Juicio por la obra pública: los fiscales afirmaron que Lázaro Báez ganaba “licitaciones simuladas”, y que Cristina Kirchner “buscó su impunidad”

Una estructura de «privilegios e irregularidades” posibilitó que las empresas del Grupo Austral sean las adjudicataria de 51 licitaciones viales durante los gobiernos kirchneristas. En la segunda jornada de alegatos en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública contra Cristina Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola analizaron los contratos que “se direccionaron a favor del grupo económico” de Báez bajo un sistema de “licitaciones simuladas”. Durante la audiencia, ambos reiteraron la responsabilidad de la vicepresidenta en la estructura de “corrupción sistemática” y la acusaron de “buscar su impunidad”.

La imputación formal de esta causa refiere a una supuesta “operatoria criminal por medio de la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional» y aquellos organismos estatales vinculados a la obra pública «se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz«, lo que representó la contratación del Estado «en favor de Lázaro Báez» por más de 46.000 millones de pesos, según el monto actualizado a 2016″.

El lunes inició el alegato del Ministerio Público Fiscal que sostuvo todas las acusaciones, con un concepto vertebral: “Néstor y Cristina Kirchner instalaron una matriz extraordinaria de corrupción”.

En el último tramo de esa jornada, el fiscal Mola desarrolló un capítulo importante de la acusación, referido al agresivo e irregular proceso de compra -o toma de control- de cuatro las empresas de construcción patagónicas: Gotti Hermanos, Kank & Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Adelmo Biancalani. Esas firmas, dijo Mola, le permitieron obtener rápidamente algo de maquinaria y de expertise profesional que la flamante Austral no tenía, y fueron clave para el segundo paso de la maniobra delictiva descripta el martes: la simulación de licitaciones entre empresas controladas por Lázaro Báez.

En la segunda de las nueve audiencias planificadas para que la fiscalía concluya con su pedido de condena, la vicepresidenta estuvo ausente. La jornada comenzó a analizar en profundidad las 51 licitaciones que le fueron adjudicadas al Grupo Austral, bajo la premisa de que todo respondió a “contratos ficticios”, a “licitaciones simuladas” y una vez más, a “una esquema de corrupción que funcionó sistemáticamente durante doce años”.

Al comenzar a argumentar el funcionamiento de dicha estructura, el fiscal Luciani dijo que en 47 de las 51 obras ganadas por el Grupo Austral “no se aplicó un análisis real de las ofertas, fue un sistema burdo”: todo estaba dispuesto para que Báez gane siempre.

No sólo “se simularon los concursos violando la igualdad de oportunidades -porque competían tres empresas de Báez- sino que además se hacía en plazos incomprensibles por su celeridad. Había una orden de que esto sea así”, añadió.

Ilustró este tramo de su alegato con una serie de licitaciones, obras de pavimento sobre la Ruta 288, 281 y 40, en las que se presentaron a «competir» tres empresas de Báez: Gotti Hermanos, Austral Construcciones y Kank & Costilla. “Estas licitaciones debían ser desestimadas, compitieron tres empresas del mismo Grupo y cuando ganaba Gotti le cedía la obra a Austral inmediatamente, todo fue simulado”, dijo Luciani.

Para el Ministerio Público Fiscal no había competencia real en las licitaciones, “porque alguien debería haber anulado un proceso donde sólo compite el mismo grupo económico”, reiteró en varios tramos Luciani. Sumó un agravante a estos ejemplos: “todas las obras en las que se reiteró este mecanismo, tuvieron un constante retraso en sus plazos generando una erogación enorme del Estado”.

Para que funcione este “sistema de simulación de licitaciones” fue necesario que “cada uno de los imputados cumpla su rol”. A los ex presidentes se los apunta como los responsables de «diseñar la maniobra» y para “favorecer al Grupo Austral” hasta convertir a Báez en el «empresario de obra pública vial más beneficiado» por las «gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner».

Entre las irregularidades expuestas a lo largo de la segunda jornada de alegatos, se hizo referencia a un esquema de «connivencia y tráfico de información con Báez». Esas acciones “respondieron a una decisión de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo», reiteraron los fiscales. «No se beneficiaba a Lázaro por él sino porque quiénes ordenaron que así sea”.

Bajo esta misma línea argumentativa, Luciani y Mola plantearon en varias que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”.

La falta de un adecuado control sobre las ofertas que realizaba el Grupo Austral, se produjo “para cumplir con el direccionamiento hacia el grupo económico bajo una directiva de las más altas autoridades del país”, amplió el fiscal y volvió sobre el eje de su planteo: “todas las licitaciones fueron aparentes, encubrieron lo que fue una adjudicación ilegal”. Ante cada licitación analizada, la fiscalía “se encontró el mismo comportamiento”.

Las 51 licitaciones adjudicadas al Grupo Austral representaron el 78% de la obra pública vial realizada en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La fiscalía indicó que en la provincia “hubo un quiebre total de la imparcialidad», y que “la discrecionalidad en la obra pública fue producto de un sistema que se instauró para ese fin”.

Vinculando estos datos con la acusación del juicio, el fiscal Luciani dijo que las licitaciones a favor de Lázaro Báez intentaron “darle aspecto de legalidad a un direccionamiento de las obras a favor de la persona elegida por los jefes de la asociación ilícita”.

Luciani citó también dos obras en las que se llamó a licitación “sin presupuesto, pero una vez que Lázaro Báez resultó ser el adjudicatario se otorgaron los fondos”, señaló. Esto “demuestra la clara connivencia” entre los funcionarios y el contratista.

“Hubo convenios que se firmaron con posterioridad a que se sepa que el ganador era el Grupo Austral”, sumó el fiscal. «Esto demuestra que no había planificación sobre las obras” ya que “se pagaban anticipos millonarios violando toda normativa” pero “no se exigía el cumplimiento de los plazos estipulados en los pliegos licitatorios”.

Clarín
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