La Corte Suprema le dio la razón a una obra social que le negó cobertura a un chico discapacitado

Es porque la familia del menor no presentó un certificado de discapacidad.

La Corte Suprema de Justicia eximió a una obra social de pagar gastos a un joven discapacitado, al que también debía indemnizar por daño moral. El motivo podría resultar polémico: al chico le faltaba un certificado de discapacidad.

Los padres del chico pedían que la Obra Social de Poder Judicial de la Nación (OSPJN) les reintegrara los gastos de asistencia médica –que tuvieron de enero de 2007 a junio de 2010– y los indemnizara por daño moral.

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas había ordenado que se cumpliera el reclamo porque “correspondía a un período en que el niño había padecido un importante agravamiento de su estado de salud” y porque la obra social “tenía conocimiento de ello por las notas que se le cursaron y las auditorías médicas que daban cuenta de la evolución de las deficiencias y patologías”. Remarcó que “el organismo conocía el estado de salud del menor”.

Pero la OSPJN se negó a realizar el pago porque los padres del chico no tenían el certificado de discapacidad extendido por el Ministerio de Salud de la Nación o por “el organismo competente establecido en las leyes provinciales”. Para justificarse, la obra social se amparó en su estatuto: en el artículo 5° dice que “en ningún caso se otorgará cobertura por discapacidad a afiliados que no tuvieren acreditada dicha condición por la autoridad competente”.

Según lo informado en Diario Judicial, los jueces de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz optaron por hacer lugar al recurso interpuesto por el Estado Nacional ya que entendieron que la cámara “descartó la aplicación del estatuto de la obra social”. Solo Horacio Rosatti votó en disidencia ya que, en su opinión, el recurso extraordinario era inadmisible.

Los jueces de la Corte Suprema consideraron que la Cámara de Posadas “descartó la aplicación del estatuto de la obra social y concluyó en que el certificado no era más que una prueba adicional de la discapacidad que el niño padecía”.

El fallo agrega que “si la exigencia se flexibilizara”, la condición de discapacidad “dependería de la valoración discrecional –acertada o no– de las obras sociales, cuando el legislador en realidad optó por atribuir esa facultad a las autoridades pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación o a otras autoridades provinciales”.

Y concluye: “por lo tanto, la obra social ajustó su conducta a lo preceptuado en las normas vigentes y no es posible imputarle incumplimiento a sus obligaciones”.

Fuente: Clarín