La Corte ratificó el laudo y avanza la obra en Portezuelo del Viento

La Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó ayer al gobernador de La Pampa, Carlos Verna (PJ), que su presentación pidiendo la anulación del laudo del presidente Mauricio Macri sobre Portezuelo del Viento “carece de los recaudos necesarios para justificar la presencia de una causa o una queja”.

Así, el máximo tribunal rechazó un planteo de la vecina provincia, avalando la decisión del mandatario nacional, que permite la construcción de la presa en el Río Grande.

La notificación fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Maqueda, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz; en ella, consideran que no deben intervenir para juzgar o dirimir “por la vía que se intenta”, citando los artículos 117 y 127 de la Constitución Nacional referidos a apelaciones o quejas de una provincia.

En su cuenta de Twitter el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, twitteó: “Correcta decisión de la Corte Suprema respecto al laudo de Mauricio Macri sobre Portezuelo del Viento, favorable a Mendoza”.

Por su parte el Ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, señaló: “el laudo de Macri sigue vigente y seguimos trabajando en impacto ambiental y pliegos para llegar a la fecha de fin de año con el llamado a licitación pública internacional  para la construcción”. En el mismo sentido añadió: “este fallo es un paso más para que Portezuelo sea una realidad para Mendoza y para todo el país”.

No se dan por vencidos

Desde el gobierno pampeano hicieron notar que siguen marchando un segundo recurso ante la Presidencia de la Nación, con vistas a llegar -nuevamente- ante la Corte Suprema, en un segundo paso.

A través de un comunicado oficial, el gobernador Carlos Verna señaló: “La Pampa ha interpuesto de manera concomitante el recurso extraordinario, ante el órgano emisor del laudo, el que a la fecha se encuentra en trámite, pendiente de resolución”.

La misiva concluye expresando: “ante esta situación, se instará la pronta admisión del recurso extraordinario y su elevación a la Corte Suprema de Justicia, para su consideración y tratamiento”.

La presentación fue hecha en febrero por el fiscal de Estado y el procurador general pampeanos José Vanini y Hernán Pérez.

Desde la vecina provincia aspiran a que la Corte ordene anule el laudo presidencial que, consideran, “viciado por la parcialidad con la que actuó el presidente de la Nación a la hora de dictarlo y durante todo el proceso arbitral, lo que favoreció, incluso de manera pública, los intereses de la provincia de Mendoza”.

En enero el laudo de Macri rechazó “la recusación interpuesta por La Pampa” contra la Presidencia y determinó que “se de curso a las gestiones orientadas a la ejecución del proyecto Portezuelo del Viento en las condiciones pactadas en el consejo de gobierno del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) que integran las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, además de Mendoza y La Pampa”.

También dispuso que “en forma previa a la adjudicación de la obra, se lleve a cabo el estudio de impacto ambiental sobre todas la cuenca del río Colorado” y que “Mendoza de participación a las restantes provincias, a través del consejo de gobierno del Coirco” (integrado por los cinco gobernadores)”.

El laudo también aprueba “las normas transitorias del primer llenado de la presa”, acordadas en marzo del año pasado en el Coirco.

Los representantes de La Pampa en el Coirco han afirmado que lo que más les preocupa en el debate por la represa Portezuelo del Viento es la “connivencia y el silencio de los representantes de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires ante la postura de Mendoza de avanzar con una obra que afectará sin dudas la calidad y cantidad del caudal del río Colorado”.

Rechazan que el estudio de impacto ambiental sea llevado a cabo por la Universidad Nacional de Cuyo y proponen que el trabajo lo hagan las universidades del Litoral y de La Plata “para tenerlo listo en agosto”.

Por su parte, en Mendoza, el gobierno de Cornejo trabaja con la idea de una doble convocatoria a audiencias públicas y declaraciones de impacto ambiental (DIA). Una de ellas será en Mendoza bajo la ley ambiental provincial y la otra en el Congreso, siguiendo la normativa nacional.