La ONU pide a la Argentina asegurar “la independencia del Poder Judicial”, luego de las quejas del Gobierno contra la Corte

En medio de los ataques del Gobierno contra la Corte Suprema, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, había intentado justificar hoy ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo el juicio político contra los miembros del máximo tribunal argumentado que Cristina Kirchner era una víctima de la “persecución”. Este mismo lunes, horas después de la presentación de Pietragalla, el Consejo de Derechos Humanos pidió a la Argentina que “asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales”. No fue la respuesta que el kirchnerismo esperaba.

El Consejo también pidió que la Argentina “mejore las condiciones en las prisiones” y “garantice la legalidad en el uso de la fuerza y investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”.

Horas antes, el secretario de Derechos Humanos había defendido a lunes a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a la dirigente Milagro Sala, y cuestionó las condenas judiciales en contra de ambas en una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sostuvo que a la exmandataria se la busca proscribir y que la jefa de la Tupac Amaru está detenida “arbitrariamente” en Jujuy. En paralelo, pidió apoyo internacional para la ofensiva del Gobierno contra la Corte Suprema y para reformar la Justicia.

En el comienzo de su discurso, en el marco del 42º Período de Sesiones del Examen Periódico Universal, Pietragalla puso sobre la mesa los cuestionamientos del Gobierno a la Justicia. Según indicó Pietragalla en su discurso, “el caso emblemático de lawfare en la Argentina es el que tiene por víctima a la actual vicepresidenta” que “ha enfrentado un sinfín de procesos judiciales carentes de toda racionalidad jurídica”.

El secretario de Derechos Humanos indicó que Cristina Kirchner “ha sido condenada en primera instancia por el manejo de obras públicas, sin tener en cuenta que tales obras fueron dispuestas por una ley emanada del Congreso nacional y ejecutadas por funcionarios” y que “se vulneró su derecho a la defensa, al rechazarse la prueba por ella propuesta”.

“Se la sometió a juicio por hechos que ya habían sido juzgados y se la condenó por la responsabilidad objetiva que tenía por su sola condición de presidenta. Es claro que, bajo la excusa de sanción de hechos delictivos, se siguen violando garantías fundamentales del estado de derecho, porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política”, remarcó Pietragalla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra, Suiza.

En paralelo, el secretario de Derechos Humanos reprochó que “se garantiza la impunidad a personas vinculadas al poder económico que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que han condicionado al país y generado pobreza e indigencia”.

La Nación

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