Los escabrosos detalles del secuestro y asesinato del empresario mendocino

Este martes detuvieron a un quinto sospechoso por el secuestro extorsivo y asesinato del empresario Diego Alfredo Aliaga. El caso está a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz; los investigadores ah reconstruido las últimas horas que vivió este empresario mendocino que fue enterrado en Costa de Araujo, de Lavalle.

Según ha podido reconstruir el periodista Exequiel Fereyra para Diario El Sol, la detención del quinto sospechoso del secuestro extorsivo seguido de muerte del empresario Diego Alfredo Aliaga (51) abrió un nuevo camino en la instrucción que lidera el fiscal federal Fernando Alcaraz.

Ferreyra relata que la confesión y pacto de colaboración que firmó con las partes este sujeto de 32 años, un ex barra del club Maipú identificado como Washington Yamil Rosales, permitió que los detectives de Investigaciones de la provincia hallaran el cadáver del ex despachante de aduanas enterrado camino a Gustavo André, en Costa de Araujo, Lavalle, minutos antes de las 18 del jueves 10.

El periodista describe que el cuerpo estaba casi desnudo: sólo vestía un bóxer pero algunos detalles que descubrieron en la cabeza motivaron que se recreara una imagen lo más fiel posible de cómo fueron los últimos momentos con vida de la víctima.

Encontrar el lugar exacto donde cavaron un pozo de medio metro para enterrar a Aliaga sirvió para confirmar una de las hipótesis principales, la que sostenía que a Aliaga lo habían retenido en su propiedad de calle Bandera de los Andes 9840/46 de Rodeo del Cruz para luego hacer un llamado extorsivo a su familia exigiendo un millón de dólares a cambio de su vida.

El empresario murió mientras sufría algún tipo de amenaza, apriete o agresión. Siempre con el móvil económico detrás.

Diego Barrera (50) y su pareja, Bibiana Sacolle (46), eran socios de Aliaga en diversos negocios. Y en el inmueble de Guaymallén tenían pensado desarrollar una clínica de rehabilitación para discapacitado. Los hijos de la mujer, Lucas y Gastón Curi, de 26 y 28 años, también trabajaban en ese lugar y eran parte de los negocios, estimaron los detectives. Por eso creen que todos ellos, con Rosales, participaron en la privación ilegítima de Aliaga y en su muerte.

Además, confirmar un asesinato fue clave para la pesquisa, debido a que modificará el futuro de la causa, al punto de que el juez federa Marcelo Garnica deberá dictar un nuevo auto de procesamiento y prisión preventiva contra todos los sospechosos.

Cuando Policía Científica levantó el cadáver, luego de un trabajo exhaustivo de antropólogos que analizaron la tierra movida en un descampado lleno de jarillas y otros yuyos, lo primero que se ordenó fue remitirlo al Cuerpo Médico Forense (CMF) para la correspondiente necropsia.

El estudio forense para conocer las causas del deceso de Aliaga no se realizó esa jornada. Cuidaron los restos y los dejaron allí hasta el otro día para trabajar con precisión y en detalle.

Se notificó a la defensa y el representante de legal de los Barrera designó a un perito de parte con presencia, conocimiento y experiencia en el tema: Gerardo Mazziotti, el ex titular del CMF.

Con la presencia también del juez Garnica y el fiscal Alcaraz, los médicos legistas comenzaron a trabajar en la búsqueda de pruebas para confirmar la hipótesis del homicidio. Y las encontraron.

Desde un principio, cuando Científica movió el cuerpo en Lavalle, se observó a simple vista que Aliaga tenía un trapo en la boca. Esto llevó a pensar que la víctima había muerto por sofocación, es decir, asfixiada porque tenía ocluidos los orificios respiratorios, la nariz y boca.

Pero no todo terminó allí. El informe preliminar de la autopsia arrojó otros resultados dramáticos de cómo pudo haber perecido el hombre de 51 años oriundo de Godoy Cruz.

Los forenses descubrieron que Aliaga también presentaba lesiones en las rodillas y que una venda le tapaba los ojos.

No sólo eso: la tela que tenía en la cavidad bucal, que le imposibilitó realizar los movimientos de inhalación y exhalación de aire, estaba sujetada con una especie de vincha de nylon no muy ancha, confeccionada imprevistamente.

Por último, también descubrieron que tenía una capucha tipo “cuellito” para cubrirle toda la cabeza.

Los profesionales consultados por El Sol imaginaron y recrearon cómo pudo haber sido la secuencia que terminó en un asesinato: estimaron que fue abordado, retenido y amenazado -no descartan armas de fuego- en la casa de calle Bandera de los Andes, donde ya se encontraban Barrera, sus hijastros y otras personas cuando Aliaga arribó al lugar el martes 28 a las 9.53 en la camioneta negra de su amigo abogado, del barrio, una BMW X6.

La reconstrucción agrega que fue “apretado” con fines económicos para que hiciera o dijera algo vinculado con los negocios que mantenían, pero todo terminó de la peor manera. Por eso, los especialistas analizaron lo que detectaron los legistas: tenía golpes (no mortales) y daños en las rodillas.

A la víctima la obligaron a inclinarse y arrodillarse mientras se encontraba rodeada y tenía tapados la boca y los ojos, y la situación de estrés que esto le provocó le impidió continuar respirando hasta sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Tras la muerte de Aliaga, el objetivo fue borrar todas las pruebas posibles, pero no lo consiguieron. Con el paso de los días, la familia Barrera terminó detenida en su casa del barrio Dalvian.

Le incautaron una importante cantidad de vehículos de alta gama y también los que aparecían en las imágenes el día de la desaparición. Con estas pruebas, el juez Marcelo Garnica les negó la excarcelación en dos oportunidades y dictó el procesamiento con prisión preventiva.

Pero al entener que hubo un asesinato la situación procesal de todos los detenidos cambiará en las próximas horas. Y el juez Garnica volverá a analizar si corresponde que continúen en la cárcel por una calificación que prevé prisión perpetua.

El Sol

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