta semana un cónclave para pedir una reforma constitucional. Allí, el anfitrión recibió a Guillermo Moreno, a Gabriel Mariotto y la adhesión de Amado Boudou. Por marginales que sean actualmente al esquema de poder, se trata del ex vicepresidente, del ex ministro de infraestructura, del ex secretario de Comercio, del alma de la ley de medios: personajes centrales de la gestión de Cristina, que nunca quisieron al actual Presidente.

La dirección de la Economía, la actitud presidencial frente a los kirchneristas detenidos, y también la política exterior representan tomas de posición que contrastan con consignas repetidas hasta el cansancio durante años y años. ¿Existe la posibilidad de un gobierno kirchnerista que mantenga a Amado Boudou preso, recorte una parte de las jubilaciones bajas, coquetee con Donald Trump y Jair Bolsonaro, se reconcilie con el mundo occidental, mantenga una relación no conflictiva con el grupo Clarín y negocie en buenos términos la reestructuración de la deuda? En política, claro, todo existe. El tema es cómo se logra procesar y eso lo definirán los resultados: primero, los económicos; luego los electorales.

El mismo Roberto Navarro que hace 15 días advirtió contra las medidas que el viernes anunció Alberto Fernández, ayer las aplaudía. “Este aumento a los jubilados será un impulso para salir de la recesión”, celebró. Tal vez no sea tan complicado para el Presidente convencer a los díscolos.

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