La reforma de la Suprema Corte de Justicia obtuvo media sanción en Diputados

El proyecto del Ejecutivo, que pasó a revisión en el Senado, introduce  cambios en la organización, gestión y el funcionamiento del máximo órgano de justicia, mediante la derogación de la Ley Nº 4969, que rige desde 1984.

Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo por el cual se reforma el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Establece entre otros puntos, que funcionará en Colegio de Jueces o en pleno, con competencia en todo el territorio provincial y con asiento en la Ciudad de Mendoza.

Funcionamiento de los plenos

Para el caso de los plenos, el texto acordado entre los integrantes de la Corte dispone que tendrá funciones jurisdiccionales para dirimir los conflictos de competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en los conflictos internos entre las diversas ramas de éstos; conocer y resolver en las acciones de inconstitucionalidad previstas por el inc. 3 del artículo 144 de la Constitución y reguladas en el artículo 227 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario; conocer y resolver en las causas derivadas de veredicto en juicio por jurados, así como en las acciones procesales administrativas referidas a los reclamos contra reglamentos previstos en el artículo 187 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, en las que estén en juego derechos de incidencia colectiva, que le sean sometidas por vía de recurso extraordinario o en virtud de su competencia originaria; decidir las demandas para hacer efectivas la responsabilidad patrimonial de los y las magistradas judiciales, previstos en el artículo 228 inciso II del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario; y conocer y decidir sobre el recurso extraordinario a que alude el artículo 229 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario.

De igual forma,  en toda causa en la que se considerase conveniente evitar jurisprudencia contradictoria, con la finalidad de asegurar la igualdad prevista por el artículo 7º de la Constitución o si la importancia o trascendencia de la materia a resolver así lo aconseje, se podrá convocar a que se decida la causa en pleno. Contra la decisión plenaria no procederá recurso alguno

Esta facultad podrá ejercerse hasta el llamamiento al acuerdo para dictar sentencia en los recursos extraordinarios provinciales, antes de la etapa de alegatos en los procesos de conocimiento originario, o antes de la audiencia de informe oral o la audiencia de deliberación en los recursos extraordinarios en materia penal.

La convocatoria a Tribunal en pleno para una causa deberá ser realizada por dos miembros de la sala sorteada o por tres Ministros/as de la Suprema Corte de Justicia, a pedido de parte o de oficio.  El procedimiento será dirigido por la Presidencia del Tribunal, podrá realizarse audiencia y deliberación pública y sólo se admitirá la excusación o recusación con causa y procederán contra la sentencia todos los recursos que prevé la ley procesal.

En otro orden, será competencia de la Suprema Corte de Justicia en pleno, en ejercicio de la Superintendencia sobre la Administración de Justicia, elegir a quien ejercerá la Presidencia y las Vicepresidencias Primera y Segunda que integrarán la Sala Administrativa; dictar su Reglamento Interno y el Reglamento General del Poder Judicial; designar a los Ministros titular y suplente que integrarán el Consejo de la Magistratura en representación de la Suprema Corte de Justicia; designar al Administrador General, Secretarios y Prosecretarios Judiciales y reglamentar el procedimiento para la designación de las y los representantes de los Magistrados en el Consejo de la Magistratura.

De igual forma será competencia designar Conjueces; conformar los Cuerpos de Conjueces especiales,  a los Ministros Coordinadores; fijar los horarios y modalidades de trabajo de los Tribunales, Juzgados y oficinas de la Administración de Justicia; proponer a la Legislatura provincial proyectos de ley relativos a reformas de la organización del Poder Judicial o sus procedimientos, y definir y aprobar el presupuesto general de gastos y recursos del Poder Judicial.

A la vez, proponer y elevar al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos del Poder Judicial remitir anualmente a la Legislatura Provincial y al Poder Ejecutivo la memoria del Poder Judicial y de la Administración de Justicia; ejercer jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles de detenidos; conocer sobre los casos de reducción, conmutación e indultos de pena; y designar a los representantes de la Suprema Corte de Justicia como miembros de las Comisiones Asesoras del Consejo de la Magistratura.

La decisión en pleno deberá tomarse por voto de la mayoría simple de sus integrantes.

Sala Administrativa

Estará integrada por la Presidencia y las Vicepresidencias Primera y Segunda y tendrá como facultades y deberes, el conocer en los planteos de queja por denegación o retardo de justicia; designar a los funcionarios y empleados; organizar los Tribunales Inferiores y Juzgados, distribuyendo territorialmente las competencias materiales específicas a tribunales de competencias afines, en razón de las necesidades de los habitantes, las distancias y dentro de las respectivas previsiones de las leyes de creación de los tribunales o juzgados, y disponer la constitución de sedes alternativas de los Tribunales, dentro del ámbito de su competencia territorial, en los casos y condiciones autorizados por ley.

Prevé también el ejercicio del control general y permanente sobre la administración de justicia y sus sistemas de administración financiera, de bienes y servicios, de recursos humanos y función e inversión pública y de administración informática; ejercer la conducción superior de la ejecución del presupuesto de recursos y gastos; y cumplir la rendición de cuentas periódica de la gestión presupuestaria, conforme a la ley.

En la misma línea, convocar y fiscalizar el proceso de elección de magistrados para integrar el Consejo de la Magistratura; recibir informes trimestrales del Administrador General y demás funcionarios sobre la marcha de la administración de justicia, su eficacia, eficiencia y celeridad, como de las unidades de gestión judicial u oficinas judiciales, explicitando los objetivos perseguidos, las concreciones efectuadas y proyectos existentes; sin perjuicio del deber de responder diligentemente toda información cuando le sea requerida.

Establece asimismo como facultades, actualizar los montos de la competencia por cuantía de los Tribunales así como los montos de los depósitos judiciales que exijan las leyes procesales; asignar los Tribunales, Juzgados y oficinas competentes durante la feria y recesos judiciales así como los asuetos judiciales y la suspensión general de términos; ejercer la superintendencia del notariado; resolver sobre los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia; ejercer la revisión en última instancia administrativa de los actos definitivos de entes de derecho público no estatal, en los casos en que la Constitución o las leyes los establezcan respecto al control de la matrícula, y actualizar las profesiones matriculables o registrables como auxiliares externos de los procesos, fijando las normas regulatorias, entre otras.

Elección de la Presidencia y Vicepresidencias

La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia preside la Sala Administrativa, la representa, la convoca y dirige sus deliberaciones. Será ejercida por un o una Ministra  por dos tercios de los integrantes del Tribunal. Si luego de dos rondas de votación no se llegara a un acuerdo, en tercera ronda de votación podrá ser elegido por simple mayoría de votos computada sobre la totalidad de sus miembros.

En caso de ausencia o vacancia, la Presidencia será reemplazada por quien ocupe la Vicepresidencia Primera y luego por quien ocupe la Vicepresidencia Segunda, en forma sucesiva.

La Vicepresidencia Primera se elegirá por simple mayoría de ministros, sin participación de quien fuera elegido para ocupar la presidencia, salvo empate. En tanto, la Vicepresidencia Segunda también se elegirá por simple mayoría, excluidos de la votación quienes hayan sido designados para desempeñar la Presidencia y la Vicepresidencia Primera.

Ante sus ausencias o vacancias, y si ello fuera necesario para el funcionamiento de la Sala Administrativa, serán subrogadas por los restantes Ministros según la antigüedad en el cargo.

Las autoridades que se designen durarán dos años en la función y podrán ser reelegidos.

Colegio de Jueces

De acuerdo al articulado, la Suprema Corte de Justicia funcionará como Colegio de Jueces para el conocimiento de todas las causas jurisdiccionales que por vía de acción o recurso le sean sometidas, a excepción de los casos previstos para el funcionamiento y la sentencia en pleno.

Se distribuirá en salas de tres Ministros que al ingreso de cada acción o recurso, serán designados por sorteo auditable. Quien resulte sorteado en primer término tendrá a su cargo la dirección del proceso. El sorteo también determinará el orden de la emisión de cada voto y del ejercicio de las competencias.

Para las subrogancias entre Ministros por inhibición, excusación, recusación, ausencia o vacancia, dispone que se deberán cubrir por el mismo sistema de sorteo.

Secretarías jurisdiccionales y Oficina de Gestión

La Suprema Corte podrá contar con dos Secretarías judiciales, una a cargo de los procesos de su competencia originaria y la otra encargada de las causas relativas a su jurisdicción de apelación o revisión extraordinaria. Para ser designado en este cargo o como Prosecretario Judicial, se deben reunir las exigencias previstas en los Artículos 153 y 154 de la Constitución de la Provincia, respectivamente. Las Secretarías Judiciales serán subrogadas por las Prosecretarías Judiciales, con arreglo al Reglamento Interno.

Para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y dirimentes, la Suprema Corte de Justicia organizará una Oficina de Gestión, de carácter instrumental, que servirá de apoyo y soporte a la actividad de los Ministros, las Salas sorteadas, el Tribunal en pleno y las Secretarías Judiciales.

Aplicación progresiva

Esta normativa, una vez aprobada en el Senado, se implementará desde su publicación en el Boletín Oficial, con las salvedades que se establecen a continuación y debiendo finalizar la implementación al 31 de diciembre del 2023 sin posibilidad de prórroga.

Establece que no se aplicará a los mandatos de la actual Presidencia e integración de la Sala Administrativa, que continuarán hasta su finalización; ni tampoco a los mandatos que se designen durante el presente año calendario.

Además, dispone la aplicación progresiva en materia jurisdiccional del colegio de jueces:

Primera etapa: respecto de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia, entrarán en vigencia inmediata. Segunda etapa: a partir del 1 de julio del 2023 y previa decisión fundada del pleno de la Suprema Corte de Justicia -adoptada por dos tercios de la totalidad de sus miembros-, regirán los alcances del artículo 7 y concordantes para las competencias jurisdiccionales restantes, cuando así lo hubieren definido. En caso de que ello no sucediera entrará en vigencia el 31 de diciembre del 2023.

Finalmente, sostiene el texto legislativo que la Suprema Corte para implementar la presente Ley, podrá reorganizar las Salas Jurisdiccionales y reasignar los recursos humanos y materiales, respetando la actual situación de revista de los agentes y funcionarios. A todos los efectos operativos, podrá reglamentar los procedimientos mediante Acordada plenaria.

Todas las causas que a la entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren en trámite, seguirán hasta su resolución con el Tribunal que estuviese ya asignado, aplicándose en estos casos el sistema de sorteo previsto en la presente para las subrogancias entre Ministros, por inhibición, excusación, recusación, ausencia o vacancia, cuando esté implementada la segunda etapa prevista.

Debate

Desde el bloque radical,  Adrián Reche (UCR), explicó los aspectos técnicos del proyecto y señaló que “termina de profundizar todos los cambios que se vienen gestando desde el 2016, que buscaron mejorar códigos procesales, avanzar en la oralidad, la conciliación laboral, civil, juicios por jurado. Es una política continua que busca celeridad. Es terminar con esta transformación que se viene realizando en el Poder Judicial”.

“Hace tiempo que se advierte un mal funcionamiento en la prestación de justicia y eso nos da el pie para ver qué tipo de Corte queremos”, a lo que agregó que “queremos una justicia que tenga la balanza equilibrada, que mejore la justicia para los mendocinos”.

Además, resaltó que “hoy reformamos la justicia con un acuerdo democrático, político, institucional, que busca mejorarla y no la impunidad de un funcionario. No estamos reformando la Corte, estamos reformando la justicia”.

Jorge Difonso (FR-UP) hizo mención por su parte, al trabajo que se realizó en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside, destacando  “el tratamiento metodológico que se le dio a este proyecto, donde se brindó la posibilidad de participación a distintos sectores, a legisladores, a miembros de la Corte, reflexionando, proponiendo la posibilidad de invitar profesionales, instituciones, organizaciones”.

Así, destacó, “decidimos solicitarles un esfuerzo más a los ministros de la Suprema Corte para que pudieran llegar a un consenso y con beneplácito puedo decir que se consiguió, y en la SCJ se trabajó  para alcanzar acuerdos con la firma de todos los ministros. Y que vinieran todos a presentarlo a la comisión es todo un gesto de dialogo y predisposición. Esa es la actitud que debemos encontrar en muchos temas más”.

Gustavo Cairo (PRO), indicó que “el espíritu del proyecto se ha mantenido”, subrayando que en estas semanas de debate y análisis “se respiró República. Esto permitió que  saliera con un debate amplio, esto es muy importante, se pudo lograr que el proyecto quedara enriquecido con la firma de todos los miembros de la Corte”. “Es un proyecto superador y positivo”.

Verónica Valverde (FdT), también destacó el trabajo realizado en la comisión de Legislación, y subrayó que “esperemos que este proyecto acelere los tiempos de la justicia y valoramos la predisposición de la Corte”.

En el mismo sentido se refirió el titular del bloque del Frente de Todos, German Gómez, quien explicó que  básicamente este proyecto “apunta a mejorar el funcionamiento de la Corte”.

“Era necesario tener distintas opiniones”, agregó, y sostuvo que ”esta Ley, es mejor de lo que teníamos y en esto hay que reconocer que el oficialismo propició que se diera esta discusión”.

Diego Costarelli (UCR), destacó que “nosotros desde el 2015 a la fecha hemos impulsado las mayores reformas en materia judicial, estas reformas apuntan a un servicio de justicia más ágil, más transparente”, y sumó que “como legisladores estamos obligados a proporcionar cambios tendientes a mejorar el sistema de justicia”.

En tanto, quienes votaron negativamente, fueron José Luis Ramón (Protectora), quien indicó que “desde nuestro bloque somos reformistas”, pero que el proyecto en cuestión “no es virtuoso” porque el problema, a su entender, “no es el fórum shopping” sino la Sala donde ingresan las causas; Mercedes Llano (PD), quien manifestó que “este proyecto particular no aborda el tema de fondo, no va al hueso de la cuestión que es justamente la causa de todos estos problemas que es la partidización de la Justicia. El mal funcionamiento de la Justicia es una consecuencia de la progresiva partidización de la justicia”, y Emanuel Fugazzotto (PV), quien aseveró que terminar con el fórum shopping “no necesita de una Ley” y que no incluye aspectos como el hecho que “se establezca paridad de género, y se incluya la perspectiva de género y la especialidad en materia ambiental”.

Con información de Prensa de la Cámara de Diputados de Mendoza

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