OPINIÓN: Escandaloso regreso de lo que se había ido

Por las manos de Julio De Vido pasó el 95 por ciento de las causas de supuesta corrupción durante el kirchnerismo.

Esa es la afirmación que suelen hacer los jueces y fiscales más comprometidos con la investigación de aquella época inverosímil. Oscar Parrilli fue el jefe de los servicios de inteligencia de Cristina Kirchner cuando estos servían para el espionaje de críticos y opositores y para hurgar en las debilidades de algunos jueces. O para perseguir a los jueces independientes. También la inteligencia kirchnerista trabajó de ese modo -hay que ser justos- antes de que llegara Parrilli a la conducción de los espías. Los dos han vuelto. Un De Vido eufórico, desafiante y altanero recorre las radios asegurando que no hubo corrupción durante el kirchnerismo. Se explica: decir otra cosa significaría en su caso una autoincriminación. Parrilli contó, tal vez en nombre de su jefa, que ellos se sienten «orgullosos de que sean los del campo los primeros que nos ataquen». Esos dos hombres corporizan lo peor de la época en que gobernó Cristina, pero representan, al mismo tiempo, el regreso de los problemas más graves de la Argentina actual. La corrupción que la Justicia no castiga y la crisis con el sector agropecuario.

De Vido está en libertad por una decisión arbitraria de la Justicia. Ya había sido puesto entre rejas después de que un juez de primera instancia, Luís Rodríguez, se negara a hacerlo. La Cámara Federal debió ordenarle al juez que reclamara de inmediato el desafuero del exministro (que era diputado) para poder encarcelarlo. Era por una causa de defraudación al Estado por muchos millones de pesos en la mina de Río Turbio. De Vido era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando lo juzgaban por la defraudación de esa mina. Estaba en condiciones de entorpecer la investigación. ¿Lo está ahora cuando regresaron al poder muchos amigos suyos? Es probable. De todos modos, el exhombre fuerte de la caja kirchnerista tiene una condena a 5 años y 8 meses de prisión (no excarcelable) por la tragedia ferroviaria de Once, dispuesta por un tribunal oral. Resulta que no es suficiente. Hay que esperar la resolución de la Cámara de Casación sobre la apelación de De Vido. Esa Cámara tiene el expediente desde marzo de 2019 y nunca lo movió. Ni convocó a las audiencias necesarias y ni siquiera lo leyó. El multiprocesado De Vido debería estar preso por la Tragedia de Once, que provocó la muerte de 51 personas, más que por la defraudación de Río Turbio (aunque también). La sensibilidad política y social no abunda en Comodoro Py.

De Vido nunca estuvo en prisión preventiva por la catástrofe humana de Once. ¿Qué es entonces el lawfare, presunta complicidad de medios periodísticos y jueces, tan denunciado en los últimos tiempos y ahora en especial por el propio De Vido? El desastre de Once fue ampliamente cubierto por el periodismo. La Justicia no reaccionó y no reacciona. LA NACION y el periodista Diego Cabot no publicaron el escándalo de los cuadernos, la crónica más precisa de la corrupción kirchnerista, durante cuatro meses a la espera de la investigación de la Justicia. El diario y el periodista corrieron el riesgo de perder la primicia y, al final, terminaron publicando la información casi junto con los otros medios. ¿Dónde estuvo el lawfare del que habla De Vido, procesado también por el caso de los cuadernos? El lawfare es puro cuento. Alimenta solo la certeza de los fanáticos y la ingenuidad de los incautos. Es un intento nefasto de callar a los jueces y también a los periodistas. Cinco senadoras de pura sangre cristinista dieron fe de ello cuando escribieron un proyecto para frenar las prisiones preventivas por corrupción si algún medio se hacía eco del hecho investigado.

Parrilli es Parrilli y puede pasar del conservadurismo a la revolución sin ningún problema. Fue un vocero importante de políticas liberales durante el gobierno de Menem. Ahora parece que está bajando de Sierra Maestra para enfrentarse con el campo. Es difícil de entender, sin embargo, que Alberto Fernández repita el error de su mentora, que también se enfrentó con el sector agropecuario tres meses después de asumir la presidencia, en marzo de 2008. El Presidente solía reprocharse, en medio del conflicto de hace doce años, no haber chequeado personalmente el estado de ánimo de los dirigentes agropecuarios. Era jefe de Gabinete y confió en la palabra del ministro de Economía de entonces, Martín Lousteau, quien le aseguró que los productores no irían más allá de alguna queja pública en medio de una negociación. Alberto Fernández se fue del gobierno cuando concluyó el conflicto, luego de que el gobierno de Cristina sufriera su primera derrota política.

El jefe del Estado cometió varios errores políticos, además del error básico de su decisión económica. Su ministro de Agricultura, Luis Basterra, les aseguró el jueves pasado a los dirigentes agropecuarios que el Presidente no hablaría de las retenciones en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Alberto Fernández habló; no dio precisiones, pero anunció implícitamente que las retenciones a la soja subirían. Incumplió su promesa. Basterra, en una reunión del martes, los notificó a los líderes de la mesa de enlace sobre el aumento de las retenciones. No negoció nada. Para peor, el propio Presidente mostró luego esa reunión como una prueba de su política de acuerdos. Los ruralistas lo desmintieron en el acto. No habían acordado nada. El Presidente rehuyó, además, el contacto personal con los dirigentes del campo y, encima, ninguneó a los autoconvocados. Son votantes de Macri, insinuó sin decirlo explícitamente. La bronca de las bases campesinas superó la prudencia de los dirigentes, que hubieran preferido esperar para convocar a medidas de fuerza. La huelga se hizo inevitable. Comenzará mañana.

Hay algo que también dijo el Presidente que encendió aún más el alma de los productores. «Ellos quieren ganar siempre», les lanzó. La producción de soja no está bien. En noviembre del año pasado, las retenciones eran del 24,70 por ciento. En diciembre, luego de acceder al poder, Alberto Fernández las subió al 30 por ciento. Ahora las llevó al 33 por ciento. Casi nueve puntos de aumento en apenas tres meses. Los productores están peor que en el peor momento de Cristina, cuando pagaban el 35 por ciento de retenciones. Entonces, el precio de la soja estaba cerca de los 500 dólares la tonelada. Ahora el precio ronda los 220 dólares. Si bien las retenciones son un poco más bajas (33 en lugar de 35), el precio se desplomó como consecuencia de la pandemia del coronavirus. ¿Dónde está la ganancia de siempre de la que habló el Presidente? En efecto, el campo debe aportar a la solución de la crisis argentina, como señala el Gobierno. El problema es que confunde ese aporte. No puede significar nuevos gravámenes, que terminarán desalentándolo. El aporte del campo debe ser, si se dejan de lado las razones ideológicas que cínicamente expone Parrilli, el del incentivo para que produzca más y exporte también más. Solo de ahí pueden llegar los dólares a un país que carece dramáticamente de dólares.

El conflicto con el campo tiene algo de déjà vu, de vivir lo que ya se vivió. Ni siquiera la historia sirve, según parece, para diseñar un destino sin los errores del pasado. El problema de fondo es que De Vido y Parrilli no son satélites sin órbita. Escucharlos a ellos es como escuchar a Cristina. La tensión es evidente dentro de la coalición gobernante. La novedad, sin embargo, es que el Presidente se acerca ahora al discurso de De Vido y Parrilli. Nunca fueron sus amigos, ni en la vida ni en la política.

Para La Nación / Joaquín Morales Solá

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