La Corte Suprema defendió a la oficina que hace las escuchas, ordenó nuevos cuidados y echó sospechas sobre la AFI

Por unanimidad, el máximo tribunal recordó la responsabilidad penal por las filtraciones, estableció más controles y le pidió a los jueces que no se apoyen en los espías.

Tras el duro intercambio de comunicados entre la oficina que hace las escuchas judiciales y la Agencia Federal de Inteligencia, luego del escándalo de la filtración de escuchas judiciales correspondientes a la Operación Puf para apartar al fiscal Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos de las coimas, este martes se sumó la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal firmó por unanimidad una acordada en la que defiende a aquella oficina que depende de la justicia, recuerda la responsabilidad penal ante la difusión de las pinchaduraspor parte de los funcionarios públicos y pide a los jueces que sean específicos y limiten el uso de esa herramienta en sus investigaciones.

También, resalta particularmente la privacidad en los diálogos entre los imputados y sus abogados -en referencia a la difusión de supuestas conversaciones de Lázaro Báez con sus defensores- y le pide a los jueces penales que, en lo posible, no acudan a los espías como auxiliares para sus investigaciones. No sólo eso: también quieren que la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso «certifique» que la AFI no haga espionaje ilegal.

La Acordada del máximo tribunal contiene una enumeración de «Principios Rectores» en la gestión de las escuchas telefónicas que deberán ser respetados por todos los órganos judiciales. Entre ellos, los jueces destacan que «la interceptación de comunicaciones es una medida judicial de investigación excepcional» que «será ordenada con criterio restrictivo»; que la orden judicial para pinchar una línea «será fundada y no podrá ser otorgada con base en términos genéricos, ni «podrá estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos».

Aunque todas las leyes y reglamentaciones así lo establecen, la Corte volvió a recordarle a los jueces que «la interceptación y captación son medidas esencialmente provisionales», que se ordenarán por un plazo razonable determinado, pudiendo ser renovado expresando los motivos que justifican su extensión conforme a la naturaleza y circunstancias del hecho investigado».

Además, «al finalizar el procedimiento por sentencia o auto de sobreseimiento, los registros de sonido de las comunicaciones y las transcripciones que se hubieren realizado serán puestos a resguardo del acceso público. No podrá accederse a éste a ningún fin, sino por orden judicial y por razones justificadas».

Dos consideraciones: durante décadas, los espías se valieron de órdenes judiciales difusas para mantener pinchadas centenares de líneas telefónicas durante meses, con aquella dudosa cobertura legal. Por otro lado, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) acaba de admitir en su comunicado que las escuchas que realiza por orden judicial, y bajo estrictas normas de confidencialidad,tienen un backup que se guarda durante diez años. Si algún otro juez solicitara acceder a esas conversaciones, y el magistrado que las ordenó originalmente lo permitiera, ese material quedará a su disposición.

Es lo que acaba de ocurrir con las pinchaduras al teléfono de la cárcel de Ezeiza, realizadas por el juez Federico Villena de Lomas de Zamora pero utilizadas ahora por su colega porteño Claudio Bonadio para investigar la Operación Puf. El circuito es absolutamente legal.

Los cortesanos admiten que el proceso de captación de comunicaciones es un eslabón de una cadena que comprende varias etapas -almacenamiento, traslado, incorporación al proceso y destrucción en los supuestos previstos por la ley- y que «una falla en cualquiera de las etapas afecta la confiabilidad de todo el sistema», por lo que recuerdan «el deber de confidencialidad y secreto», cuya violación implica la «responsabilidad penal acorde».

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Ese secreto es especialmente sensible en las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor, cuya ventilación «constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio».

«El respeto o la violación de la privacidad es uno de los síntomas que permiten diferenciar a los sistemas democráticos de los regímenes autoritarios o totalitarios. Debe concientizarse de ello a todos los intervinientes en el proceso de captación, a quienes legalmente se encuentren autorizados para utilizar los contenidos y a quienes los revelen y divulguen», dicen en la Corte. No hay una mención específica a los periodistas -cuya tarea también está amparada por la Constitución- pero sí una tácita sugerencia para que sean cuidadosos con la difusión de las escuchas a las que logren acceder.

Otra línea central de la Acordada de la Corte apunta directamente hacia la labor de los espías de la AFI. Tal como ya lo había hecho la Dajudeco -que depende del máximo tribunal- echó sobre la Agencia de Inteligencia todas las sospechas respecto a las filtraciones o eventuales escuchas ilegales.

Sin fisuras internas, los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton recuerdan que el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en su declaración del 19 de mayo de 2019, «y con expresa exclusión de la Dajudeco», manifestó «su preocupación por ‘el sistema concebido para permitir el uso del material interceptado’, calificándolo de ‘anticuado y de mal diseño, lo que aumenta los riesgos, especialmente de chantaje y extorsión por parte de las personas que tienen acceso al contenido de las interceptaciones’.

Entre las recomendaciones que los cortesanos formulan para mejorar el sistema, piden que el Consejo de la Magistratura formule un diagnóstico exhaustivo respecto del grado de aplicación de los criterios restrictivos en materia de interceptación de comunicaciones en el marco de las investigaciones penales, que el Congreso sancione el proyecto de ley que busca regular la cadena de custodia de las interceptaciones, y quieren que la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligenciacertifique que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) «no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa y específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales».

No es el único «palo» para los espías. La Corte tambien ​pide que los jueces con competencia penal «apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia»: es decir, que de ser posible eviten convocar a la ex SIDE como fuerza auxiliar para sus investigaciones.

 

Fuente: Clarín