Los diputados María José Sanz y Luis Petri presentaron proyectos para que condenados por corrupción no accedan a cargos políticos

La presentación tuvo lugar esta mañana en un hotel céntrico.

La diputada provincial María José Sanz (UCR) y el diputado nacional Luis Petri (Cambiemos) presentaron esta mañana los proyectos de Ley denominados “Ficha Limpia”, con los que se busca que aquellas personas condenadas por corrupción no puedan candidatearse ni acceder a cargos políticos.

Los proyectos fueron presentados tiempo atrás en las legislaturas provincial y nacional y esperan su tratamiento.

En conferencia de prensa, Sanz destacó que los proyectos surgieron luego de que en 2018 conocieran a Rodrigo Janot, fiscal general de Brasil en el caso de corrupción denominado Lava Jato.

Gisela Caballero, Federico Zamarbide, Cecilia Canizzo y Abel Freidemberg.

Sobre su proyecto, Sanz señaló que busca que se incorpore al Artículo 37 de la Ley 4746 (Ley Orgánica de Partidos Políticos de la Provincia) la prohibición de que sean candidatos a cargos electivos provinciales las personas condenadas por delitos contra la administración pública y el orden económico y financiero; asimismo, solicitan que, una vez cumplida la condena, durante ocho años el implicado no pueda presentarse como candidato.

La legisladora puntualizó sobre los siguientes delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, asociación ilícita, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y lavado de dinero (activos financiero).

“No podemos hacer la vista gorda; si queremos construir un país y una provincia en serio, hay que animarse a hablar de estos temas”, señaló Sanz, al tiempo que destacó que no puede ser que para ingresar al Estado provincial se solicite un certificado de buena conducta y para ser candidato no se pida nada. “Los que deben dar el ejemplo son los que están adelante”, indicó.

María José Sanz y Luis Petri.

“El derecho de ser candidato se mantiene intacto; lo que se suspende temporalmente es su ejercicio, en virtud de un interés superior”, agregó.

Sanz diferenció su proyecto al presentado por Petri, al indicar que busca que se trate de condenados en segunda instancia “porque le da más legitimidad”; no obstante, reconoció que “llegar a una segunda instancia nos lleva mucho tiempo y lo estamos viendo con algunos; es un punto que estamos debatiendo”.

Por su parte, Luis Petri consideró que este tipo de temas son necesarios y urgentes, y no se trata de plantearlos en época electoral, sino que siempre los han puesto sobre el tapete (mencionó la Ley del Arrepentido y la de Extinción de Dominio).

La política debe recuperar la ejemplaridad. Luis Petri.

El legislador señaló que la corrupción cuesta vida, por falta de infraestructura que no se realizó por el faltante de grandes sumas de dinero..

Por otra parte, se refirió a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos: “de acuerdo a cómo se financien nuestro partidos políticos y las campañas electorales, responderán nuestros dirigentes cuando les toque ejercer esa representación; la democracia no tiene precio pero sí costo, el que debe ser transparente para garantizar que quienes acceden a la función pública no estén comprometidos a la hora de tomar decisiones”, expresó.

Que las futuras elecciones sean con candidatos probos, honestos y sin causas pendientes con la justicia. Luis Petri.

Petri subrayó que en Chile y Uruguay, por ejemplo, no es necesaria la condena para suspender el ejercicio de los derechos políticos electorales pasivos, sino que con el procesamiento alcanza; “hoy tenemos candidatos haciendo campaña desde las cárceles; no lo podemos permitir”, recalcó.

Estamos jugando a favor del mendocino. María José Sanz.

El diputado señaló que los proyectos presentados no son inconstitucionales, sino que están avalados por convenciones internaciones, y solo basta con tener la decisión política de hacerlo.

“Así como se habilitó que los procesados por delitos de lesa humanidad no se puedan presentar (se hizo durante el Kirchnerismo), los condenados en primera instancia por casos de corrupción tampoco deberían”, agregó.

En otro sentido, recordó que presentó ante el Congreso una modificación a los delitos contra la Administración Pública (cuyas penas mínimas son excarcelables y las máximas no superan los diez años) e indicó que hay que revisar el Código Penal (1921) para que exista una pena efectiva y el funcionario corrupto cumpla con cárcel.

Por último, recalcó que todos aquellos que manejan fondos públicos deben estar obligados a presentar declaraciones juradas (dijo que los sindicalistas -no todos- no lo hacen), algo con lo que coincidió Sanz.

Los proyectos de Sanz y Petri.

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