OPINIÓN: Alberto va claudicando

Cristina Fernández tuvo en sus dos mandatos tres batallas que la marcaron a fuego. El conflicto con el campo, la ofensiva contra los medios de comunicación y el intento por democratizar la Justicia. Era, en verdad, coparla para detener causas de corrupción iniciadas durante su administración. No después, como indica ahora el relato kirchnerista.

El choque con el Poder Judicial asoma por el proyecto de reforma que, en este caso, abarca también a la Corte Suprema. Queda la expectativa sobre los medios de comunicación, cuyo vínculo con el Gobierno tiene fogonazos (acción instigada de militantes y la Justicia contra periodistas) aunque se mantiene dentro de parámetros de tensión tolerables.

La descripción resulta elocuente. Se va imponiendo en la gestión oficial el peso político y las necesidades de la vicepresidenta. Las prioridades enunciadas por Alberto eran otras. Intentar recuperar la economía de la crisis que heredó de Mauricio Macri. Negociar rápido la deuda. Buscar consenso político con el cual, repitió, estaba dispuesto a gobernar. Convertirse en el hombre que vino a ponerle fin a la grieta.

Es verdad que de repente estalló la pandemia. La desgracia, sin embargo, le abrió la puerta a dos oportunidades. Ralear las propuestas radicalizadas del cristinismo. Amasar un capital político propio para no depender tanto del liderazgo natural de la vicepresidenta. La utilización de la cuarentena como herramienta exclusiva frente al coronavirus y la opción solo de los infectólogos como aliados, abortaron ambas posibilidades. Alberto sigue aplicado a la cuarentena –que se prolonga mucho más de lo calculado– tratando de administrar la buena popularidad, en caída, que conserva. Las veces que prima la política en la escena es por imperio de Cristina.

Quizás el apuro de la vicepresidenta por limpiar su historia haya empujado un error estratégico del Gobierno. Tuvo origen en el Instituto Patria. Aquella avanzada contra Vicentín produjo efectos que parecen consolidarse. Hay un sector social, expresado en el 41% de los votos en 2019, en estado deliberativo. Protesta con marchas o cacerolas cada vez que atisba un riesgo para las libertades. O sospecha de ardides para consagrar la impunidad. Del mismo modo, ayuda a la unidad de Cambiemos que, en un marco de armonía, quizá no hubiera resultado tan sencilla. Ambas situaciones atentan contra cualquier consenso y el deseo de saldar la grieta.

La reforma judicial fue un asunto que Alberto blandió durante la campaña. Nunca consideró necesario, hasta que talló Cristina, ocuparse de la transformación de la Corte Suprema. Sus virajes empiezan a esmerilar el valor de la palabra y la confianza. Claves para el ejercicio político. Cuando sucedieron las protestas por Vicentín dijo que se trataba de “gente confundida”. Al escalar el pleito se hizo cargo de la iniciativa que no le perteneció. También del error: “Creí que la intervención alegraría a la gente”, justificó. Su conformidad con la Corte Suprema no data sólo de aquellas declaraciones del 2016, viralizadas ahora. Repitió la idea después de asumir. La conversó, al menos, con dos jueces. La acaba de enmendar con otra pirueta: “Con cinco miembros puede funcionar, pero está funcionando mal”, explicó.

La cuestión de la Corte Suprema termina por intoxicar todo el debate sobre la reforma judicial. El foco sobre el Tribunal sería un mensaje insoslayable para las instancias inferiores. Su papel de cabeza de un poder del Estado quedaría cuestionado con la devaluación consecuente. En el kirchnerismo existen quienes imaginan, incluso, acciones directas. ¿Juicios políticos? El abogado K Alejandro Rúa instó a terminar con la “Corte macrista”.

La tirria de la vicepresidenta contra el máximo Tribunal tiene capítulos. El primero sucedió en 2013 cuando cuatro de los magistrados –con disidencia de Raúl Zaffaroni-declararon inconstitucional el proyecto para que los miembros del Consejo de la Magistratura fueron electos por el voto popular. Para instaurar la justicia militante. Antes de que Cristina dejara el poder en 2015, también la Corte estampó la inconstitucionalidad sobre la Ley de Subrogancias. Otro mecanismo de colonización. Por entonces, Alberto arengaba sobre la “deplorable” tarea del gobierno kirchnerista en materia judicial.

Durante el macrismo, la vicepresidenta propuso varias maniobras –especulando con denuncias de Elisa Carrió—para tumbar a Ricardo Lorenzetti. Se frenaron porque, ya en tiempo de reconciliación, Alberto la convenció de no avanzar contra el abogado de Rafaela. Cristina se alegró, incluso, cuando en una jugada sorpresiva tres de los jueces desplazaron de la titularidad del cuerpo a Lorenzetti. Esa alegría se opacó no bien el coronado resultó Carlos Rosenkrantz.

La inquina definitiva contra la Corte y en especial Lorenzetti, se consolidó con el juicio por la obra pública donde Cristina está acusada como jefa de una asociación ilícita. El Tribunal estuvo a punto de suspender el inicio de las audiencias cuando hizo lugar a los recursos presentados por la defensa. Pero estimó que deberá considerarlos después de la sentencia.

El abordaje de la metamorfosis de la Corte Suprema augura un verdadero incordio. No sólo por la nominación de una Junta Consultiva muy parcial en la cual, como figura estelar, asoma Carlos Beraldi, el defensor de Cristina en las causas de corrupción. También, por el debate sobre el número de jueces que en la Argentina, en sentidos opuestos, se instala con mucha frecuencia. Refleja la inestabilidad y el cambio de reglas de juego que explican la escasísima credibilidad. Cualquier designación, además, requiere de una mayoría especial en el Senado. El gran dilema sería su pretendida división en varias salas que atentaría contra el principio constitucional que identifica a la Corte como un cuerpo único. De respetarse tal norma, un fallo de la sala penal, por ejemplo, debería ser también votado por las salas restantes. Inviable.

Con respecto a la reforma judicial, se advierte un hilo de la historia. En la matriz puede descubrirse parentezco con la que implementó Carlos Menem en su tiempo. Extraño, porque Alberto cuestionó en su presentación ese modelo y también el macrista. Elogió la época de Raúl Alfonsín y omitió la del kirch- nerismo. Se darían, además, situaciones asimilables. El plan del menemismo nació cuando lo acechaba la corrupción. El denominado “Yomagate”, escándalo de lavado de dinero derivado del narcotráfico. ¿Pura casualidad?

Menem trazó dos huellas entre 1990-92. Primero, aumentó de cinco a nueve los integrantes de la Corte Suprema. Luego modificó el Código Civil, el Electoral, el Penal y creó una cantidad de nuevos tribunales. Solo los federales ahora pasarían de 23 a 46. Habría 108 fiscales adicionales. Un detalle: el ex presidente consagró por primera vez la figura del arrepentido pero dejándola de lado en los casos de corrupción. El mérito de ocuparse del “olvido” correspondió al Congreso del tiempo macrista. Es la que el kirchnerismo pretende abolir.

Ni la reforma judicial ni la transformación de la Corte puede ser escindida del contexto. Suceden otras cosas. El Consejo de la Magistratura aprobó la revisión del traslado de jueces durante el macrismo. Casualmente tres de ellos –Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli- entienden en causas de corrupción clave contra Cristina. Los dos primeros cuentan con el aval de una acordada de la Corte, en 2018. La diputada Graciela Camaño, cuyo voto permite aquella revisión, sostiene que las condiciones puestas por el máximo Tribunal no se cumplieron. Otros seis consejeros opinan lo contrario. Asoma la judicialización.

También prosigue la ofensiva para que el procurador interino, Eduardo Casal deje su cargo. Ni siquiera se respetan formas mínimas. En el teatro montado para el anuncio estuvieron los miembros de la Junta Consultiva y hasta una representante de la Corte Suprema, Elena Highton. La única que se atrevió por el ruego de su ex alumno, el Presidente. Casal no fue invitado.

Según expertos en materia judicial, la puesta en marcha de una fiscalía insumiría cerca de $ 4,5 millones mensuales al Estado. Un juzgado implicaría el doble. Muestra sobre el volumen de la probable erogación. ¿Está la Argentina en condiciones de enfrentar ese gasto? ¿Es atinado cuando se le explica a los acreedores que no tiene condiciones de pago? ¿Es razonable con la hecatombe económico-social que dejará la pandemia?

La hecatombe no tiene que ver solo con la pobreza. También, con asuntos medulares cuya responsabilidad recae en la clase dirigente. Después del descenso que mostró al comienzo de la cuarentena, la inseguridad regresó con furia. Y pocas respuestas. En medio del desamparo, la sociedad debió escuchar impávida cómo un intendente (Mario Ishii, de José.C.Paz) confesó ser contemplativo con aquellos que trafican droga en ambulancia para ganarse un peso. No quedó aislado. Al contrario, parte del peronismo bonaerense, incluyendo el ministro Sergio Berni y el jefe de gabinete de Axel Kicillof, salió a apoyarlo. Adujo mala intencionalidad para interpretar sus palabras. Vergonzoso.

¿Puede existir una conducta más simbólica que ésa sobre la indigente moral pública? ¿Puede confiarse, con ese paisaje, en la promesa de reformas angeladas?

Para Clarín / Eduardo Van Der Kooy

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